Entre las múltiples empresas en las que tiene participación accionaria, el flamante ministro de Finanzas, Luis Caputo, es socio y principal acreedor de la firma Sacha Rupaska, dedicada a la compra de terrenos en Santiago del Estero y denunciada por intentos de desalojo violento a casi un centenar de familias que vivían en esos predios adquiridos. De acuerdo con la declaración jurada que presentó ante la Oficina Anticorrupción, el ex secretario de Finanzas tiene participación en 16 sociedades, entre las que se encuentra Sacha Rupaska SA, que el 12 de octubre de 2007, adquirió entre otros, el lote conocido como Piruaj Bajo, y reconfiguró desde entonces el destino de las 80 familias de campesinos que habitan esa zona desde hace más de un siglo. Cuando se llevó a cabo la compra de 17.800 hectáreas, les prometieron de palabra ceder cerca de 7 mil hectáreas a las 800 personas que habitaban allí, pero no cumplieron y buscan desde entonces desalojarlas.

El noroeste santiagueño continúa en peligro de desmonte y de desalojo de comunidades campesinas. Son grandes emprendimientos agrícolas los que en las últimas décadas vienen avanzando a modo de pinzas, tanto desde el límite con Salta como desde el sureste de Santiago. La adquisición de campos para la producción de soja fue desplazando las tierras para el cultivo de algodón, y con ellas las viviendas de los trabajadores que se desempeñan allí.

En 2007 los empresarios Iván Gándara y Luis María Méndez Ezcurra compraron tres lotes por un total de 17.800 hectáreas en el noroeste de Santiago del Estero bajo la firma Sacha Rupaska. Uno de los lotes, el Piruaj Bajo, fue subdividido y la parte que coincide con la zona en la que se asientan aproximadamente 80 familias, fue vendida al empresario tucumano Cesar Pablo Esteban Bellati, según denunció el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase). De acuerdo con el escrito oportunamente presentado, la división de los terrenos fue parte de una estrategia de los empresarios para que el reclamo de la comunidad se focalice solo sobre estas 3000 hectáreas y no sobre el total, del que las familias vienen haciendo uso por generaciones, ni de las 6000 ó 7000 hectáreas que les habían prometido de palabra.

Según la declaración jurada que presentó el flamante ministro de Finanzas un mes después de los nuevos reclamos de las familias, su posesión accionaria es de 7200 pesos, aunque en el listado de “créditos en el país” Caputo aparece como acreedor de Sacha Rupaska S.A. por 3.800.150,54 pesos. El dato confirma que la participación accionaria del funcionario en esa empresa fue variando y era mucho mayor cuando se concretó la compra de terrenos que los campesinos denunciaron ante la Justicia y que ahora buscan anular. Su participación accionaria en la compañía data desde el momento en que Méndez Ezcurra y Gándara le compraron las 17.800 hectáreas a María Rosa Salomón, consorte del entonces ministro de Justicia santiagueño Ricardo Daives, integrante del gabinete del entonces gobernador Gerardo Zamora.

Al año siguiente de la operación (2008), las familias denunciaron la maniobra como un intento de usurpación. En respuesta, el empresario Bellati inició un juicio contra la población de Piruaj Bajo en el juzgado federal acusándolos por entorpecer la posesión de la propiedad vendida. Durante ese periodo en el cual se mantuvo abierta una negociación, los empresarios incumplieron el acuerdo de interrumpir el trabajo con las topadoras hasta tener una resolución. Tras una pueblada en 2010 se logró frenar los trabajos.

Dos años después, cuando el clima social ya se había calmado los empresarios de Sacha Rupaska regresaron, contrataron a algunas personas del lugar, construyeron viviendas con alambrado, pozo surgente e instalaciones para el trabajo con ganado, dificultando así el juicio que pudieran realizar las comunidades de Vilmer, Huiñaj Pozo y Piruaj en esos territorios. En agosto de 2015 se comenzaron a organizar nuevamente y entre las diversas actividades que realizaron los curas jesuitas en conjunto con las comunidades, se pueden enumerar reuniones con los pobladores más afectados, talleres con el Comité de Emergencia de Tierras de la provincia y encuentros con el fiscal general Gustavo Gómez. Hasta el momento hubo sólo dos reuniones. El primer encuentro se realizó el 28 y 29 de noviembre de 2015 y el segundo taller fue el fin de semana del 9 y 10 de abril último, donde se analizaron las diferentes estrategias para continuar avanzando con el reclamo a nivel judicial.