La comunidad educativa de la Escuela 8 de La Boca “Carlos Della Penna”, se vio convulsionada en las últimas horas ante la noticia de que el gobierno porteño quiere encarar la obra de desmantelamiento de una vieja caldera que contiene amianto. La obra, prevista para hacerse en quince días, pretenden hacerla en pleno ciclo lectivo. Anoche salió una cautelar impulsada por la Asesoría Tutelar.
“La cooperadora nos avisó ayer a los padres”, contó a este diario Martina Noailles, madre de dos nenas que concurren a la primaria, donde también funciona un jardín de infantes y, en horario vespertino, una escuela de música. “Hay 800 chicos entre los dos turnos, y quieren trabajar con una caldera que está junto al jardín y la cocina”, agregó sobre la obra, que se quiere comenzar antes del inicio de las vacaciones de invierno.
La caldera está sin uso hace por lo menos veinte años y se llamó a licitación para una obra de 3,8 millones de pesos a cargo de la empresa Geo Assist. “El amianto genera contaminación, no se entiende el apuro en hacerlo durante las clases y no en receso”, estimó Noailles, quien junto a otros padres se organizó para estar en la puerta de la escuela este sábado desde las 8 para evitar que se cumpla un anuncio de la empresa: la llegada de obreros para dejar sus herramientas.
Tras el anuncio hecho ayer, la comunidad educativa reaccionó a través de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y la Asesoría Titular de Primera Instancia, que enviaron representantes a la escuela ubicada en Braun Menéndez 260. A última hora de anoche, la Justicia dio luz verde a la cautelar y suspendió la obra. Mientras tanto, la Agencia de Protección Ambiental y la Dirección General de Evaluación Ambiental enviaron a la escuela documentación sobre el trabajo que realizará Geo Assist en la caldera con amiento.
Hoy, unos 50 padres se apersonaron en la puerta del establecimiento educativo. A las 9.30 llegaron representantes de la empresa, que fueron anoticiados allí de la medida cautelar. Al rato llegó Felipe Miguens, funcionario del ministerio de Educación porteño, que dijo desconocer la cautelar.
Ante los padres, justificó el apuro por la obra porque “tenemos otras 50 escuelas en carpeta para trabajos similares”, contó Noailles. En ese punto, los padres pidieron que se difunda la lista de esas escuelas e insistieron en que no se entiende el interés en empezar ya, con los chicos adentro, cuando se puede esperar a las vacaciones y el proceso licitatorio está abierto hasta octubre de 2019. El lunes se estima que el ministerio apelará la medida cautelar, a cuyo reclamo como querellante se sumará la cooperadora, que pretende tener un ingeniero de seguridad monitoreando la obra.
La escuela tiene una cooperadora que se caracteriza por su espíritu de lucha: en marzo pasado, denunciaron a una docente que pasó a los alumnos un video apologético del terrorismo de estado.
