![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2024-04/elena-llorente.png?itok=PiSBducT)
PáginaI12 En Italia
Desde Roma
Algunos meses después de que el Instituto Nacional de Estadísticas confirmara que los pobres en Italia se han multiplicado en estos años, pasando de 1,8 millones en 2007 -es decir antes de la crisis económica- a casi 5 millones en 2015, el gobierno se dice dispuesto a firmar un decreto para la creación urgente de la “asignación de inclusión”, una suerte de asignación familiar como la que existe en Argentina desde 2009, creada por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, o como la “Bolsa familia”, creada en Brasil por el presidente Lula en 2003.
El 7,6% de la población total de Italia –es decir 4,6 millones de habitantes de los 60 millones que tiene el país– vive en “pobreza extrema” sobre todo debido a las decenas de fábricas y empresas de variado tipo que desde la crisis comenzada en 2008, cerraron sus puertas o debieron disminuir su personal para reducir costos. Antes, la pobreza llegaba sólo a ciertos sectores de la población, dicen los expertos. Ahora en cambio toca a todos, sobre todo a las jóvenes familias. En las familias donde los padres tienen entre 35 y 44 años, los pobres han pasado de 3,2% al 8,1% de la población. Peor ha sido todavía la situación para los más jóvenes. Las familias cuyos padres tienen menos de 34 años, la pobreza ha pasado del 1,9 % al 10,2% de la población.
Se trata sobre todo de jóvenes familias de desocupados, en general con hijos. Se calcula que hay más de un millón de menores en estas condiciones, que por esta razón a menudo abandonan la escuela. Por eso el gobierno, según anunció el ministro de la Agricultura, Maurizio Martina, quiere acelerar la entrega de los subsidios. Se trata de una asignación mensual de un máximo de 400 euros –la cantidad depende del número de hijos– a las familias que ganan menos de 3.000 euros por año. Y el gobierno quiere que la medida se aplique rápidamente mediante un decreto. En teoría, según lo que han explicado algunas fuentes del gobierno, este subsidio familiar debería estar asociado a un proceso de asistencia a nivel laboral, para facilitar el camino del desocupado hacia un nuevo trabajo. Es decir, se le pedirá a quien recibe el beneficio, su compromiso de que se empeñará en cursos de formación y perfeccionamiento laboral para facilitar la búsqueda de un trabajo y se comprometerá asimismo a mandar a sus hijos a la escuela.
El proyecto del subsidio familiar fue lanzado en realidad por el gobierno de Matteo Renzi en febrero de 2016 pero había sido probado en distintos municipios por el gobierno precedente, de Gianni Letta. Luego prácticamente de un año de la propuesta de Renzi, el diseño de ley que se hizo sobre el tema ha sido hasta ahora aprobado sólo por la Cámara de Diputados. La aprobación por parte del Senado podría ocurrir dentro de varios meses. De ahí que el gobierno quiere hacer un decreto–ley inmediato. No sólo por el atraso vergonzoso de este proyecto, dadas las condiciones de indigencia de casi cinco millones de italianos, sino porque Italia es el único país de la Unión Europea que carece de este “sostén universal para los más pobres”, como se lo llama. Grecia, que ha estado mucho peor que Italia desde la crisis del 2008, cuenta ya con este sostén que empezó a aplicarse efectivamente hace pocos días, el 1 de enero.
En el caso de Italia y en el caso de que se apruebe el decreto ley o que la ley consiga la aprobación del Senado, estaría financiada, a partir de 2017, con 1000 millones de euros. Pero según Alianza contra la Pobreza, una asociación integrada por 35 organizaciones entre ellas sindicatos, organizaciones no gubernamentales y católicas y representantes de distintas intendencias que luchan para conseguir el llamado “rédito de inclusión social”, se requerirían unos 7.000 millones para afrontar realmente el problema. Con 1.000 millones se podrá ayudar sólo a un millón de personas y los pobres son muchos más, subrayan.
Por supuesto no falta quien critica al flamante gobierno de Paolo Gentiloni, que el 12 de diciembre pasado sustituyó a Renzi luego del fracaso en el referéndum sobre el cambio constitucional. Los críticos dicen que hacer el decreto y no esperar la aprobación de la ley, es una maniobra abiertamente electoral porque podría acarrear votos al Partido Democrático –al que Renzi y Gentiloni pertenecen– si las elecciones se hacen, como muchos piden, antes del mes de junio.
El Instituto de Estadísticas ha establecido que el límite por debajo del cual se considera que una familia es indigente –es decir que no puede comprar una canasta familiar con productos básicos– depende en Italia de donde se vive y de cuántos hijos componen el grupo familiar. Para una familia con dos hijos que en 2015 vivía en el norte del país, el límite de la indigencia era de 1667 euros. Para la familia que vivía en el centro era de 1.581 euros y si vivía en el sur de 1.312 euros mensuales. Si el grupo familiar no lograba esas cifras mensualmente para su mantenimiento, era considerado en situación de “pobreza absoluta” o indigencia.
