La idea del gobierno porteño de inundar de parquímetros la ciudad volvió a recibir un revés judicial y en las comunas los vecinos celebraron la decisión, que el gobierno se prepara para apelar. El fallo declaró inconstitucional varios artículos de la ley que aprobó la Legislatura que autoriza la privatización del sistema de estacionamiento regulado, por haber violado los mecanismos institucionales para su aprobación. Además, como los plazos para la reconcesión están vencidos, el Estado deberá hacerse cargo del servicio. El coordinador de Proto Comuna Caballito, Gustavo Desplats, quien presentó el amparo, sostuvo que “es un fallo de fondo, contundente, y es también un muy buen antecedente para dos normas que están judicializadas: la privatización del subte y la incineración de basura. Y para el amparo por la falta de un Código Ambiental, que permite aprobar leyes ambientales como cualquier otra norma evitando la doble lectura y las audiencias públicas obligatorias”, mismos procedimientos que se violaron, de acuerdo al juez, al sancionar el estacionamiento medido.
El fallo del juez Francisco Ferrer establece que la ley 5.728, que autorizó la concesión del Estacionamiento Regulado por 10 años –aprobada el 1º de diciembre de 2016– violó el procedimiento de doble lectura e impidió a los habitantes de la ciudad ejercer su derecho a la participación y a la democracia participativa a través de la audiencia pública que debió convocarse. La sentencia también sostiene que al soslayar los mecanismos legales, establecidos por la Constitución local, se vulneró el derecho a la libertad de expresión de los ciudadanos, al negarse la participación de los habitantes en el debate público.
Además, el juez avaló el reclamo de los amparistas, y determinó que la norma debió haberse aprobado con la mayoría de dos tercios del total de los miembros de la Legislatura, es decir, 40 votos, siete votos más que los 33 que lograron reunir el PRO y la Coalición Cívica, quienes argumentaron que sólo requerían de mayoría absoluta y simple lectura.
Desplats detalló que “de las 24.000 cuadras de la ciudad, 10.000 iban a quedar dentro del estacionamiento medido. Esto representa el 40 por ciento de las cuadras, pero como hay muchos zonas donde no se puede estacionar, esa cifra llega al 54 por ciento de los espacios para estacionar en la ciudad, y abarcaba a 14 de las 15 comunas”.
“La mayoría de la gente no sabe que iba a tener que pagar por estacionar en la puerta de su casa. El gobierno sostiene que el vecino no paga, y eso es una falacia. El vecino paga siempre. Dividen en áreas la ciudad y establece que en el área intensiva el vecino paga el 100 por ciento, en otra área paga el 50 por ciento, y en una tercera, a través de un trámite que tiene que hacer todos los años, los vecinos van a poder estacionar a 200 metros a la redonda de su casa, y si no consiguen lugar tienen que pagar”, explicó.
Según detalló el comunero, “el trámite incluye tener el DNI con la dirección de la vivienda, y los mismos requisitos que exigen para sacar el registro y para vender un automóvil. Si tenés la patente vencida, si tenés una infracción o no está actualizada la dirección en tu DNI, no calificas”, explicó, y remarcó que es “una norma que tiene fines recaudatorios” para beneficiar a las empresas de acarreo que se reparten la ciudad (Dakota S.A. y SEC BRD) cuyos contratos están vencido desde el año 2001.
Desplats agregó que “los vecinos tienen que poder discutir de qué manera se cobra: si a través de empresas concentradas o de cooperativas; o si en vez de parquímetros, le damos trabajo a miles de personas como las que actualmente tiene la tarjeta azul”.
