La vuelta al Fondo Monetario Internacional ya es un hecho. El organismo multilateral que dirige la francesa Christine Lagarde anunció ayer la aprobación del acuerdo stand-by por tres años por 50.000 millones de dólares contra un paquete de ajuste fiscal recesivo para achicar el déficit público. El primer desembolso será mañana por 15.000 millones de dólares que irán de manera directa e indirecta a apaciguar la crisis cambiaria que se intensificó en los últimos dos meses. La mitad del primer desembolso tendrá como destino recomponer reservas y el resto irá a las arcas del Tesoro, que pasará las divisas a pesos en el mercado abierto para evitar una mayor suba del tipo de cambio. Tal como se había negociado hace un mes, con otro elenco de funcionarios pero bajo el mismo escenario de crisis, se promete “un ajuste fiscal que asegura que el Gobierno federal alcanzará un equilibrio primario para 2020, con un ajuste significativo inicial para lograr un déficit primario de 1,3 por ciento del PIB en 2019”, señala el documento del Fondo que no escatima en reiteraciones con la palabra “ajuste”. El paquetazo del Fondo también se focaliza en reducir la inflación. “Sabemos que en general (la inflación) afecta a sectores más vulnerables de la sociedad”, apuntó la directora del organismo al informar el acuerdo. 

El Gobierno había anunciando a fines de mayo, en medio de una fuerte corrida en el mercado de cambios, que cedía toda autonomía en materia de política económica al Fondo. El desconcierto del equipo económico ante lo que denominaron luego como una “turbulencia financiera” llevó al Gobierno a pedirle al Fondo asistencia crediticia para sostener las deterioradas reservas y, especialmente, un sello de calidad a su gestión. “El Gobierno solicitó el respaldo del FMI para llevar a la práctica sus propios planes de política”, recordó ayer Lagarde.

Como hizo en sus sesenta años de historia y lo hace actualmente con los países que le piden auxilio, definió un paquete de ajuste todavía más duro que el actual, el cual firmaron satisfechos el entonces ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger. De hecho, los documentos que se aprobaron mantenían las firmas de estos funcionarios. Dujovne pasó a ser ministro coordinador y Sturzenegger fue reemplazado por el ministro de Finanzas, Luis Caputo. Según confirmó Lagarde, mantuvo junto a parte del staff del Fondo “conversaciones con el nuevo presidente Luis Caputo” para que “avale las políticas del programa”.

“Cuando suceden ese tipo de situaciones, lo que necesitamos hacer en el FMI es garantizar que lo que fue negociado antes cuente con el apoyo pleno del nuevo jefe o líder que esté a cargo de las políticas”, apuntó la titular del Fondo, quien consideró que “el programa acordado con la Argentina tiene todas las posibilidades de ser exitoso”. Pese a que se presente como un acuerdo favorable para la Argentina, se trata de una línea de contingencia sujeta a un paquete de ajuste y modificaciones en la regulación que atentan contra el crecimiento genuino de la economía. “Nos basamos en las políticas y recomendaciones que se negociaron. La aprobación es una clara evidencia de la confianza de la comunidad internacional en la reforma argentina y un apoyo al plan económico respaldado por el Fondo”, insistió Lagarde.

El acuerdo habilita una línea de crédito equivalente a 35.379 millones de Derechos Especiales de Giro (moneda de reserva del Fondo) que equivalen a 50.000 millones de dólares, y representa “alrededor de 1110 por ciento de la cuota de Argentina” en el FMI. Las tasas de interés fueron fijadas entre 1,96 y 4,96 por ciento anual. La aprobación contempla la liberación automática de un primer tramo de 15.000 millones  de dólares de esos fondos. El desembolso se realizará entre hoy y mañana mediante transferencias de los miembros acreedores -socios del organismo-desde sus respectivas cuentas del FMI a cuentas de liquidación designadas por el Banco Central en dos días hábiles. “La decisión del Directorio permite a las autoridades realizar una compra inmediata de 15.000 millones de dólares. La mitad de ese monto se destinará al respaldo presupuestario. El monto restante del respaldo financiero del FMI (35.000 millones de dólares) estará disponible a lo largo de la duración del acuerdo, supeditado a exámenes trimestrales a cargo del Directorio Ejecutivo”, de acuerdo con lo informado por el FMI.

Como contrapartida, el organismo fuerza al país a acelerar al ajuste con el supuesto objetivo de “reestablecer la confianza del mercado y afianzar el plan de reducción de la inflación mediante metas de inflación más realistas y el fortalecimiento de la independencia del Banco Central”. El acuerdo tiene implícito un segundo semestre de fuerte contracción de la actividad económica y crecimiento del desempleo (ver recuadro). El Gobierno se comprometió a alcanzar el equilibrio fiscal para 2020, con una déficit fiscal equivalente al 2,7 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI) este año, y de 1,3 por ciento el próximo. Las metas de inflación fueron recalculadas en 27 por ciento este año, 17 por ciento el próximo y 13 en 2020. Luego sería de un 9 por ciento al cierre de cada uno de los siguientes tres años. El resultado es un pronóstico de crecimiento del PBI de 0,4 por ciento para este año, lo que implica un desplome de la actividad en el segundo semestre, para luego alcanzar un 1,4 por ciento en 2018 y un 2 por ciento al año siguiente. El acuerdo además obliga a una serie de reformas en materia previsional y laboral y reducir la exposición del Central ante el Tesoro.