Algunas escuchaban los gritos de las torturas que salían del subsuelo, pero otras estaban con el horror tan colmado de lo que pasaba en el primer piso (el lugar del pabellón de homosexuales, el “PH”), que ni resto tenían para el espanto ajeno. El territorio es el centro de Rosario. Donde hoy funciona la casa de gobierno, había cuatro bloques dedicados a la detención de presos políticos, detenidos civiles, mujeres y uno especial para amorales, donde la mayoría de las trans que sobrevivieron a la muerte o el exilio pasaron su temporada del infierno. En 2018, a 35 años de la vuelta de la democracia, y a tan solo ocho del fin de los edictos que condenaban el “travestismo” en la provincia de Santa Fe, Carolina Boetti empieza por el final su relato de la flamante pensión por presa política trans:

-No lloré. Tomé la resolución de manos del gobernador y me fui con la cabeza a otra parte, porque sabía que si largaba una lágrima, iban a empezar a salir muchas. Cuando llegué a casa sí, ahí se me vino una catarata de recuerdos encima. No hubiera pensado que iba a llegar el día de que en el mismo lugar que nos encerraban, reconocieran el daño que nos hicieron.

Carolina es la primera, de 21 personas travestis y trans que iniciaron los trámites al momento, que recibió una pensión de parte del gobierno santafesino por haber sido detenida en la última dictadura cívico militar (y a esta altura de los archivos desclasificados podemos sumarle eclesiástica, económica y sexual). Carolina, Carol, se dedica a la actuación y dice que sobrevivió por haberse exiliado en Europa. Porque acá, y señala con sus uñas delicadas una calle cualquiera del barrio Pichincha, no se podía ni salir al almacén.

-Había una policía especial que nos perseguía, la división de Moralidad Pública. Era una constante, se paraban con los Falcon verdes en la puerta de la pensión y hacían guardia hasta que saliéramos. Nosotras íbamos a comprar el pan y si nos agarraban no volvíamos más: nos daban hasta 120 días de arresto. Después ni siquiera esperaban a que saliéramos: se metían en cualquier lugar y nos llevaban. Recuerdo que una vez estaba en un restaurante y había una jueza que se acercó y nos dijo: “Donde yo estoy ustedes se van porque las mando al calabozo”. Fueron diez años de mi vida que prácticamente no los viví porque estuve presa. 

La resolución que le otorga el resarcimiento a Carolina es histórica. Está firmada por el director de la Caja de Pensiones Sociales, Mario Rubén Silvestrini, y fija un sentido para futuras decisiones administrativas. Concluye que Carolina “fue víctima de objetivos políticos de las Fuerzas Armadas” durante la dictadura, “que implicaron persecución y represión en el ámbito de la diversidad sexual, lo cual conllevo el despliegue del poder punitivo del Estado como estrategia de control social, en el marco de un contexto represivo a quienes expresaran públicamente una identidad de género diferente a la de hombre-mujer”. De esta manera, reconoce explícitamente que las vidas trans fueron penadas por el aparato represivo.

A los 15, cuando hizo visible su identidad, Carolina quedó en la calle, expulsada por su familia. Ahí empezó a dar vueltas para pasar las noches y no tuvo posibilidad de terminar la escuela. Por entonces la capital rosarina alojaba a 40 personas trans que estaban en la misma situación que ella y se agrupaban en no más de tres pensiones, que les cobraban un diferencial a su antojo: el impuesto a la identidad. Y a falta de otras opciones para estar bajo un techo durante el día -y así evitar la cárcel por los delitos de travestismo, vagancia u oferta de sexo-, había que pagar.

¿Y cuántas veces estuviste detenida?

-No sé, imposible sacar la cuenta. Era algo continuo. 

La respuesta de Carolina es igual a la de Marzia Echenique, otra de las que figuran en la lista de personas a que se les otorgará la pensión: 

-Aunque contara todas las veces que dice el prontuario faltarían otras, ya que hay una cantidad de documentos que estaban en la gobernación que desaparecieron, los prendieron fuego. 

