Los más de 2.300 niños, que fueron apartados de sus padres al cruzar ilegalmente la frontera entre México y Estados Unidos viven ahora una situación de incertidumbre. Aunque la separación de las familias fue frenada con un decreto del presidente estadounidense, Donald Trump, todavía no se sabe la forma como reunificarán a las familias y cuánto tiempo tomará hacerlo.

La directora de la Comisión de Derechos Migratorios y Justicia para Mujeres Refugiadas, Michelle Brané, aseguró que la incertidumbre sobre el futuro sigue latente para los miles de pequeños y sus padres, provenientes en su mayoría del llamado violento Triángulo del Norte centroamericano (El Salvador, Honduras y Guatemala). “La orden ejecutiva que el presidente Trump firmó no es una solución. Primero, hay más de 2.000 ya separados de sus padres; y segundo, la medida encarcela a las familias completas”, señaló Brané en un comunicado.

“Las dudas sobre el nuevo encierro, porque esos niños van a seguir encerrados, son infinitas”, afirmó Virginia Gutiérrez, una mexicana que llegó hace más de dos décadas a Estados Unidos como turista y se quedó. “No le creo nada a Trump”, insiste la mujer a las afueras del Homestead Branch, uno de los albergues adonde cientos de menores han llegado desde el 19 de abril. “Este decreto no es más que otra estrategia de este señor (Trump)”, insistió Gutiérrez. “Hasta no ver, no creer”, dijo, por su parte, Martin Levine, un abogado y activista de 62 años que desde hace días aguarda en la entrada del albergue temporal de menores inmigrantes del sur de Florida.

El Homestead Branch está ubicado a unos 50 kilómetros al sur de Miami junto a una base de la Fuerza Aérea y reabrió sus puertas hace pocos meses tras su cierre en el Gobierno del presidente Barack Obama. Medios locales han calculado que el costo de su funcionamiento ronda los 300 millones de dólares anuales.

El Departamento de Sanidad y Servicios Humanos (HHS por sus siglas en inglés) recibió bajo la llamada política de cero tolerancia (a la inmigración ilegal) de Trump a los pequeños en albergues que se extienden por estados como Texas, Florida, Virginia, Nueva York y Carolina del Sur, adonde llegan en vuelos comerciales de aerolíneas como American Airlines y Unites, que son pagados por el Estado. Las imágenes de niños en jaulas llorando y preguntando por sus padres en un centro temporal de Texas fueron determinantes en la polémica. Por esa razón, legisladores y ciudadanos de Florida decidieron presionar durante varios días a las afueras del Homestead Branch para saber las condiciones de los pequeños allí.

El albergue del sur de Florida, en donde hay cerca de 1.000 niños que fueron separados en la frontera o que cruzaron solos, está rodeado por una lona de color negro que impide ver su interior y tiene en su fachada muros de color arena. La seguridad en el lugar es extrema y el acceso de particulares, ni siquiera de voluntarios, está permitido.

El HHS reveló fotografías y un video sin audio de su interior. En las imágenes se ven a los menores -que aparentan todos más de 12 años de edad-cubriendo sus rostros, comiendo, pintando, haciendo operaciones matemáticas, viendo televisión y jugando. Los avisos a lo largo de los pasillos son en español y la supervisión es similar a la que reina en cualquier centro carcelario. Las caminatas en fila, el silencio, las habitaciones compartidas entre seis o más y la división de género son algunas de las reglas que se deben cumplir al interior. “Estos niños tienen miedo, están solos, se sienten desamparados. Ellos no entienden las leyes de este país. Esto es inhumano y perverso”, opinó por su parte Nora Sandigo, directora de una fundación que lleva su nombre y que ha tenido contacto con al menos 70 pequeños del albergue de Homestead.

Hasta abril, la mayoría de los inmigrantes detenidos tras cruzar ilegalmente la frontera eran imputados por cargos civiles y dejados en libertad controlada mientras se resolvía su situación migratoria. En aquel mes, el fiscal general ultraconservador, Jeff Sessions, dio orden de que todos fueran procesados penalmente, medida que la administración Trump bautizó como de “tolerancia cero” con la inmigración ilegal.

El procesamiento penal implica el envío a la cárcel del procesado y la ley prohíbe tener a niños en prisión. Esta ley, llamada “Acuerdo Flores”, es un fallo judicial de 1997 que fijó que un niño no puede estar en un centro de detención más de 20 días. Con ello es con lo que la administración Trump justificaba la separación de las familias. Por eso es que los críticos afirman que el decreto firmado el miércoles no era necesario si se trataba de evitar separaciones. Hubiera bastado con dejar de perseguir penalmente a los indocumentados. Lo que hace el decreto es permitir que los niños permanezcan con los padres bajo privación de libertad. Para ello se crearán centros de detención para ese propósito. La orden pide al Pentágono, por ejemplo, que ponga instalaciones a disposición de la administración, construyéndolas también si es necesario. La sede del Departamento de Defensa ya anunció que inició los preparativos para acoger en bases militares hasta 20.000 niños inmigrantes que lleguen solos al país. Ahora, un tribunal debería derogar el Acuerdo Flores y aprobar que los niños puedan estar más de los 20 días que fija la ley privados de libertad, lo que abriría la puerta a que lo estén indefinidamente.