La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, junto a la justicia de Morón y un llamativo coro mediático armaron una asombrosa causa por lavado de dinero en el que involucraron al ex jugador de Boca, Mauricio Chicho Serna y a la viuda y el hijo del narco colombiano Pablo Escobar, que viven en el país desde 1994. Pomposamente la funcionaria dijo que “esto da para hacer la tercera parte del Patrón del Mal”, en referencia a la exitosa serie sobre el siniestro narco colombiano. En ese marco anunció que desbarataron una operación de lavado de 15 millones de dólares. Sin embargo, en el procesamiento sólo se habla de 2.600.000; un millón transferido por un banco y 1.600.000 de una casa, dos terrenos y dos autos que Chicho no ganó vendiendo cocaína sino traspirando camisetas de fútbol. 

Todo el expediente gira en torno de un supuesto traficante, también colombiano, José Bayron Piedrahita Ceballos, denunciado por la DEA en 2016. Pero resulta que todo el delito de Chicho fue haberle vendido una casa, dos terrenos y dos autos en 2008, o sea ocho años antes. La viuda y el hijo de Escobar no le vendieron ni le compraron nada a Piedrahita sino que se lo presentaron a un desarrollador inmobiliario también en 2008, cuando el individuo intentaba afincarse en la Argentina. A cambio cobraron una comisión, por la que la viuda firmó un recibo, o sea que no hubo la menor intención de ocultar la operación. Por entonces, Piedrahita salía y entraba sin dificultades de Colombia con su propio nombre, viajaba por el mundo, vino varias veces al país y hasta le dedicaron una gran nota en la revista más importante de Colombia, Semana, destacándolo como uno de los mayores empresarios ganaderos. 

Pilar

El centro de todo el expediente es un emprendimiento que lidera el abogado Mateo Corbo Dorcet en Pilar. El proyecto giró alrededor de una estación de trenes, Estación Panamericana, que sería donada al estado nacional, pero que permitiría la construcción casi de un barrio alrededor de esa estación  –una especie de Nordelta–, incluyendo centenares de cocheras de estacionamiento. Corbo Dorcet, quien defendió a las víctimas de la quiebra del Banco Mayo y luego dejó su actividad como abogado fue la cabeza del proyecto. A partir de eso, logró todos los permisos de construcción de la Municipalidad de Pilar y los acuerdos con el estado, en especial con el Ministerio de Transporte. La Estación Panamericana sería una especie de gran nudo de trasbordo. 

En el total de 99 socios del emprendimiento, estuvo el colombiano Piedrahita, quien aportó entre un seis y un diez por ciento de la inversión total. O sea fue un protagonista relativamente menor. Por entonces, el colombiano acreditaba ser el dueño de uno de los frigoríficos más grandes de su país, Subagauca, exportaba cueros a distintas partes del mundo y viajaba con su propio nombre, sin que existiera ninguna orden de captura. En octubre de 2007 la revista Semana, la más prestigiosa del país cafetero, incluyó a Piedrahita en una nota sobre los empresarios de la región de Medellín. 

En el procesamiento dictado por el juez Néstor Barral contra Corbo, Chicho Serna y la familia de Pablo Escobar de alguna manera se sugiere que todos debieron enterarse de una publicación de la revista mexicana Proceso, del 14 de mayo de 2006, en la que se mencionaba a Piedrahita como testaferro de un narco importante, Helmer Pacho Herrera. Dos años más tarde, en 2009, uno de los más trascendentes diarios de Colombia, El Espectador, publicó otra nota, bastante sugestiva, señalando que Piedrahita era parte de una empresa de remates de ganado en la que aparecían dos ex integrantes del Cartel de Medellín, los hermanos Ochoa Vázquez. La nota señala que los hermanos ya no estaban cuestionados en la justicia, pero se dá a entender que toda la empresa está relacionada con el narcotráfico porque transitaba un asombroso crecimiento. Es más, se señala que la justicia norteamericana está investigando. 

Sin embargo, se ve que ni las autoridades de la DEA ni las de Colombia se enteraron de lo que decía la revista mexicana y el diario El Espectadorporque recién diez años de la primera publicación y siete después de la segunda acusaron a Piedrahita y, supuestamente, por sobornar a un agente de migraciones de Estados Unidos para tapar una operación de lavado de dinero de principios de los 90. Recién en 2016, la administración Clinton puso a las empresas de Piedrahita en un listado con el que no debían comerciar las compañías norteamericanas. 

