Un nuevo peritaje determinó que Facundo Ferreira, el niño de 12 años que recibió en marzo pasado un disparo en la nuca de un uniformado de la policía tucumana en un supuesto enfrentamiento, no tenía rastros de pólvora, y complicó la situación procesal de los policías. Emilio Guagnini, integrante de la organización Abogados del Noroeste en Derechos Humanos (Andhes), que representa a la familia de la víctima, dijo a este diario que “el estudio acreditó que Facundo no disparó. Estamos ante un caso evidente de gatillo fácil, por lo que vamos a solicitar que los dos policías sean acusados por homicidio doblemente agravado”. Además, informó que la fiscal citará el próximo 27 a los dos involucrados, que aún prestan servicios, como imputados.

El peritaje, un barrido electrónico que buscó rastros de pólvora en la mano de Facundo, se realizó en la provincia de Chaco, y sus conclusiones ya le fueron adelantadas a la fiscal Adriana Giannoni. Este jueves, esos resultados fueron comunicados por la fiscal a Guagnini y la familia del adolescente asesinado, durante una reunión que mantuvieron con la representante del Ministerio Público, quien les informó, además, que el miércoles próximo estarán los resultados de otras dos pruebas: sobre las ropas del chico, que se están analizando en Salta, y sobre el arma calibre 22 hallada en el lugar del hecho, que está bajo estudio en Buenos Aires. También les adelantó que citará como imputados a los dos policías, que no pisaron los tribunales hasta el momento, aunque se desconoce en qué términos lo hará.

Guagnini, coordinador del área de defensa de Andhes, dijo que “el barrido da cuenta de que Facundo no disparó ningún arma”, y da por tierra con la versión oficial. En cuanto al arma que aún se está peritando, explicó que “en el procedimiento, en el que participaron los colegas de los policías involucrados, apareció un arma calibre 22 que no tiene ningún rastro genético de Facundo ni de Juan –el adolescente de 14 años que resultó herido mientras conducía la moto en la que Facundo iba de acompañante al momento de recibir el tiro por la espalda”. 

“Pero sí encontraron otro perfil genético, y se lo va a comparar con las muestras de ADN de los policías. Lo cual plantea la hipótesis de que esa arma fue plantada. Porque, además, encontraron sólo una vaina de la 22, y llama la atención, si tenemos en cuenta que los policías hicieron 12 disparos”, remarcó.

El letrado recordó que, según determinó la autopsia, “Facundo no recibió solamente un disparo que terminó con su vida, sino que antes recibió perdigones de una escopeta con balas de goma. Es decir, dispararon con balas de goma e inmediatamente pasaron a las armas de fuego”. 

Y con relación a las descargas policiales, dijo que está acreditado “que la bala que mató a Facundo salió del arma de Nicolás González Montes de Oca, quien disparó once veces, y al que los estudios toxicológicos dieron positivo: tenía marihuana y cocaína en sangre. Y Mauro Díaz Cáceres, que manejaba, disparó una vez”.

Para Guagnini no hay dudas de que “existen elementos para citar como imputados de homicidio doblemente calificado a los dos policías. Está claro que dispararon 12 veces con la 9 milímetros de forma absolutamente irresponsable en la vía pública, en un evidente caso de gatillo fácil”.

El episodio en el que terminó muerto el niño, con un disparo en la nuca, y donde también resultó herido de un balazo el adolescente que lo acompañaba,  ocurrió la madrugada del 8 de marzo en avenida Avellaneda y pasaje Río de Janeiro de la capital tucumana.

Según la versión policial, los uniformados vieron tres motocicletas que “circulaban de forma sospechosa”. Cuando los policías “iniciaron la persecución”, los jóvenes habrían comenzado a “hacer disparos con armas de fuego” y eso fue “lo que obligó al personal policial a repeler la agresión”. 

Al intento oficial de instalar la idea de un “enfrentamiento” entre los adolescentes y la policía, se sumó una maniobra de demonización del chico y su familia, que incluyó la difusión en varios medios de una falsa noticia, que incluyó un video luego desacreditado, según la cual durante el entierro de Ferreira sus amigos habían entrado a la fuerza al estadio de Atlético de Tucumán con el féretro, después de haber amenazado a las autoridades de la institución. Unos días después, en línea con la doctrina Chocobar, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sostuvo la defensa de los uniformados, cuando los peritajes no habían concluido. Acusó a la víctima de “disparar contra los policías”, y afirmó que “disparar o no por la espalda depende de la situación” y “es un detalle”.