Un tercio de las familias que viven en el ex Patronato de la Infancia (Padelai) -y que esta mañana amanecieron rodeadas por un centenar de policías para ejecutar el desalojo- aún no recibieron el subsidio ni el crédito hipotecario que les prometieron desde el Gobierno porteño. En el Instituto de la Vivienda les dijeron que se quedaron sin sistema y que retomarán los trámites el martes. Sin embargo, esta noche deben dejar el edificio.
"No están cumpliendo con lo que nos prometieron, creíamos que podíamos contar con la palabra del IVC y de la Ciudad", se lamentó Tito Vargas, vecino del Padelai y referente de las familias frente a las autoridades porteñas. "Nuestra intención era irnos y no enfrentar el desalojo. Nuestras familias no querían pasar por esto. Pero ahora no sabemos qué hacer, no sabemos si dejar o no el edificio", le dijo Vargas a Página/12.
Son alrededor de 25 familias las que aún no tiene una respuesta. El resto, alrededor de 40, ya pudieron tramitar el subsidio. En el antiguo edificio de Balcarce y San Juan, en San Telmo, viven desde 2012 unas 62 familias, incluidos más de cien chicos.
La orden de desalojo fue dictada luego de que el Gobierno porteño denunciara usurpación. En un primer momento, las familias decidieron resistir el desalojo y luego llegaron a un acuerdo: el Gobierno les prometió un subsidio de alrededor de 50 mil pesos y acceso a un crédito hipotecario del Instituto de la Vivienda (IVC).
Un requisito de las familias para aceptar el trato fue que los trámites para el subsidio o crédito se firmen hoy mismo ya que el acuerdo había sido sólo de palabra. Pasadas las diez de la mañana, las autoridades aceptaron y dijeron que empleados del IVC se instalarían en el Padelai para hacer los trámites con cada familia. La Defensoría del Pueblo de la Ciudad oficiaría de garante para el cumplimiento del acuerdo.
Esto no sucedió, y muchas familias lograron hacer el trámite en la sede del IVC. El resto, unas 25, aún no tienen respuesta.
A primera hora del mañana, la situación para las familias fue de total incertidumbre. “La gente de la Ciudad entró y empezó a saquear las cosas. Las familias están dispuestas a irse siempre y cuando el subsidio que les ofrecen sea acorde con sus necesidades. Por ahora fue sólo de palabra y las familias ven cómo se llevan sus cosas pero no saben cuál va a ser su destino”, había denunciado Juan Ardura, un dirigente social que acompaña a los vecinos del Padelai.
Según Ardura, el desalojo avanzó “de hecho”. “No hay claridad, las familias no saben qué va a pasar con ellos. Hay un principio de acuerdo pero nada está claro”, repetía Ardura mientras micros escolares salían del ex Patronato con las cosas de las familias.
En la puerta, las familias esperaron a la Policía Metropolitana con carteles que decían “Macri, no seas criminal, no nos dejes en la calle”, “Somos dueños” y “Si muero es por luchar y no por mirar”. La orden de desalojo fue firmada por la jueza María Lorena Tula del Moral, a cargo del juzgado N° 13 en lo Penal, Contravencional y de Faltas, tras una denuncia realizada por el Gobierno de la Ciudad por usurpación.
Junto con el fuerte operativo de seguridad, estuvieron presentes personal de los ministerios Desarrollo Humano y Hábitat y Espacio Público y el secretario de Descentralización, Sergio Constantino, para negociar con las familias los términos del desalojo.
"El edificio ha sido objeto de conflicto desde 2003, desde cuando se discute de quién es. Según el Registro de la Propiedad, está a nombre de la cooperativa de consumo limitada de San Telmo que integran las familias que lo ocupan. Sin perjuicio de eso, el Gobierno ha instado, a partir de un juicio de usurpación, el desalojo del mismo. Pero las familias quieren resistir", explicó Sebastián Alanis, abogado de las familias, en declaraciones a Radio 10.
En 2003, bajo el mandato del ex jefe de Gobierno Aníbal Ibarra, el Padelai fue desalojado mediante un operativo violento que dejó un saldo de 50 heridos y 16 detenidos. En ese momento vivían 24 familias. En 2009 fue cedido en comodato por 30 años a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo para transformarlo en un centro cultural español. En mayo de 2012 el edificio volvió a ser ocupado por varias familias.
