En 2016, el ministro de Modernización Andrés Ibarra fue denunciado por encargar las máquinas para el voto electrónico antes de que el Congreso aprobara la Reforma Electoral, ley que finalmente quedó descartada por las vulnerabilidades del sistema. Luego de ser imputado en la causa por la supuesta compra, la Justicia lo sobreseyó el año pasado por no contar con las pruebas suficientes para demostrar la transacción. Pero una reciente investigación publicada en medios estadounidenses reveló que dichas máquinas diseñadas exclusivamente para el sistema electoral argentino sí existieron y que ahora serán utilizadas por la República Democrática del Congo.

Así lo sostuvieron los diarios The Washington Post y The New York  Times, que retomaron una investigación de la Asociated Press en la que se informó que las máquinas que se utilizarán para votar en los próximos comicios nacionales del Congo fueron “creadas para las elecciones argentinas de 2017”.

“Las máquinas compradas por el gobierno del Congo son hechas por la firma surcoreana Miru Systems Co., que creó las máquinas para las elecciones argentinas de 2017. Las máquinas finalmente no fueron seleccionadas para su uso en aquellos comicios por cuestiones de seguridad que las hacían vulnerables a hackers”, dijo Sasha Lezhnev, vicedirector de políticas del Enough Project, una ONG que trabaja para la organización The Sentry, publicó The Washington Post. Según el diario norteamericano, ahora estas “máquinas de votación generan preocupación de cara a las elecciones del Congo” ya que expertos en sistemas de votación electrónico emitieron alertas “sobre la transparencia y credibilidad”.

Para la “Campaña No al Voto Electrónico”, integrada por Vía Libre, Transparencia Internacional e investigadores del Conicet, entre otros expertos, “era obvio” que las máquinas ya estaban encargadas antes de ser aprobada la reforma electoral. “The Sentry nos contactó por la sospecha de una maniobra extraña con estas máquinas que llegaban al Congo, para que aportemos el conocimiento técnico. Nosotros sabíamos que el Gobierno ya tenía las máquinas antes de que saliera la ley, nos faltaba encontrar dónde”, explicó a PáginaI12 Beatriz Busaniche, directora de la Fundación Vía Libre.

Según Busaniche, durante el tratamiento de la Reforma Electoral, en 2016, hubo varios indicios para pensar que las máquinas ya estaban encargadas. La primera fue que Ibarra ya estaba mostrando un prototipo desarrollado a los interesados en darle luz verde al voto electrónico. El segundo, que el modelo de máquina presentado por el equipo de Modernización tenía una pantalla de 21,5 pulgadas, algo que no coincidía con los estándares internacionales de terminales para el voto electrónico. Por último, la confianza del Ejecutivo en llegar a implementar el sistema con el poquísimo tiempo que había entre la posible sanción de la ley y las elecciones de 2017.

“Si la ley se aprobaba a fines de 2016, como pretendía el oficialismo, tenían dos meses para que las máquinas llegaran a las autoridades electorales. Algo imposible si ya no estaban compradas. Además, a esa altura, antes de la aprobación en diputados, la cancillería de Corea del Sur ya había mandado una nota afirmando que ellos iban a proveer equipamiento para el voto electrónico”, afirmó Busaniche para quien “casualmente” las máquinas enviadas al Congo tienen una pantalla de 21,5 pulgadas y parte del software, como la presentación y la demo, está en español y con nombres de candidatos argentinos. También, según la especialista, coincide la cantidad de máquinas enviadas al Congo con las necesarias para cubrir las  mesas electorales de Argentina: 110.000 máquinas.

“El negocio con Corea del Sur estaba atado. Ninguna empresa va a hacer cien mil máquinas si no saben que se las van a comprar. No sabemos si fue una triangulación con un empresario local o qué. Por esta maniobra se abrieron causas de corrupción tanto en Corea del Sur como en el Congo”, agregó Busaniche y aclaró: “El Gobierno no podía comprar ni encargar nada si no tenía la ley. El Poder Ejecutivo no puede bajo ningún concepto imponer el sistema de votación, lo dice la Constitución”.

La sospecha de la supuesta compra de las máquinas previa a ser aprobada la Reforma terminó en una denuncia hacia el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, que fue imputado por el fiscal federal Guillermo Marijuan. El año pasado, finalmente, el juez Ariel Lijo sobreseyó al ministro en la causa en la que se lo investigaba por presunto abuso de autoridad por la supuesta compra de equipos y software para implementar el voto electrónico.

La denuncia, realizada por la abogada Valeria Laura Carreras, afirmaba que ya había un acuerdo con funcionarios en Seúl para que Corea participe en la licitación de máquinas y software de voto electrónico, e incluso ya habían llegado las primeras máquinas al puerto de Buenos Aires. La denunciante pidió que se investigue si Ibarra pudo haber cometido los delitos de “malversación de caudales públicos”, “abuso de autoridad” y “violación de los deberes de funcionario público”.

En ese momento el ministro Ibarra hizo un descargo por escrito donde afirmó que lo único que había puesto en marcha era un “análisis de factibilidad” en momentos en que el Gobierno enviaba al Congreso un proyecto de ley para intentar aplicar el voto electrónico. Dijo que no hubo ningún llamado a licitación, compra o “compromiso” alguno con la empresa coreana.