Pese a la evidencia que plantea la crisis cambiaria, en relación a la grave situación que atraviesa el sector externo de la economía, el gobierno insiste en un discurso y la implementación de medidas cuyo objetivo es la reducción del déficit fiscal, que no luce grave en su nivel respecto del Producto. Así queda planteado un interesante debate entre economistas ortodoxos, que adjudican todos los males del empeoramiento indiscutible de la macroeconomía a la inflación, suponiendo que la persistencia y agravamiento de ésta proviene del déficit fiscal y el aumento de la cantidad de dinero para financiarlo, y heterodoxos, que valoramos al estructuralismo latinoamericano, subrayando la restricción externa originada en la composición de la balanza comercial como el origen de estos desbalances del sector externo.
Sin embargo, muchos de nosotros entendemos que en las condiciones actuales de economías abiertas, insertadas pasivamente en la globalización financiera, el círculo vicioso fuga de capitales–endeudamiento agrava la restricción, y muchas veces se constituye en su principal causa. La descuidada y sospechosa desregulación cambiaria y de los movimientos de capital acompañadas por el financiamiento con deuda tomada en dólares por el actual gobierno es la razón de la crisis actual. O sea, que cursamos una crisis producto del retorno al régimen de valorización financiera que inaugurara la dictadura militar en 1976.
Programa
Sin recursos ni aptitudes para afrontar la situación, los funcionarios encargados del manejo de la economía han sido instruidos por el Presidente Macri a ofrecerse como dragoneantes a la conducción del FMI. Eso hizo borrar del discurso la palabra acuerdo, reemplazada por el enunciado que reivindica al memorándum de entendimiento como un Programa del gobierno que el Fondo comparte. Es grave que la idea de conciliación o sumisión posibilista haya mutado por una mimetización e identificación tal con las recetas del organismo auditor, que vela por el resguardo de los intereses del capital financiero, para borrar hasta la existencia de dos contrapartes para fundirse en un “nosotros somos ellos y ellos son nosotros”.
La gravedad de déficit fiscal no es por su nivel sino por su estructura, que el memorándum hecho público propone agudizar en su regresividad. Su nivel es superior al que dejó el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Pero el cambio sustancial que produjo el Presidente Macri se revela en el peso de los intereses de la deuda, la reducción drástica de la recaudación de retenciones y el gasto en subsidios, el incremento tarifario –violatorio del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que tiene rango constitucional–, la reducción de impuestos a los bienes y la desactivación de proyectos de investigación y desarrollo científico que significaron una modificación antipopular y contraria al interés nacional de la composición de gastos e ingresos del Presupuesto.
Austeridad
Sería ingenuo adjudicar a visiones académicas o teóricas la elección de causalidades distintas con relación a la comprensión de la inflación o las crisis externas. La Economía (Política) no dispone de puntos de vista distintos u opuestos que no se encuentren vinculados a los intereses de clases antagónicas, o de conflictos entre naciones centrales o dependientes, o de requerimientos diferentes entre agentes del capital productivo y del rentístico. Es por eso el escamoteo discursivo de la crisis externa y el machaque constante sobre el déficit presupuestario que pretende preparar a las mayorías para una época de penurias. Luego de haber llevado a cabo una política económica despojadora de sus derechos, ahora se les pide sacrificios para afrontar la recesión provocada por la fuga de capitales, que los integrantes de la clase privilegiada pudieron consumar con los dólares que el Estado consiguió endeudándose.
El diagnóstico del déficit fiscal permite al FMI y a sus dragoneantes a formular un programa que sustrae al Estado sus herramientas para hacer política económica y a realizar cambios en el dispositivo jurídico y la organización política que sustituyen roles estatales por el papel del mercado. Así se reducirán salarios públicos y se liquidará el fondo de sustentabilidad del sistema previsional induciendo a una reforma que reducirá jubilaciones, desembocando al final en la privatización del régimen y la eliminación de su carácter de reparto.
