El doctor Vela, un médico español acusado de sustraer en 1969 una niña recién nacida a sus padres biológicos para entregársela ilegalmente a una pareja estéril, negó ayer los hechos en el primer juicio que se celebra en España por el escándalo de los bebés robados durante la dictadura franquista (1939-1975).
“No le he dado una niña a nadie”, dijo el ex ginecólogo, de 85 años, ante el tribunal de Madrid que lo juzga. Eduardo Vela, quien ayer fue abucheado e insultado a la salida del juicio por un grupo de víctimas de supuestos casos de bebés robados, se enfrenta a una petición de 11 años de prisión por delitos de sustracción de menores, suposición de parto y falsedad documental. El acusado, el primero juzgado por el escándalo en España, dijo ayer que no le sonaba “de nada” el caso de Inés Madrigal, la mujer que supuestamente fue arrebatada a sus padres nada más nacer en 1969 y que denunció su caso en 2010 tras sospechar sobre sus orígenes. Al cumplir 18 años, su madre no biológica le dijo que era adoptada, pero años después constató que había sido una niña robada al comprobar que su documentación era falsa. “Fue un golpe terrible, demoledor emocionalmente hablando”, dijo ayer la denunciante.
El doctor Eduardo Vela ejerció como ginecólogo y dirigió entre 1961 y 1981 el sanatorio San Ramón de Madrid, considerado como uno de los epicentros de la trama de bebés robados en España. Según los hechos que relata en su escrito la Fiscalía, en 1969 un sacerdote con el que tenía buena relación comunicó al médico que un matrimonio que no podía tener hijos deseaba un bebé. El acusado prometió a la pareja que le entregaría un recién nacido “al margen de la legalidad”, de acuerdo con el ministerio fiscal. Así, acordaron ocultar la identidad real del bebé robado mediante la inscripción en el Registro Civil como hijo biológico del matrimonio.
Fue el propio Vela, con su firma, quien certificó presuntamente en el parte facultativo su “asistencia personal” al parto pese a que no contaba con el consentimiento de la madre biológica de la niña. Ayer, dijo no reconocer su firma en el parte de nacimiento y aseguró que él solo se encargaba del tema médico en la clínica, mientras que eran las matronas y las asistentes quienes registraban a los bebés. “No lo sé” o “no lo recuerdo” fueron la mayoría de sus respuestas en la primera sesión del juicio, en la que habló con voz débil.
El ex ginecólogo, que acudió al juzgado en silla de ruedas, presentó dificultades también para escuchar y entender lo que la fiscal y los abogados le preguntaban. Su defensa había intentado sin éxito suspender la declaración por su supuesta incapacidad.
A las puertas de la Audiencia Provincial de Madrid, la denunciante Inés Madrigal aseguró que no tiene necesidad de “venganza”, aunque reclamó que el doctor Vela pida “perdón” y diga la verdad. “Me encantaría que pidiera perdón porque ha hecho mucho daño. No lo va a hacer. Sabe muchos secretos”, dijo a los medios congregados. “Todo el mundo sabe que en este país se robaron niños. Es muy importante que se dé un paso porque tenemos fecha de caducidad. Las personas que perdieron a sus hijos ya son muy mayores, algunas han muerto. Esperemos que haya una ley específica, que se tipifique el delito como desaparición forzosa de recién nacidos”, añadió.
Como tantos miles de bebés robados en España, Irene Meca y José María García González ignoran quiénes son sus padres biológicos tras años de infructuosa búsqueda, una historia que quieren que el país escuche.
Fue tan sólo al recopilar documentos para su matrimonio a sus 35 años, cuando García González supo que sus padres lo habían adoptado por una suma ínfima. Sus padres adoptivos entregaron “medio salario de obrero” al doctor Eduardo Vela.
En el acta de nacimiento de este profesor de física, fechada el 2 de septiembre de 1977, la parte donde debía figurar la identidad de sus padres biológicas fue dejada en blanco. Señal evidente de que fue “arrancado de los brazos de su madre”. Como él, miles de españoles les fueron robados a sus padres por doctores o religiosos que hicieron creer que habían muerto al nacer, para luego confiárselos a otras familias, frecuentemente tras el pago de una suma.
Esta práctica fue iniciada bajo la dictadura de Franco con un objetivo inicialmente ideológico, y se prolongó hasta mediados de la década de 1980 ya en democracia.
“Comprada” por sus padres adoptivos en 1953 en plena dictadura franquista, Irene Meca vive con la amarga sensación de haber sido mercancía en “un puñetero negocio”. “No tengo raíces. Ni siquiera sé cuando es el día de mi cumpleaños”, dice esta madrileña. Su madre adoptiva, con la que mantuvo relaciones difíciles, murió este año, llevándose a la tumba todo detalle que le hubiera permitido encontrar a sus padres biológicos. “Jamás me dio una explicación, jamás intentó darme un mínimo resquicio” de información, dice.
Por su parte, García González, perdonó a sus padres adoptivos el haber ocultado la verdad durante 35 años y proyecta su cólera hacia las personas detrás del tráfico de niños. “A toda esa gente que se han enriquecido a costa de nuestro sufrimiento, quiero verlos arruinados”, afirma, de forma calmada. Busca mantener a sus dos hijos, de 9 y 4 años, alejados de su combate por el reconocimiento del robo de bebés. “No quiero que entren en contacto con esta atrocidad porque es el horror en estado puro”, señala.
Tanto Meca como García González movieron cielo y tierra para conocer sus orígenes, sin éxito. No han presentado denuncias, al carecer de pruebas suficientes. Hospitales, administraciones públicas, la Iglesia. Las trabas se multiplican a la hora de conseguir documentos, según ellos.
“Te dan lo que quieren darte, y no hay más”, dice Meca.
García González se hizo pruebas de ADN en un laboratorio estadounidense, a la espera de que un día los resultados coincidan con los de otra persona.
Mientras, se esfuerza junto a organizaciones para visibilizar los casos de bebés robados con el objetivo de que más gente rompa el silencio, todavía persistente alrededor de todo lo relacionado a la dictadura franquista, a 40 años de haber terminado. “Ojalá permita que la gente hable, porque esa vergüenza de los años 1970 sigue estando por ahí y hay mucho miedo”, dice García González. A sus 65 años, Meca conserva pocas esperanzas de encontrar a sus padres con vida. Pero siente que no tiene “derecho a seguir” sin hacer nada. “Todavía estoy loca por el abrazo de mi madre. Y yo sé que no lo voy a hacer, pero no me resigno. A lo mejor mi madre lleva llorando mucho más tiempo que yo”, agrega.
En España no hay datos oficiales de los bebés robados durante la dictadura de Francisco Franco, pero son más de 2.000 las denuncias archivadas.
