El Concejo aprobó ayer un pedido de reunión conjunta con el ministro de Seguridad provincial, Maximiliano Pullaro, para informar sobre las políticas y medidas para la prevención y el control de hechos de violencia institucional en la ciudad. La iniciativa, encabezada por la concejala Norma López (FpV), solicita que el ministro informe por las medidas tomadas sobre los hechos ocurridos y que se encuentran en proceso tanto en el ámbito de la Justicia Provincial como Federal. "Algunos de los casos investigados terminaron con la muerte de los ciudadanos, lo que marca la gravedad de dichas situaciones", planteó la edila, para quien "no se observan medidas claras por parte del Ministerio de Seguridad provincial tendientes a solucionar este tipo de hechos ilegítimos".

Cuando se cumplió un año de la muerte de la bibliotecaria María de los Angeles Paris dentro de la comisaría 10ª, el pasado 3 de mayo, la concejala pidió el cierre definitivo de la dependencia policial y convocar al ministro Pullaro para dar explicaciones ante los hechos de violencia institucional. Desde la cartera de Seguridad reiteraron que el Concejo no tiene competencia para convocar a un ministro, pero aclararon que podían llamarlo y coordinar una reunión, como ocurrió en otras oportunidades.

"Esta semana hubo sucesos importantes. El martes quedaron al borde del juicio oral y público los 18 imputados en el caso de Franco Casco. El sábado se cumple un año de las muertes de David Campos y Emanuel Medina, en una persecución policial, hay problemas con los imputados en el caso. Hoy (por ayer) fueron a declarar por las denuncias de apremios en las Cuatro Plazas, se vienen sumando sucesos", dijo la concejala López.

El concejal Gabriel Chumpitaz (PRO) señaló que la comisión de Seguridad, que preside, había acordado reuniones cada 45 días con el ministro Pullaro, para incorporar estos temas al próximo encuentro que, según acordaron ayer, será con la participación de todos los ediles.

El pedido, que acompañaron los concejales Roberto Sukerman (FpV), Fernanda Gigliani (IP), Eduardo Toniolli (PJ), Marina Magnani y Andrés Giménez (Unidad Ciudadana), avanzó en las comisiones de Seguridad y Gobierno. Ayer, en una inédita sesión mañanera que concluyó cerca del mediodía, fue aprobada la convocatoria por el cuerpo.

Para la autora del proyecto, "resulta fundamental conocer las líneas de acción y de participación de los distintos actores intervinientes, máxime teniendo en cuenta el último informe del Comité contra la Tortura de ONU donde se publicaron las conclusiones finales y recomendaciones sobre el quinto y sexto informe del Estado Argentino, donde figura la preocupación por la persistencia de la tortura en los lugares de encierro, las detenciones ilegales en las comisarías, entre otras".

La iniciativa resalta que "las preocupaciones por la persistencia de la tortura y los malos tratos en los lugares de encierro y otros ámbitos que dependen de las fuerzas de seguridad, el elevado número de muertes en lugares de detención y la falta de información sobre los resultados de las investigaciones de esas muertes, ocupan un lugar central dentro del diagnóstico u las recomendaciones elaboradas por el organismo". 

Por otra parte, el texto original del pedido de convocatoria a Pullaro señala que "en la mayoría de los casos derivaron en detenciones policiales por su participación en los hechos no sólo en la acción del abuso sino también en el ocultamiento y encubrimiento de dichos abusos", y que quedó demostrada la "ilegalidad del proceder policial y la violación de todos los procedimientos y garantías que se exigen para estos casos". Por todo eso, López y el resto de los ediles pidieron la reunión con Pullaro más allá de los plazos estipulados para encuentros periódicos, como una forma de darle magnitud a estos reclamos internacionales y de la sociedad.

El proyecto refiere que en varias oportunidades el ministro Pullaro fue convocado, y que "ante la reiteración y la gravedad de los casos", se conformó el año pasado la Multisectorial contra la Violencia Institucional. Desde allí vienen denunciando y acompañando a los familiares y víctimas de dichos delitos, planteando "la permanente preocupación por la falta de políticas efectivas tendientes a dar respuesta y solución a hechos de tamaña gravedad institucional".