El congreso de Perú instaló ayer una comisión multipartidaria que investigará presuntos sobornos de empresas brasileñas a funcionarios peruanos en los últimos tres gobiernos.
“No somos fiscales, no somos jueces, somos congresistas que haremos un trabajo responsable que llegue a la verdad y se sancione a los responsables de estos hechos denunciados’’, dijo en rueda de prensa el congresista del partido fujimorista Fuerza Popular, Víctor Albrecht, presidente de la comisión. Los parlamentarios serán los encargados de evaluar los hallazgos de un grupo de trabajo, creado el 10 noviembre, con mandato de 180 días para investigar los presuntos sobornos pagados por empresas brasileñas en el caso “Lava Jato” y en particular la empresa Odebrecht, que admitió haber sobornado a funcionarios en varios países, Perú entre ellos, para ganar obras públicas entre 2005 y 2014.
Albrecht dijo a la prensa que serán citados a la comisión los ex presidentes de los tres últimos gobiernos: Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala. “Serán citados de acuerdo al consenso de los miembros de la comisión que se han declarado en sesión permanente”, dijo Albrecht en conferencia de prensa. En las indagaciones de la comisión están incluidas también las firmas brasileñas Camargo Correa, OAS, Andrade Gutiérrez, Quiroz Galvao y otras que se beneficiaron con obras a cambio del pago de coimas, según una nota del Congreso.
Esta es la segunda comisión “Lava Jato” que se instala en el Congreso peruano. La primera fue en la legislatura anterior entre 2011 y 2016. Esa comisión levantó el secreto bancario a cerca de 150 personas, entre ellas ministros, viceministros y presidentes, pero sólo encontró a un ciudadano que no pudo justificar 400 mil dólares y fue puesto a disposición de la fiscalía.
La constructora brasileña Odebrecht está negociando con la fiscalía de Perú la entrega de información y devolución de dinero de las ganancias ilícitas en el país, según el Ministerio Público. Odebrecht participó en más de 40 proyectos de inversión en el periodo investigado en Perú, los cuales implicaron más de 12 mil millones dólares en gasto público para la ejecución. El Ministerio Público viene investigando desde hace unos meses el caso “Lava Jato” y desde noviembre, a Odebrecht.
Un grupo de fiscales viajó a Suiza y Brasil para recoger informaciones. Hace una semana el ministerio peruano de Justicia creó un grupo especial para analizar las informaciones resultantes de las investigaciones sobre las denuncias de sobornos contra Odebrecht. A su vez, el fiscal general, Pablo Sánchez, señaló el lunes que aún no se conocen nombres de presuntos involucrados y aseveró que su institución no aceptará presiones. Sánchez se reunirá la siguiente semana con su homólogo brasileño, Rodrigo Janot, en Brasilia, para afianzar lazos de colaboración en el caso, según informó la Fiscalía. El caso estremeció al Perú desde que en diciembre la Justicia de Estados
Unidos reveló que Odebrecht, mediante un acuerdo, reconoció haber pagado 29 millones de dólares en sobornos en Perú entre 2005 y 2014 para que se le adjudicaran obras contratadas, práctica que se extendió en otros países de América Latina. En ese periodo el gigante brasileño ejecutó al menos unas 15 obras, entre ellas las construcciones de una central hidroeléctrica, la carretera Interoceánica Sur, el gaseoducto sur peruano, el Metro de Lima, uno de los pocos transportes públicos masivos de la capital, y sistemas de irrigación y de agua potable.
Por otro lado, un juez ordenó el martes a las instituciones públicas de Ecuador que se abstengan de sellar contratos con Odebrecht, en el marco de la enorme trama de corrupción que se investiga en varios países. “Durante investigación de contratos de Odebrecht en Ecuador, las instituciones estatales no podrán, temporalmente, contratar con esa empresa”, informó el fiscal general de Ecuador, Galo Chiriboga, en su cuenta de la red social Twitter. Añadió que por pedido de Fiscalía, como un acto urgente, el juez de Pichincha resolvió que instituciones se abstengan de celebrar contratos con Odebrecht.
A finales de diciembre, Andrés Páez, candidato a vicepresidente de Ecuador por el movimiento opositor CREO, anunció que está dispuesto a viajar a Estados Unidos en busca de información sobre los supuestos involucrados en presuntos sobornos de la empresa brasileña en el país andino por unos 33,5 millones de dólares. No obstante, el gobierno ecuatoriano señaló que no aceptará sin pruebas ni beneficio de inventario las versiones de funcionarios de Odebrecht sobre supuestos sobornos de la empresa. El presidente Rafael Correa, en el poder desde 2007, expulsó a la firma brasileña en 2008 por irregularidades en la construcción de la hidroeléctrica San Francisco, pero la compañía regresó en 2010 para completar la construcción de una nueva fase del metro de Quito.