Marzia estuvo exiliada en diferentes partes de Europa desde 1988 hasta 2010, cuando la crisis le dio pie para pensar en la Argentina como una posibilidad mejor. Allá conoció a su actual marido, tomó clases de italiano, de peluquería y se las rebuscó como pudo; yendo y viniendo en una motito que compró con sus primeros ahorros. Apenas volvió a su Rosario natal, se asoció con un amigo y fundaron lo que hoy es su petit palacio: la peluquería Roma, adornada con plotters rimbombantes de la Fontana di Trevi y Sophia Loren. La Roma se hizo de una clientela fiel: por su gusto exquisito y sinceridad en las recomendaciones, además de salón de estilismo se volvió la cocina de las confidencias barriales. Caída la noche, una vez que cierra las cortinas, dice que al tema de la reparación, más que reparación, prefiere llamarlo reconocimiento:

-Digo que es un reconocimiento y no una reparación porque no se va a poder reparar lo que el Estado hizo con nosotras. A mí me arruinaron la juventud, mi carrera, perjudicaron a mi familia, me obligaron al exilio y me privaron de lo más preciado que puede tener una persona que es la libertad, ¿eso se puede reparar? Yo hoy tengo 55 años, eso no se repara más.  

En algún punto Marzia siente que tuvo más suerte que otras, porque a los saltos pudo terminar el secundario y su familia, pese a un primer rechazo por su identidad, no la dejó tirada en las constantes detenciones por las que pasó. 

“El Estado me obligaba a estar en una identidad que no era la mía para poder vivir en libertad, estar en un bar tomando un café o disfrutar una plaza. Nosotras no éramos dueñas de lo cotidiano de cualquier adolescente. Mi primer condena la tuve a los 16 años, ¿dónde se reúnen los adolescentes a esa edad? En las plazas, ¿no? Bueno, nosotras no teníamos un lugar donde reunirnos, porque a las plazas nos iban a buscar. No tuvimos adolescencia porque nos tocó vivirla en los calabozos, atrás de las rejas, en las corridas o en lugares ocultos donde no pudieran  encontrarnos”, dice Marzia entre pausas marcadas por un llanto anunciado, por eso antes de empezar a hablar puso un bollo de papel sobre la mesa, entre el secador de pelo y las tijeras. 

MEMORIA PARA NO REPETIR

De las 21 personas que se anotaron para recibir la reparación, el relato de Marcela Viega tiene un extra: además de las veces que estuvo detenida en Rosario, pasó 17 días en el centro clandestino conocido como El Pozo de Banfield. Tuvieron que pasar muchos años para que Marcela pudiera ponerle palabras a lo que pasó, y lo hizo animada después de una charla con una compañera de aquella época, cuando hacía parada en Camino de Cintura:

-Susana La Patona me dijo que había hecho una denuncia por estar detenida por las Fuerzas Armadas y que le dieron una jubilación. Yo también estuve en un centro clandestino, pero no tenía idea de las reparaciones y como fue un momento tan doloroso de mi vida pasaron los años e intenté olvidarlo. 

Su relato coincide con el de otras personas que estuvieron en El Pozo, que se caracterizaba por tener “buzones” en el primer piso.

-Me chuparon en el Camino “Negro” de Cintura y me llevaron encapuchada hasta un cuarto de un metro y medio por cincuenta centímetros. Entrabas así paradita y ni siquiera podías llegar a estirar las piernas: mido un metro setenta y ocho, así que estuve doblada 17 días. Salí de ahí con 38 kilos, porque no me daban de comer, y tenía que hacer mis necesidades ahí mismo. Escuchaba que otras personas murmuraban, pero ver no pude ver a nadie porque no me dejaban salir. No sabía si era de día, de noche y perdí toda conexión con lo que pasaba. Si la puedo contar es gracias a la compañera Gina Vivanco y a mi pareja de entonces, Carlos Ibarra, que pusieron plata para conseguir un abogado que se la jugara y me rescataron. 

