La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) responsabilizó al ejecutivo del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, por graves violaciones a los derechos humanos y cifró en 212 los muertos en el marco de las protestas contra el gobierno. En el informe presentado ayer ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), la CIDH aseguró, además, que la policía y grupos paramilitares desarrollaron un patrón de violencia contra los manifestantes. “El Estado de Nicaragua violó los derechos a la vida, integridad personal, salud, libertad personal, reunión, libertad de expresión y acceso a la justicia”, concluyó el informe de la CIDH. El documento fue presentado por el secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrao, y la relatora especial para Nicaragua, Antonia Urrejola, en un consejo permanente extraordinario de la OEA, en Washington, sobre la crisis en el país centroamericano.
Urrejola expresó su consternación en nombre de la CIDH por las 212 personas asesinadas contabilizadas hasta el 19 de junio y aseguró que, en su mayoría, se trataba de jóvenes. Condenó, además, que desde su visita a Nicaragua, la violencia se había recrudecido. En memoria de las víctimas del país centroamericano, se guardó un minuto de silencio. La enviada de la CIDH, además, llamó al Estado nicaragüense a tomar medidas para impedir el uso de la fuerza letal para disolver manifestaciones. “Grupos paramilitares y terceros armados, actuando con la policía, han puesto en marcha una respuesta para disuadir la participación social de los manifestantes”, dijo Urrejola. En esta línea, el informe alerta acerca de un patrón de lo que llamó un uso excesivo y arbitrario de la fuerza ejercido por la Policía Nacional nicaragüense en colaboración con fuerzas paramilitares.
Al consejo permanente extraordinario, donde se presentó el documento, asistió, también, el ministro de Exteriores nicaragüense, Denis Moncada. “Nicaragua rechaza de forma integral el informe de la CIDH por considerarlo subjetivo, prejuiciado y totalmente parcializado”, dijo el canciller durante una intervención. Moncada aseguró que el Estado trabaja para que, según dijo, prevalezca la paz y rechazó una de las conclusiones más duras que hace el informe de la CIDH, la existencia de un patrón de violencia contra los manifestantes. “Reafirmamos que no es política de Estado la represión de las fuerzas sociales y menos el uso arbitrario de la fuerza. Rechazamos las recurrentes e infundadas afirmaciones sobre denuncias hechas contra el Estado de Nicaragua y, de la Policía Nacional, a la que alude el informe”, subrayó el ministro de Exteriores.De esa forma, Moncada consideró que el informe de la CIDH forma parte de los intentos que, a juicio del gobierno de Nicaragua, se están produciendo para dar un golpe de Estado y forzar la renuncia del actual presidente, Daniel Ortega, que lleva 11 años en el poder.
Del otro lado del arco político, los opositores líderes estudiantiles y campesinos, defensores de derechos humanos e intelectuales de Nicaragua agradecieron a la Comisión por el informe. “La CIDH entregó un informe sumamente veraz, un registro muy completo de lo que vieron en su primera visita al país”, declaró Víctor Cuadras, uno de los líderes del movimiento universitario y miembro de la opositora Alianza Cívica, que dirige las protestas en el país.
“La CIDH fue contundente, porque sus miembros constataron en el terreno la dramática realidad de opresión que vive Nicaragua”, opinó, por su parte, Sara Henríquez, defensora de derechos humanos. Henríquez, quien ha recibido amenazas de muerte, recordó que elementos ligados al Gobierno incendiaron la radio Darío en la ciudad de León en el marco de las protestas que iniciaron en abril. “La CIDH confirmó que el hospital de León cerró sus portones a manifestantes heridos, por órdenes de la ministra de Salud (Sonia Castro)”, añadió la activista, y acusó al Gobierno de haber escalado la represión a niveles de terrorismo de Estado. Además de las personas asesinadas, según los cálculos de la CIDH, al menos 507 personas han sido privadas de la libertad registradas hasta el 6 de junio de 2018. A su vez, cientos de personas se encuentran en lo que llamaron situación de riesgo tras ser víctimas de ataques, hostigamiento, amenazas y otras formas de intimidación. Bajo presión, el Gobierno de Ortega cursó esta semana una nueva invitación para que la CIDH vuelva al país, una invitación también dirigida a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU y a la Unión Europea (UE). La misión de la ONU llegará la semana que viene a Nicaragua. El 3 de julio lo hará el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, un mecanismo de investigación internacional para el que la OEA y la CIDH obtuvieron la aprobación del Gobierno de Ortega.
La CIDH, un órgano autónomo de la OEA, se encarga de velar por el respeto a los derechos humanos en el continente americano. Con la presentación del informe de la CIDH, el consejo permanente de la OEA abordó ayer por primera vez la situación en el país centroamericano.
Las protestas comenzaron el 18 de abril, tras la aprobación por decreto de una reforma de la seguridad social, luego derogada. Este jueves, el nuncio apostólico consiguió un alto el fuego en Masaya, la ciudad a 25 kilómetros de Managua que se ha convertido en bastión y símbolo de la oposición a Ortega y que sufre especialmente la violencia de grupos afines al Gobierno y de las fuerzas policiales.
