Las compras netas de divisas para formación de activos externos, lo que antes se llamaba dólar ahorro o dólar para atesoramiento, totalizaron entre enero y mayo 13.602 millones. El promedio mensual ascendió a 2720 millones. Si se sostiene ese nivel de fuga en lo que resta del año, el Banco Central deberá entregar otros 19.040 millones de dólares para abastecer esa demanda. La cifra supera ampliamente los desembolsos comprometidos por el FMI hasta diciembre, que suman 13.500 millones para intervenir en el mercado de cambios: 7500 millones ahora y otros dos giros de 3000 millones cada uno en septiembre y diciembre. Es decir que la asistencia del organismo de crédito resultaría insuficiente para cubrir solo uno de los flancos que han ocasionado la grave crisis cambiaria que sacudió al país desde fines de abril. El bache mantiene expuesta a la economía al riesgo de sufrir una nueva estampida devaluatoria. Las opciones que tiene el Gobierno frente a esa encrucijada son básicamente tres: convence a los argentinos de no comprar tantos dólares, tentándolos con altas tasas de interés en pesos, consigue reactivar el ingreso de divisas para la bicicleta financiera, también con tasas por las nubes, o abandona la política de desregulación absoluta para la adquisición de moneda extranjera que habilitó, junto a otras medidas,  el esquema insostenible que ahora hizo eclosión. Las dos primeras han demostrado su inconsistencia a lo largo de los dos años y medio de gestión de Mauricio Macri. Insistir por esa vía, como ha resuelto el Gobierno en el acuerdo con el FMI y por la exigencia que le impone MSCI, la calificadora que le asignó a la Argentina la categoría de mercado emergente, llevará a una crisis todavía más grave que la actual. Es importante dejarlo en claro frente a aquellos que dicen con ignorancia o con malicia que nadie anticipó el desastre al que conduciría la estrategia oficial.

   Una cuarta alternativa a la que podría apelar el Gobierno para cubrir la insuficiencia de dólares en el esquema actual de política económica es volver a colocar deuda en moneda dura en los mercados internacionales. Esa fue la fuente de financiamiento de la que hizo uso y abuso el equipo económico entre diciembre de 2015 y enero pasado, con la emisión de títulos públicos por más de 100 mil millones de dólares. Sin embargo, esa opción por el momento está vedada ante la comprobación de los financistas del exterior de que el país se encaminaba a paso firme hacia la insolvencia. No se puede vivir con dólares prestados todo el tiempo, concluyeron, con los números en la mano. Era evidente que ese esquema de financiamiento resultaba inviable y así ocurrió. Tanta deuda contraída ha generado a su vez una acumulación de intereses a pagar que viene a complicar más la situación. El nuevo informe del Observatorio de la Deuda Externa de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (ODE-UMET) revela que entre junio y diciembre el Estado nacional deberá afrontar pagos de intereses por 6190 millones de dólares. Además, en el mismo período operan vencimientos de capital por 4667 millones y vencimientos de Letes también en dólares por 12.938 millones.  El Ministerio de Hacienda y Finanzas intentará la renovación de estas últimas, pero aun así quedan otros 10.800 millones de dólares a cubrir. Las reservas del Banco Central lucen por lo tanto bajo una intensa presión. En resumen, la precaria estabilidad cambiaria que parece haber alcanzado el Gobierno esta semana con el desembolso del FMI, el aumento de la tasa de interés al 47 por ciento -como se anticipó en esta columna el último sábado- y la suba de la calificación de Argentina a mercado emergente puede trastabillar en cualquier momento ante cualquier evento en el frente interno o del exterior, como podría ser, otra vez, una aceleración en la suba de la tasa de interés de Estados Unidos.

  “Si antes el rumbo económico ya estaba complicado, ahora con el préstamo stand by adquirido con el FMI no le quedan dudas a la población argentina de que la situación económica bajo gestión de Cambiemos se ha tornado increíblemente frágil”, señala Arnaldo Bocco, director del ODE-UMET, en el informe sobre la deuda. Además del ritmo incesante de compra de divisas para atesoramiento y del aumento de los compromisos de deuda externa, otro dato alarmante conocido esta semana fue el salto del déficit de la balanza comercial a niveles record. En mayo escaló a 1285 millones de dólares, más del doble que un año atrás, y en el acumulado de cinco meses llegó a 4691 millones, también holgadamente más del doble que en el mismo lapso de 2017. La tendencia debería desacelerarse en los próximos meses por la dura recesión que se consolidará en el segundo semestre, aminorando el frenesí importador, pero de todos modos seguirá siendo otro factor de presión en el frente externo.

  Con ese panorama, es preciso regresar al punto de partida: la decisión del Gobierno de permitir la compra de dólares para atesoramiento sin ningún límite. Como se indicó al comienzo, esa cuenta sube a un ritmo que rebasa por amplio margen la asistencia crediticia del FMI para operar en el mercado de cambios. ¿Qué lógica puede tener no corregir ese desvío en las actuales circunstancias, cuando la amenaza de una nueva corrida cambiaria se mantiene con riesgos de desestabilización cada vez mayores? Si se produjera otra vez una disparada, las posibilidades de defensa para evitar otra fuerte devaluación serían más acotadas porque las herramientas a mano ya han sido utilizadas en su gran mayoría en el episodio que arrancó en abril: la tasa de interés ya está en 47 por ciento, ya se acudió al FMI, ya aumentaron los encajes bancarios –ahora remunerados para la compra de Lebac– y ya se bajó a 5 por ciento la posición general de cambios de los bancos. La exposición a un nuevo shock devaluatorio ofrece en consecuencia menos chances de ponerle freno si se desata una vez más. Los argentinos han podido comprobar los últimos dos meses la gravedad que entraña esa situación.  

   De acuerdo al balance cambiario del Banco Central, las compras brutas de billetes por parte de aquellos que adquirieron más de 50 mil dólares por mes ascendieron en mayo a 2451 millones de dólares. En términos netos, fueron 1466 millones. En el acumulado enero-mayo, la cifra avanza hasta los 7040 millones de dólares brutos y 2917 millones netos. Son divisas, como se viene explicando, que la Argentina no genera y tiene que pedir prestadas –ahora al FMI– para abastecer al mercado. En tiempos de tanta escasez, el Banco Central debería regular esas ventas, que realiza sin ninguna restricción para abaratar la dolarización de carteras de los sectores más pudientes del país. Pero eso sería un sacrilegio para el mercado, como lo expresó la evaluadora MSCI, y el Gobierno la única voz que escucha es la de los financistas. Luis Caputo, ahora presidente del Banco Central, lo dijo con todas las letras al asegurar que la crisis autoinfligida por el Gobierno le dio una oportunidad de ir al FMI y avanzar con un ajuste sobre los sectores populares que consolidará un patrón de distribución del ingreso cada vez más regresivo. “Es lo mejor que nos podía pasar”, afirmó el funcionario con total desprecio por quienes ponen el cuerpo en la crisis.

  La “solución” a la que echó mano el Gobierno tendrá costos más que elevados, como la pérdida de los ahorros para el pago de jubilaciones futuras en poder de la Anses, la caída de la actividad económica, el aumento del desempleo y la desigualdad social, y la propia pérdida de soberanía económica que implican los compromisos asumidos con el Fondo Monetario, entre los más notables. Semejante daño, sin corregir los problemas de fondo del sector externo, es para peor un parche prendido con alfileres que solo se sostendrá hasta el próximo temblor.