La Unidad Fiscal para la Investigación de la causa AMIA presentó su Informe Anual de Gestión, en el que detalló todas las medidas tomadas en 2016 en la causa por el atentado a la mutual judía de 1994. Destacaron la identificación de la víctima 85 y el hallazgo de evidencia que corrobora la hipótesis de la Trafic blanca, al tiempo que reclamaron más colaboración del Gobierno.

Los fiscales Sabrina Namer, Roberto Salum y Leonardo Filippini asumieron la titularidad de la UFI-AMIA en enero de 2015, tras la muerte del fiscal Alberto Nisman, quien la había conducido desde 2004 cuando fue creada. Desde entonces los representantes del Ministerio Público se dedicaron a revisar todo lo que había en el expediente y a atar cabos sueltos que no habían sido profundizados por el anterior fiscal.

Hace algunos días, Memoria Activa renovó sus críticas al fallecido fiscal Nisman y destacó que su actuación en la causa AMIA “resultó bochornosa”. “En más de 10 años como fiscal no obtuvo logros en la investigación sino que, como hemos expresado en varias oportunidades en el pasado, ‘viaja mucho y trabaja poco’”, expresó la agrupación que encabeza Diana Malamud en un comunicado ante la reapertura de la denuncia contra la expresidenta Cristina Kirchner por el Memorándum con Irán.

Memoria Activa agregó que esa pasividad terminó de comprobarse con el trabajo de los nuevos integrantes de la UFI-AMIA, que “debieron realizar peritajes que nunca se habían hecho, identificar a una víctima que no se había identificado, pedir documentación sobre el atentado a diversas fuerzas de seguridad e inteligencia que no se había pedido, y la lista sigue”.

Entre esas medidas que no se habían realizado, los miembros de la Unidad Fiscal destacaron en su informe anual la identificación de la víctima número 85 del ataque a la mutual judía. Se trata de Augusto Daniel Jesús que 22 años después del atentado pudo ser identificado con la asistencia del Equipo Argentino de Antropología Forense.

También mencionaron el hallazgo de pruebas que no habían sido inventariadas. Entre esas pruebas están piezas metálicas y esquirlas que, según un peritaje, presentan compatibilidad con piezas de la Trafic blanca que se habría utilizado en el atentado. Además, se encontró un balde con restos orgánicos congelados que estaban guardados en la División Laboratorio Químico de la Policía Federal.

Los fiscales señalaron que siguen trabajando sobre las muestras biológicas registradas para intentar individualizar todos los restos aún no identificados debido a que ello podría contribuir a verificar la eventual presencia de otras personas en el momento del atentado, por ejemplo un atacante. Puntualmente, los esfuerzos están centrados en la verificación genética de la identidad de Ibrahim Hussein Berro, a quien se le atribuye haberse inmolado el 18 de julio de 1994.

Respecto a las alertas rojas contra los acusados iraníes, la Unidad Fiscal detalló una serie de reuniones que mantuvo con los distintos ministerios y organismos que tienen vinculación con la vigencia y concreción de los pedidos de captura, y criticó a la canciller Susana Malcorra por no haber abordado el tema de la cooperación penal respecto al atentado a la AMIA en su visita a El Líbano en mayo de 2016.

Las alertas rojas tienen vencimiento el 7 de noviembre de 2017 para Ahmad Vahidi, Alí Fallahijan, Mohsen Rabbani, Ahmad Reza Asghari y Mohsen Rezai y el 27 de agosto de 2019 para Samuel Salman El Reda, pero pueden ser renovadas por Interpol ante el pedido de las autoridades políticas y judiciales.

En otro reclamo de cooperación al Ejecutivo, los fiscales dijeron que están a la espera de la “respuesta a distintos pedidos dirigidos a ubicar y desclasificar la información adicional sobre el atentado que pudiera existir en agencias estatales y servicios colaterales”. Entre esos pedidos pendientes está uno hecho al Ministerio de Defensa por documentos vinculados a la “pista carapitnada”.