El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, celebró su victoria en la primera vuelta de las elecciones del domingo y los nuevos poderes tras la reforma constitucional, mientras que su principal rival, Muharrem Ince, lo instó a gobernar para “todos” los turcos.
Ayer por la mañana, al día siguiente de la victoria de los comicios generales, presidencial y legislativo, Erdogan habló desde el balcón de la sede de su partido, el AKP, en Ankara. “Turquía dio una lección de democracia al mundo”, clamó delante de varios miles de partidarios que agitaban banderas y gritaban su nombre.
Erdogan gobierna Turquía desde 2003, primero como primer ministro y luego, desde 2014, como presidente. Se impuso como un popular dirigente, pero es también el que más polarizó a la sociedad turca en las últimas décadas.
Su victoria fue más importante de lo que preveían los analistas. En su discurso por la noche, Erdogan dijo que implementaría “rápidamente” los nuevos poderes presidenciales aceptados por referendo en abril de 2017, haciendo temer a la oposición la instauración de un poder autocrático.
Según los resultados provisorios publicados por la agencia estatal Anadolu, Erdogan sumó el 52,5% de los votos. La tasa de participación alcanza el 88% de los 80 millones de turcos inscriptos en el censo electoral. Los resultados finales serán anunciados esta semana por el Alto Comité Electoral (YSK).
El principal opositor, el socialdemócrata Muharrem Ince, reconoció ayer su derrota y exhortó al presidente a gobernar para “todos” los turcos. En una conferencia de prensa en Ankara, Ince estimó que Turquía pasó bajo “un régimen autocrático” con la entrada en vigor de la reforma constitucional.
En los comicios legislativos, la coalición liderada por Erdogan sumaba el 53,6% de los votos, según los resultados parciales publicados por Anadolu.
Desde el ascenso al poder en 2002 del partido islamo-conservador AKP, Erdogan, de 64 años, se ha erigido como el dirigente turco más poderoso después del fundador de la república, Mustafa Kemal, transformando el país con megaproyectos de infraestructuras y reformas en la sociedad, liberando la expresión religiosa.
Pero sus detractores acusan al “rais” de deriva autocrática, en particular desde el intento de golpe de Estado de julio de 2016, al que siguieron purgas masivas en las administraciones, alcanzando a opositores y periodistas.
Con la entrada en vigor de la reforma constitucional, Erdogan podría potencialmente quedarse en el poder hasta 2023, y quizás más.
Esta reforma prevé que la figura presidencial concentre todos los poderes ejecutivos, que podrá así nombrar a los ministros y los altos magistrados, decidir el presupuesto y gobernar por decretos. El cargo de primer ministro será suprimido.
Los observadores consideraban las elecciones del domingo como las más difíciles para Erdogan desde que llegó al poder, con una situación económica adversa y una oposición revigorizada.
Ince, pugnaz diputado que se presentó a la presidencia al frente del CHP (socialdemócrata), se impuso como el principal rival de Erdogan. Según los resultados parciales habría obtenido 31% de los votos.
Los observadores criticaron condiciones de campaña inquietantes, con una cobertura mediática ampliamente favorable al presidente turco. “Esta elección fue injusta”, lamentó Ince.
A pesar del arresto de varios diputados del partido prokurdo HDP, y de su candidato a la presidencia Selahattin Demirtas, éste obtuvo 10% de los votos a nivel nacional, lo que le permite tener un escaño en el nuevo Parlamento.
“El que haya tenido que hacer campaña desde la cárcel fue la mayor injusticia de esta campaña”, denunció Demirtas, según un mensaje en su cuenta Twitter.
La oposición movilizó un “ejército” de observadores para vigilar las urnas. Constataron irregularidades, en particular en la provincia de Sanliurfa.
Unos de los desafíos que se le presentan a Erdogan es repensar la política migratoria, luego de que el nuevo gobierno de Italia bloqueara la entrega de 3.000 millones de euros a Turquía para que atienda a los refugiados sirios que alberga en su territorio. El desembolso de esa cantidad es una de las condiciones del polémico acuerdo que suscribió la Unión Europea con Turquía en 2016 para contener la llegada masiva de demandantes de asilo. Italia defiende destinar ese dinero a Libia, punto de partida de casi todos los migrantes que recalan en sus costas. Los socios europeos llevan más de tres meses intentando pactar el instrumento que consideran más eficaz para mantener a salvo el pacto migratorio con Turquía.