Chicho

La acusación contra el ex jugador de Boca es directamente descabellada. En su defensa, Serna contó que con lo que ganó en su carrera de futbolista logró comprarse una casa en el country San Diego, dos terrenos en el country Terravista y un par de autos. En principio quería quedarse a vivir en la Argentina porque pensó que podría seguir vinculado al fútbol, pero finalmente se volvió a su país. 

Durante una comida en Puerto Madero se le acercó Piedrahita que estaba en el mismo restaurante, en una mesa contigua, con sus hijos. De allí nació una relación que luego derivó en que Serna le vendió sus propiedades ya que Piedrahita quería instalarse en la Argentina y Chicho se volvía a Colombia. Todo eso ocurrió en 2008, o sea ocho años de que la DEA anunciara que investiga a Piedrahita. 

Lo que ocurrió es que luego el ganadero entregó esas propiedades como parte de la inversión que hizo en el proyecto de Pilar y el juez dice que Serna vendió la casa a 550.000 dólares y que en el proyectoPilar Bicentenario la vivienda ingresó a 1.100.000 dólares. Esa es la supuesta prueba de que Serna ayudó a blanquear dinero del narcotráfico. 

Por un lado, la defensa de Serna afirma que él vendió un paquete de propiedades en el contexto de que abandonaba el país y necesitaba vender como sea y que no tuvo vínculo con la operación posterior. Y, además, está el hecho de que hubo una tasación cuando la casa ingresó como inversión en el proyecto de Pilar. 

Lo cierto es que Serna termina ahora procesado por vender en 2008 a una persona a la que la DEA sindicó como vinculada al narcotráfico el 1 de septiembre de 2016.

El Chicho Serna implicado sin pruebas.

Escobar

En la trama impulsada por la justicia de Morón y, sobre todo por la ministra Bullrich, aparece una vinculación asombrosa con la viuda y el hijo del mayor narcotraficante de la historia, Pablo Escobar. Tras la muerte del Patrón del Mal, la familia terminó llegando a la Argentina con una nueva identidad legalmente otorgada por las autoridades colombianas. La viuda se llama desde entonces María Isabel Santos Caballero y el hijo dejó de ser Juan Pablo Escobar para adoptar el nombre de Sebastián Marroquin. Durante los primeros años fueron víctimas de una siniestra extorsión que ella denunció en la justicia. Al final del proceso hasta intervino la Corte Suprema de Justicia que convalidó como legítimas las pocas propiedades de la viuda. 

Ahora el juez Barral y el fiscal Sebastían Basso acusan a Santos Caballero y Marroquin de lavado de dinero porque conocieron a Piedrahita en 2008 y se lo presentaron a Corbo Dorcet. Por entonces la viuda se dedicaba a la actividad inmobiliaria e hizo la presentación a cambio de una comisión. Santos Caballero conoció a Piedrahita a raíz de que ella buscaba inversores para construir un edificio en un terreno de la avenida Huergo e Independencia, terreno que la Corte Suprema consideró en su momento –durante la causa anterior– que era de origen lícito. Finalmente Piedrahita no quiso invertir en el terreno de la avenida Huergo pero sí se interesó en el proyecto de la Panamericana. Existe hasta un recibo de la comisión por las inversiones de Piedrahita que Mateo Corbo terminó de pagar en febrero de 2011. Si la operación era tan oscura, resulta incongruente que exista un recibo y que la viuda de Pablo Escobar figure en ese recibo. Hubiera sido fácil ocultar la operación. 

El total de la comisión del 4,7 por ciento de lo invertido por Piedrahita fue de 101.000 dólares, pagados desde 2008 a 2011 en montos de 2.000 y 3.000 dólares. El juez también involucra al hijo de Pablo Escobar en lavado porque dice que con esa comisión pagó en 2012 parte de un departamento en el que actualmente vive. Marroquin presentó documentación de que la compra del departamento se hizo con una donación de la madre, hecha ante un escribano y una contadora, cuando ella vendió el terreno de la avenida Huergo. 

Como se ve, todo es anterior a septiembre de 2016, cuando la DEA imputó a Piedrahita. 

Auditoría

A todo esto Pilar Bicentenario y otra parte de la inversión, orientada a la construcción de viviendas, denominada Insula Urbana  –ambas sociedades presididas por Corbo–, estuvieron siempre auditadas por una de las mayores empresas del mundo, Price Waterhouse Coopers. En 2011, Price le envió a Corbo un link de la nota de El Espectadorde 2009 y le sugirió que sacara a Piedrahita del proyecto. La empresa auditora tiene obligación de denunciar penalmente las operaciones sospechadas de lavado pero no lo hizo porque en Colombia no había ninguna acusación concreta contra Piedrahita. Es más, Price auditó y firmó los balances de las empresas del proyecto de Pilar durante los siguientes tres años. 

