Lejos de calmarse, el conflicto en torno al tratamiento de la legalización del aborto sigue escalando en el Senado. Ayer el interbloque Argentina Federal y el Frente para la Victoria-PJ, formalizaron la impugnación de los giros dispuestos por la vicepresidenta, Gabriela Michetti, que calificaron como “dilatorios” y tendientes a “obstaculizar” la aprobación de la ley. Ambas bancadas cuestionaron la inclusión en el debate de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales, además de que la encargada presidir el plenario de comisiones sea la comisión de Salud y no la de Justicia y Asuntos Penales. En dos notas dirigidas a Michetti advirtieron que de mantenerse en esa postura, resolverán sus diferencias mediante una votación en el pleno de la Cámara Alta durante la próxima sesión, prevista para el miércoles. Tras la lluvia de críticas, que además de los senadores incluyó a las integrantes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, la Fundación Huesped, Amnistía Internacional, el CELS, entre otros, Michetti intentó defenderse y sostuvo que la iniciativa podría llegar al recinto “en un mes y medio”.

Las explicaciones de la vicepresidenta, brindadas por Twitter el jueves pasadas las 23.30, no convencieron a ninguno de sus críticos. “Dada la controversia que se ha generado por el giro a comisiones que hice con la media sanción de la Ley de Aborto, aclaro: 1) Giré a 4 comisiones, igual que se hizo en Diputados. 2) No hay dilación posible porque las 4 comisiones trabajarán juntas en plenario. 3) Según nuestro Reglamento la Comisión de Presupuesto es inevitable para todo proyecto con erogación de recursos”, escribió Michetti. 

La respuesta tanto del titular del FpV-PJ, Marcelo Fuentes, como de Miguel Pichetto fueron contundentes. Por un lado, explicaron que si bien los giros en la Cámara de Diputados fueron a cuatro comisiones, fueron muy diferentes a los del Senado. No estaba Presupuesto y Hacienda ni Asuntos Constitucionales, sino Legislación General; Legislación Penal; Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia y, Acción Social y Salud. “El giro a Asuntos Constitucionales a la par que dilatorio          se observa inconducente –retrucó Fuentes en la nota– ya que no existe cuestión constitucional en juego ni se trata de un asunto de directa e inmediata vinculación con la interpretación de la Constitución Nacional y principios en ella contenidos”. El senador, que hasta 2015 presidió aquella comisión, recordó que la Corte Suprema de Justicia, en el fallo FAL, sostuvo que la interrupción del embarazo “no lesiona el programa constitucional” y que tampoco contradice las obligaciones internacionales de la argentina en materia de derechos humanos (como sostienen desde el sector autodenominado “provida”). Pichetto cita, además, el artículo 61 del reglamento del Senado, donde se enumeran los asuntos de competencia de esa comisión en el que no se advierte ningún caso relacionado con la legalización del aborto. 

Respecto a Presupuesto y Hacienda, el kirchnerismo recordó las declaraciones del ministro de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein, así como el de la provincia de Buenos Aires, Andrés Scarsi, ambos de Cambiemos, sobre el tema de los recursos. “El sistema de Salud argentino está preparado y en condiciones de responder en caso de aprobación. Los costos de la práctica del aborto se dan con las complicaciones, pero con el aborto seguro esos costos bajan dramáticamente”, afirmó Rubinstein al exponer durante el debate en la Cámara de Diputados. “Entendemos que nuestro sistema está preparado en caso de que salga la Ley. Si se aprueba vamos a adaptarnos”, completó Scarsi. Fuentes parlamentarias advertían, por ejemplo, que el reciente proyecto del macrista Federico Pinedo, para la creación de la Agencia Nacional de Tecnologías de la Salud, fue girado únicamente a la comisión de Salud aunque implica inexorablemente la necesidad de asignar una partida presupuestaria para su constitución y funcionamiento. 

“Esta múltiple competencia atribuida desde la Presidencia no enriquece el tratamiento, por el contrario lo entorpece”, afirmó el jefe del interbloque Argentina Federal y respaldó sus dichos en el artículo 89 del reglamento de la Cámara, en donde se sostiene que por regla general cada asunto debe ser girado a una sola comisión. El senador por Río Negro agregó que el giro a cuatro comisiones implica la intervención de 45 senadores, prácticamente los dos tercios de la Cámara. “Es equivocado sostener la idea de que, como las comisiones trabajarán en forma conjunta en el plenario, no hay dilación posible. Usted bien sabe que son numerosos los antecedentes en los que una iniciativa fue largamente dilatada en virtud de la falta de una o más firmas para el dictamen”, le reprochó.

Como si fuera poco, le recordó a Michetti que el propio presidente Mauricio Macri calificó al tema como “importantísimo” y que “debe haber total libertad para opinar”. “Es ciertamente contradictoria la actitud de un Presidente de la Nación que impulsa el tratamiento de un tema y la de una vicepresidenta que intenta dilatar el debate”, la chicaneó. 

Sobre la comisión que presidirá el plenario de comisiones, ambas notas remarcan lo mismo: la iniciativa en su Título I establece una modificación del Código Penal, por lo que resulta evidente la competencia prioritaria de la comisión de Justicia y Asuntos Penales. Aunque no lo explicitan, lo que le reprochan a Michetti es que haya elegido como cabecera una comisión presidida por un integrante del oficialismo, el radical Mario Fiad, que no tiene postura pública sobre la ley, mientras que Justicia es encabezada por el peronista Pedro Guastavino, quien sí apoya la media sanción de Diputados. Esa estrategia va en línea con sumar las otras dos comisiones, encabezadas por Esteban Bullrich y Dalmacio Mera, dos opositores confesos a la legalización.

Si bien este conflicto sobre el procedimiento legislativo no impacta directamente sobre el texto de la iniciativa, la demora en el tratamiento puede jugar un rol en contra ya que de estirarse hasta septiembre empalmaría con el debate del Presupuesto, una ley que generará una fuerte concentración de recursos y atención por parte del Congreso.