Se anuncia el compromiso de terminar con la obra pública, pavimentando el ingreso de fondos de inversión y empresas extranjeras para la construcción de infraestructura –con el régimen de PPP (participación pública privada)–, bajo vigilancia del FMI para evitar que no desborde los límites necesarios, a fin de garantizar el pago a los acreedores financieros. La reforma de la Carta Orgánica promueve la prohibición de transferencias del BCRA al Tesoro, con el fin de amputar los recursos de los gobiernos para hacer políticas públicas y para establecer condiciones que impidan que un futuro gobierno de raigambre popular pueda remover a los directores designados durante la vigencia del programa a implementarse.
La política de austeridad fiscal es la que permite propiciar estos objetivos. Por eso la declamación antidéficit. El discurso en que hace énfasis es para impulsar el disciplinamiento social. La flexibilidad del tipo de cambio prevista por la cópula FMI–gobierno resguarda muy bien las divisas para la premisa que subyace en el espíritu de la Carta Intención: servir los intereses y el capital adeudado al capital financiero.
Régimen
El turno neoliberal de Macri tuvo sus hitos en el pago a los buitres, la ley de reparación histórica, la derogación de la ley de medios, la desarticulación de la administración de la cuenta de capitales y del mercado de cambios, el cambio del régimen de ajuste de las asignaciones previsionales. Un sector de la oposición favoreció su despliegue. El acompañamiento que Massa le hizo a Davos –templo de la globalización neoliberal–, el voto opositor que acompañó la Ley que “honró” el pago a los buitres, a lo que se sumaron la “reparación histórica” –fachada de un blanqueo de capitales fugados que fueron habilitados a permanecer en el exterior– y la ley que con el nombre de “financiamiento productivo”, redujo atribuciones del Estado que le fueron otorgadas por la reforma de la Ley del mercado de capitales de sesgo antineoliberal, puesta en vigencia durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
El espíritu y el argumento de esos apoyos de un sector que se entendió asimismo como de oposición responsable, se justificó con la idea de otorgar gobernabilidad al oficialismo, entendiéndola como tarea democrática, pero también como un anuncio de la existencia de fuerzas “responsables” que no retornarán a un régimen populista, sino que se integrarán como contraparte de un sistema que conjugue con el paradigma hegemónico mundial, aunque conservando una pátina progresista.
Alternativo
Los acontecimientos que hoy transcurren hacen impostergable que la crítica al gobierno de derecha incorpore lineamientos de un programa alternativo, que debe incluir la advertencia del tremendo daño que se cometería si se facilitara la aprobación parlamentaria de un Presupuesto para 2019 que permita la implementación de la austeridad fiscal, o de una nueva Carta Orgánica del BCRA, o de reformas regresivas en el régimen previsional. Resulta en cambio necesario advertir que un gobierno popular que resultara electo en el futuro no respetará la política comprometida por el memorándum, se desvinculará del financiamiento del FMI, introducirá regímenes administrados de la cuenta capital y del mercado de cambios –con las mejoras fruto de lecciones aprendidas–, recuperará al BCRA como una institución con funciones múltiples en función de una política de independencia y desarrollo nacional y modificará la ley que rige el mercado de capitales, como parte de un programa transformador de la deplorable realidad del presente. Esas medidas reconocen a la restricción externa y la escasez de divisas como centro de los problemas que atravesamos.
En Argentina no ha finalizado una disputa histórica entre dos proyectos antagónicos: uno de raigambre neoliberal, que apunta a un país con concentración de la riqueza y que conserve rasgos estructurales de atraso y dependencia; otro que aspira a tener como objetivo central la lucha contra la desigualdad y la promoción de la independencia económica del país y el desarrollo nacional con un cambio de paradigma de la estructura industrial. Otorgarle la gobernabilidad al primero, que es la oposición que pide el FMI cuando le requiere reformas que necesitan leyes, supone la renuncia a ser una enérgica fuerza impulsora de la Patria Grande para convertirse en la otra pata del proyecto del Estado que desean quienes constituyen los centros de decisiones del poder financiero global
* Profesor de la UBA. Ex director del Cefid-AR.
