Referentes de organizaciones sociales de infancia y dirigentes de la oposición salieron a rechazar la iniciativa del Gobierno lanzada por ministro de Justicia, Germán Garavano, de modificar el régimen penal juvenil e incluir la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. Las críticas van desde el anuncio de la iniciativa en un año electoral, hasta su condición de “inconstitucional”, pasando por el hecho de “que la propuesta “no da soluciones de fondo” a la inseguridad. “Es una aberración humanitaria y jurídica”, sentenció el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel.

Garavano confirmó esa mañana que la propuesta es dialogada con “junto con Unicef, expertos y jueces de todo el país”, y anticipó que el texto del proyecto de ley será elaborado luego de las elecciones legislativas octubre próximo, para ser presentado ante el Congreso en 2018.

Puntualizó que el enfoque “no solo estará en el tema de (baja de la) edad, sino también lo relacionado a la carga de la prueba”. Es decir, “a quien le corresponde” la responsabilidad de los actos del chico que cometió un delito.

Para Pérez Esquivel, titular del Servicio Paz y Justicia (Serpaj), una de cuyas tareas es contener a niños en situación de calle o de barrios vulnerables, subrayó el recurso de bajar la edad para encarcelar a los chicos “viola el derecho de la infancia” y “no soluciona absolutamente en nada” el problema de la inseguridad.

“Es una vieja intención de muchos dirigentes. Es una aberración humanitaria y jurídica. El problema de la infancia no se soluciona con la represión sino con educación, condiciones de vida digna y concientización”, remarcó a Página/12 y sostuvo que los problemas que algunos chicos tienen con la ley penal se reiteran “porque las medidas que se están implementando no son sociales”. “Son medidas represivas que van a agravar la situación”, insistió.

La titular de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), María del Carmen Verdú, rechazó la iniciativa y consideró que su impulso “parte de falacias y mentiras”. “Dice el discurso oficial que tener menos de 16 años es tener licencia para matar porque no vas preso, y eso es falso porque no se van a la casa sino a institutos de menores donde ya sabemos lo que pasa”, dijo a este diario.

“No es cierto que vuelven a la casa. Eso sucede con los hijos de los ricos. Con los hijos de los pobres hay un juez que lo manda a un lugar donde va a estar más vulnerado”, sentenció.

El gobierno de Mauricio Macri puso por primera vez en la agenda política su intención de bajar la edad de punibilidad, a poco más de una semana del crimen de Brian, el pibe de Flores que murió de un balazo en la cabeza y por cuyo asesinato fue detenido un adolescente de 15 años y un hombre de 26. Ambos son señalados como sospechosos principales del hecho.

Verdú consideró que “que este tipo de debate es recurrente y reaparece cuando se dan dos circunstancias: cuando un chico menor está involucrado en un delito grave y cuando es un año electoral”.

Omar Giuliani, referente de Niñez y Territorio, un espacio en el que confluye una veintena de organizaciones de infancia de la CTA Autónoma y entidades que dedicadas a los chicos, coincidió: “Cada año electoral reaparece la intencionalidad de echarle la culpa de la inseguridad a los pibes”, dijo.

El dirigente, responsable de la organización Ruca Hueney, de General Rodríguez, explicó a este Página/12 que la iniciativa gubernamental es “inconstitucional” porque “va en contra de los conceptos de no regresividad y progresividad de las leyes internacionales”, convalidadas por la Argentina en la reforma de 1994.

“Esto quiere decir que si la legislación actual dice que la edad de imputabilidad es de 16 años, una reforma no puede ser regresiva y reducírsela a 14.” Por el contrario, agregó, “tiene que ser progresiva y elevarla o dejarla como está”.

Para Laura Taffetani, referente de la organización Pelota de Trapo, creada por el recordado Alberto Morlachetti, este tipo de propuestas se hacen “para marcar un enemigo, un chivo expiatorio, y no hablar de la cuestión profunda del bienestar general”, que es donde “está la solución”.

En diálogo con este diario planteó que el impulso de apuntar contra los chicos que entran en conflicto con la ley penal evita que se vea “otra más grave”, que es que algunos de ellos viven en “villas que son cárceles a cielo abierto, donde hay un entramado policial y de narcotráfico del que ellos mismos son víctimas y, en algunos casos, mano de obra”.

“¿Hace cuántos años discutimos el tema de la baja de la edad de imputabilidad y como sociedad no vemos que el problema no es ese?”, se preguntó. Recordó que la cantidad de delitos cometidos por menores de 18 años “es ínfima” en las estadísticas y cuestionó: “Como vemos, no es un problema de cifras de delitos sino de lo que genera la exclusión social”.

Por su parte, el juez en lo contencioso administrativo de La Plata, Luis Arias, sostuvo que el Gobierno “desempolva en un año electoral el manual de la demagogia punitiva” en lugar de hacer una propuesta a favor de “prevenir y resguardar los derechos de todos los  jóvenes”.

“Empiezan a hablar de estos temas para conseguir la adhesión de la gente que necesita una respuesta para la inseguridad, e intentan demostrar que se están ocupando del problema cuando en realidad no es así. Si se ocuparan, lo que harían sería prevenir", analizó.

El proyecto también recibió rechazos de dirigentes de la oposición. Desde el Frente Renovador, el ex viceministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo aseguró que "no dio resultado" la baja de la edad en los países que aplicaron esa receta para bajar el nivel de delitos. En su opinión, la solución sería hacer una reforma "integral del sistema".

"Los menores cometen sólo el 5 por ciento de los delitos graves" los que "son en general más violentos y más mediáticos porque son más impactantes”, puntualizó el dirigente, para quien plantear una reforma del régimen penal juvenil “solo (con) la baja de la edad, es un error grave".

"Si no solucionamos las adicciones y los institutos de menores podemos bajar a 14 o a cualquier edad la imputabilidad, pero vamos a seguir con el problema", concluyó, mientras que Giuliani precisó que un informe elaborado por Niñez y Territorio sobre la base de datos del Indec reveló que “el 48 por ciento de los chicos de hasta 14 años vive en la pobreza y están condenados al abandono de la escolaridad”, con lo cual "ya están imputados por un Estado que les propone la cárcel en lugar de dar una solución al hambre".

Para Taffetani, con la baja de la edad “se busca construir un enemigo”, los chicos, cuando en rigor "la cuestión de fondo" es que hay “un problema social que, como tal, requiere de una respuesta social”. “Lo penal”, añadió, “está en el Estado con una policía corrupta, y eso es lo que no se quiere tocar”.

La última vez que el tema de la baja de la edad se había hecho rodar públicamente fue durante la campaña para las elecciones legislativas de 2013, cuando el ex diputado y actual intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, propuso la modificación del régimen penal juvenil. También se lo discutió durante los gobiernos de Néstor Kirchner (tras el asesinato de Axel Blumberg, en 2004), Eduardo Duhalde y Carlos Menem. En todas esas oportunidades, la iniciativa no prosperó debido al rechazo masivo de organizaciones sociales y de derechos humanos.