Desenlace

De todas maneras, por sugerencia de la auditora, la decisión fue sacar a Piedrahita de la empresa en 2012, para los cual Corbo reabsorbió sus acciones. El problema es que había que devolverle el dinero y el abogado no contaba con esos fondos, por lo que quedó en una especie de stand-by. 

Recién cuatro años más tarde, el 1 de septiembre de 2016, hubo una denuncia concretada a través de un mail muy light de la DEA en el que informó que estaba investigando a Piedrahita. El colombiano está preso desde septiembre de 2017 a la espera de la extradición a Estados Unidos. 

Un dato que llama la atención es la acusación en el país del norte. No es por narcotráfico sino por haber sobornado a un funcionario norteamericano del Departamento de Seguridad Nacional llamado Christopher Ciccione para que borre un antecedente que tenía de vínculo con el narcotrafíco en 1993. Lo curioso es que Piedrahita le pagó a Ciccione 17.700 dólares, según la acusación norteamericana, y una noche con prostitutas en el hotel Marriot de Bogotá en diciembre de 2010. Parece poco monto para ocultar a un narco de envergadura. Según surgió ahora, el trato no consistía sólo en que borrara aquel antecedente sino en que Ciccione iba a borrar otros 141 antecedentes y además conseguir la visa para entrar a Estados Unidos. Esto figura en una nota publicada en El Espectador este último fin de semana y el texto se inicia así: “La historia de un hombre que posó por más de tres décadas como uno de los ganaderos más prósperos del país, ocultando su pasado narcotraficante, es la de José Bayron Piedrahíta Ceballos”. O sea que en Colombia sostienen que durante 30 años se pensó que era un empresario común y no un narco al que ahora, en este mismo mes, le extinguieron el dominio sobre todos sus bienes.

No se entiende por qué se hace la imputación en la Argentina si ni Colombia ni Estados Unidos acusaban a Piedrahita y en la causa no hay evidencia de algún otro tipo de relación entre Chicho, Piedrahita y la familia de Escobar. Por otra parte, tanto el juez como el fiscal deberían acusar a Price, que auditó todas las operaciones. 

Show

La ministra Bullrich no se anduvo con chiquitas cuando presentó el caso. Dispuso nada menos que una conferencia de prensa especial y se despachó con la frase de que “con esto se puede hacer la tercera parte del Patrón del Mal”. A continuación, por supuesto, se autoelogió: “esta es una de las operaciones más importantes contra el narcotráfico” y no se privó de hablar de la pesada herencia:”Argentina ya no es terreno dócil para el narcotráfico”.

La ministra divulgó la cifra de 15 millones de dólares blanqueados, mientras que el procesamiento del juez Barral habla de aproximadamente 2,6 millones. Lo curioso es que un millón de dólares fueron girados a través de transferencias bancarias por Piedrahita a la sociedad Pilar Bicentenario –es decir que ya eran fondos que habían sido blanqueados– y 1,6 millones provinieron de las propiedades que eran de Chicho Serna las que, obviamente, el jugador no compró con el producto de la venta de drogas sino con su esfuerzo futbolístico. En la fiscalía sugieren que si el jugador de la selección colombiana y de Boca Juniors hubiera presentado más documentación seguramente no estaría procesado, lo que evidencia que su procesamiento carece de solidez. 

El resumen sería:

  • Hubo una persona, de un total de 99, que invirtió una parte muy minoritaria en un proyecto inmobiliario. Y no fueron 15 millones de dólares sino menos de una quinta parte de esa cifra.
  • La inversión se inscribió en los libros societarios y en la Inspección General de Justicia
  • Todo fue auditado por uno de los gigantes en la materia *Más de la mitad de los fondos provinieron de un jugador de fútbol mundialmente conocido. 
  • La viuda y el hijo de Pablo Escobar no le compraron ni le vendieron nada al supuesto narcotraficante. Cobraron una comisión por la que firmaron un recibo, cuando pudieron haber ocultado su participación.
  • Las operaciones se hicieron en 2008, ocho años antes de la existencia de un anuncio de la DEA de que está investigando al sujeto y cuando el supuesto ganadero viajaba por el mundo, entraba y salía de Colombia, con su propio nombre.

De este combo y siempre con la mirada puesta en congraciarse con Washington, Bullrich se despachó con que el gobierno descubrió una gigantesca operación vinculada al narcotráfico mundial. El condimento de meter a Chicho Serna y a la familia de Pablo Escobar resultaba apetecible para la difusión mediática y, sobre todo, para alinearse con Estados Unidos. Es parte del show para adular a las autoridades norteamericanas y mostrar que ella es la mejor alumna del grado.

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