Hace dos años que Marcela trabaja en la casa LGBTI de Rosario, donde se tejió la idea de gestionar una reparación como la que había recibido Susana La Patona. Una vez que Marcela pudo ponerle palabras al horror, las demás compañeras también lo hicieron: así fue que uniendo los relatos todas las mayores de 50 se dieron cuenta que estuvieron detenidas durante la dictadura. Lo que siguió fue juntar recortes de diarios donde salían sus nombres, actas de detención y armar carpetas para iniciar el reclamo junto a la Subsecretaría de Políticas de Diversidad Sexual de la provincia, que conduce Esteban Paulón.

“En Santa Fe hay una ley del año 2012 que fija una reparación y obra social para detenidos por razones políticas, gremiales y estudiantiles durante la última dictadura. El planteo que hicimos fue que las detenciones sistemáticas y la persecución por identidad de género son plausibles de interpretarse en los motivos que apunta esta ley, ya que todas identificaban esas detenciones como el motivo por el cual no habían podido estudiar, desarrollar su proyecto de vida o quedar expulsadas al exilio”, dice Paulón, quien trabajó en conjunto con la Secretaría de Derechos Humanos provincial para concretar las presentaciones judiciales, que son parte de los requisitos que pide la normativa provincial 13.928: comprobar al menos una detención entre 1976 y 1983.

“El punto es que claramente dentro del modelo que impulsaba el gobierno militar, había un bajamento muy fuerte en la familia católica y en una forma única de vivir y expresar la sexualidad. Como en todos los regímenes totalitarios, las sexualidades disidentes fueron perseguidas con especial crudeza y violencia. Todavía hoy expresar pública y abiertamente la elección sexual y la identidad de género constituye para nosotros un hecho político, mucho más en el colectivo trans, que como decimos siempre, no tienen la posibilidad de un armario. Claramente ellas eran detenidas por revelarse a un régimen que intentaba promover una única forma de sexualidad, una única forma de familia, una única forma de identidad”, explica Paulón. 

Así lo entendieron también los juzgados que intervinieron, cuya función en estas pensiones es meramente administrativa: dar cuenta de que los testimonios y todos los documentos presentados son reales. Más allá de esto, en los escritos surgen párrafos que servirán como jurisprudencia. Por ejemplo, la resolución del caso de Ana María Escalante dictamina que “fue perseguida política y privada ilegítimamente de su libertad en razón de su identidad de género por las fuerzas policiales de Rosario, como consecuencia del accionar del terrorismo de Estado durante la última dictadura”. Es un detalle para subrayar: hasta el momento la figura de presa política por identidad de género no se había usado en los procesos de memoria y reparación. 

Lo que sigue será llegar a una ley que comprenda la persecución sistemática más allá del periodo de la dictadura, ya que en muchas provincias los códigos contravencionales por los que las personas trans caían detenidas siguieron hasta hace pocos años. Según Paulón, la reparación histórica es dar un primer paso con la ley que en este momento hay vigente en la provincia, pero no se agota en esto: “La idea es que esta instancia abra un debate para generar otras herramientas legislativas. En 2011 presentamos un proyecto en la provincia que llamamos la Asignación para la Ciudadanía Trans, que propone un ingreso garantizado para las personas trans mayores de 40 años, que son las que sufrieron las detenciones contravencionales. También el cupo trans termina siendo una política de reparación, porque habilita una posibilidad de inserción social”. 

Y vos Marzia, ¿qué proyectás? 

-Yo pienso que las chicas trans tienen que ocupar espacios que nos pertenecen, porque ocupando espacios te hacés visible. Y el hacerte visible te hace natural, o sea visibilizar para naturalizar, que es lo que se necesita en la sociedad hoy en Argentina. Para mí estamos en un muy buen camino, aunque siempre se podría hacer mejor, lógico. Y si yo estoy haciendo este reportaje, lo hago por el solo hecho de que esto quede en la memoria, porque la memoria es importante. Memoria para que no se vuelva a repetir.