La Corte Suprema de Estados Unidos validó ayer el decreto del presidente, Donald Trump, que obstaculiza el ingreso de ciudadanos de países mayoritariamente musulmanes y de Corea del Norte y de algunos funcionarios de Venezuela. El fallo del Supremo tuvo lugar luego de que la política llamada de tolerancia cero del mandatario fuera suspendida por falta de espacio de detención para todas las familias que cruzan la frontera con México.

“El Estado presentó una justificación suficiente en términos de seguridad nacional”, escribió el juez John Roberts. “En resumen, el lenguaje es claro y el decreto no excede ningún límite de la autoridad del presidente”, concluyó el magistrado en su fundamentación. Por cinco votos a cuatro, la Corte consideró válida la última versión de la orden ejecutiva que afecta el ingreso de, además de a funcionarios del país sudamericano y a ciudadanos del asiático, personas provenientes de Irán, Libia, Somalia, Siria y Yemen. La versión aprobada del decreto aplica a unas 150 millones de personas, habitantes de los siete países, y es considerado anti-musulmán por sus opositores.

“La Corte Suprema apoya la prohibición de viajes de Trump. ¡Guau!”, tuiteó Trump tras conocerse la decisión. “Esta decisión también es un momento de profunda reivindicación, luego de meses de histéricos comentarios de los medios y políticos demócratas que se negaron a hacer lo necesario para proteger nuestra frontera y nuestro país”, afirmó, luego, el mandatario en una declaración.

El texto en cuestión es la tercera versión de un decreto que había provocado una ola de rechazo mundial luego de ser puesta abruptamente en vigor por la Casa Blanca el 27 de enero de 2017, una semana después de que Trump asumiera la presidencia.

Durante una audiencia dedicada al texto en abril, los cuatro jueces progresistas del alto tribunal expresaron su preocupación por las acusaciones de que se trataba de una medida contra los musulmanes, cuando la constitución estadounidense prohíbe la discriminación religiosa. “Un observador razonable concluiría que el decreto está motivado por un prejuicio antimusulmán”, escribió la magistrada Sonia Sotomayor, en su argumentación en contra adjuntada a la resolución, probablemente la más importante que haya tomado la Suprema Corte en el año.

Trump afirma, desde su llegada a la Casa Blanca, que puede restringir el acceso al país si lo considera necesario, en nombre de la seguridad nacional. “La Suprema Corte apoyó la clara autoridad del presidente para defender la seguridad nacional de Estados Unidos contra los terroristas extranjeros”, reiteró en su declaración. Sin embargo, luego de los atentados del 11 de setiembre de 2001, los ataques más graves en Estados Unidos fueron cometidos por estadounidenses o por personas que no provenían de los seis países afectados por el decreto.

Stephen Yale-Loehr, un académico especializado en temas migratorios, esperaba esta decisión. “Dado que la inmigración atañe a la seguridad nacional y las relaciones con el exterior, los tribunales generalmente se pliegan al presidente sobre esta cuestión”, afirmó. “La decisión tendrá vastas consecuencias que van más allá de los países afectados por el decreto”, advirtió Yale-Loehr y concluyó: “De hecho, aunque el presidente no logre persuadir al Congreso para que financie el muro en la frontera mexicana, ha erigido un muro invisible para numerosos inmigrantes”.

La llamada tolerancia cero en la frontera estaba destinada a desalentar a los inmigrantes ilegales, pero ante el escándalo provocado por las fotos de niños encerrados y llorando, el presidente ordenó la semana pasada poner fin a la decisión de separarlos de sus familias. 

Numerosos menores continúan alejados de sus familias, ante la confusión reinante sobre el calendario y los criterios para los eventuales reencuentros familiares. La policía de fronteras había admitido el lunes que los procesamientos estaban momentáneamente suspendidos contra los inmigrantes que cruzan con sus hijos, en ausencia de lugares para alojar a las familias.

El director de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, Kevin McAleenan, aseguró a los medios estadounidenses que los padres que crucen desde México ilegalmente ya no serán procesados por delitos penales, suspendiendo así una parte central de la política de tolerancia cero con los inmigrantes. McAleenan hizo este anuncio el lunes a periodistas en Texas, pero otros responsables estadounidenses insistieron en que la política seguía vigente. El jefe policial dijo que la razón de suspender los procesamientos era por orden de Trump y que la agencia no tiene espacio de detención suficiente para todas las familias que cruzan la frontera.

La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, insistió, por su parte, que la política de tolerancia cero sigue vigente, al menos oficialmente. “No cambiamos de política, simplemente carecemos de recursos”, afirmó, luego de que la administración Trump apelara al Pentágono para albergar a los inmigrantes.

El Congreso permanecía el martes atascado en sus negociaciones por el tema migratorio. La cámara baja debe votar mañana sobre una reforma migratoria que pondría fin definitivamente a las separaciones, autorizando el mantenimiento de las familias inmigrantes en centros de retención durante el procedimiento judicial. Pese a detentar la mayoría, los republicanos están lejos de asegurar el pasaje de esta vasta ley, en ausencia de un consenso entre sus alas conservadora y moderada.