Un ex oficial del área de Personal, otro de Logística y uno más de Finanzas del Grupo de Artillería de Ciudadela número 1 durante la última dictadura fueron procesados con prisión preventiva por al menos tres homicidios y 26 casos de secuestros y torturas, sucedidos en el centro clandestino de detención Sheraton. Junto a los otros cuatro integrantes de la misma unidad militar y los dos ex subcomisarios que están siendo juzgados por los hechos que tuvieron lugar en el chupadero que funcionó en el oeste del conurbano bonaerense, los tres nuevos procesados completan la estructura represiva que actuó en ese sitio y permiten observar “la entera dimensión del terrorismo de Estado”: no sólo a quienes secuestraron, torturaron y mataron, no sólo a quienes dieron órdenes, sino también “a quienes proveyeron los recursos” para que todo eso sucediera, analizó Luz Palmás Zaldúa, abogada del CELS.

Ricardo Pascual, Alejandro Salice y Roberto Sifón fueron procesados con prisión preventiva por orden de Daniel Rafecas, a cargo del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal 3, en el marco de la megacausa que investiga violaciones a los derechos humanos cometidos en el área de acción del Primer Cuerpo del Ejército durante la dictadura. Los consideró partícipes necesarios de secuestros, torturas y homicidios cometidos en el Sheraton, centro clandestino de detención que funcionó entre octubre de 1976 y octubre de 1978 en la subcomisaría de Villa Insuperable, partido de La Matanza, y ordenó su captura bajo prisión preventiva.

Ricardo Pascual fue oficial de Personal del Grupo de Artillería 1 de Ciudadela, el estamento del Ejército bajo cuya ala funcionó el Sheraton, e integrante de la plana mayor de esa unidad entre febrero de 1978 y enero de 1979. Sus tareas entonces implicaron la “evaluación, selección y designación de las personas que habrían de hacer frente a la realización de operativos ilegales, como al aseguramiento de los detenidos en el centro de detención, su custodia, tortura e interrogatorio, y el destino final de los mismos”, planteó el juez.

Entre 1975 y 1979, Salice fue oficial de Logística y miembro de la plana mayor de la unidad militar a cargo del Sheraton. “Era quien disponía y aportaba los medios materiales para las distintas operaciones de seguridad y aniquilamiento establecidas en los reglamentos militares”, tradujeron desde el CELS la decisión del juez. Sifón, por su parte, fue jefe del Servicio de Finanzas y de Administración del Grupo de Artillería 1 entre febrero de 1976 y octubre de 1978 y, como tal, proveyó “los recursos económicos para el abastecimiento en términos de finanzas, de armas, transporte, combustible, y todo lo relativo a la logística” de la unidad, asegurando “las detenciones ilegales, el sometimiento a torturas de las víctimas, por parte del personal del Ejército, como así también para el alojamiento de detenidos ilegales a disposición de dicha unidad”.

La investigación judicial comprobó “la íntima relación” entre las diferentes áreas del Grupo de Artillería 1 y ubicó a sus responsables “como partes elementales de un todo”, remarcaron desde el CELS. De acuerdo con la decisión de Rafecas, “todos los imputados formaron parte de una estructura intrínsecamente ilegal y realizaron actos prohibidos por la ley, conforme a los objetivos planeados por la empresa criminal”.

En ese sentido, los procesamientos “completan un poco la estructura represiva” que actuó en el Sheraton, planteó Palmás Zaldúa: “En juicio están acusados los subcomisarios que estaban en el centro clandestino, los efectivos de inteligencia y del Ejército que participaron de operativos y los que daban las órdenes. Y ahora se sumó la gente a cargo de proveer recursos para que toda esa maquinaria sea puesta en marcha, procesados como partícipes necesarios de los crímenes. Esto demuestra la entera dimensión del terrorismo de Estado, que no refiere solo a quienes secuestran, torturan y matan o quienes dan órdenes, sino también a quienes proveyeron los recursos para que todo aquello suceda”, analizó.  

Justicia tardía

Los crímenes de lesa humanidad cometidos en el Sheraton –el centro clandestino al que los genocidas bautizaron de ese modo porque entre sus cautivos hubo artistas e intelectuales– llegaron hace menos de un año a la instancia de juicio oral y siguen investigándose. “Lo interesante de este nuevo procesamiento es que pone de relieve que a más de cuatro décadas de los delitos de la última dictadura y a más de una década de la reapertura del proceso de justicia que los revisa aún quedan muchos capítulos por escribir”, remarcó Palmás Zaldúa, que en nombre del CELS representa a la querella que la cineasta Albertina Carri sostiene por el secuestro y las torturas que sufrieron sus padres, Roberto Carri y Ana María Caruso en ese lugar. 

Esos casos, justamente, fueron los primeros en ser denunciados ante la Justicia en relación con el Sheraton o “Embudo”, otro de los apodos del chupadero de La Matanza. Llegaron a la Justicia en 1984. Sin embargo, recién en noviembre pasado, y junto a otros 16 casos, están siendo ventilados en el juicio que desarrolla el Tribunal Oral Federal 1, que tiene como acusados a Rodolfo Godoy, quien fue segundo jefe y jefe de la Plana Mayor del Grupo de Artillería 1 del Ejército; Manuel Cunha Ferré y Roberto Godoy, quienes fueron oficial de Inteligencia y oficial de Operaciones de esa unidad; el oficial del Ejército José María Mainetti y los subcomisarios a cargo de la subcomisaría de Villa Insuperable Juan Alberto Battafarano y Leopoldo Baume. 

“Llaman la atención todos los hechos relacionados con el terrorismo de Estado que quedan por juzgarse, todo lo que falta saber y reconstruir”, relfexionó Palmás Zaldúa. En instancia de instrucción, no obstante, la investigación sigue y así como el procesamiento de Pascual, Salice y Sifón demuestra que se pueden seguir encontrando responsables, también amplió la lista de víctimas. Los tres fueron considerados partícipes necesarios de, al menos, 26 casos de secuestros y aplicación de tormentos y al menos tres homicidios. 

La abogada de la familia Carri destacó: “A más de una década de la reapertura del proceso de justicia sobre los hechos de la dictadura, hay investigaciones que recién están llegando a la etapa del debate oral y público. Estamos hablando no solo de hechos a analizar sino de víctimas y familiares de víctimas que décadas y décadas después de batallar recién  ahora empiezan a obtener un poco de justicia”.