El Tribunal Supremo español confirmó ayer el procesamiento por delitos de rebelión, desobediencia y malversación del ex presidente de Cataluña Carles Puigdemont y de otros 14 investigados en la causa abierta por el proceso separatista. Los magistrados consideran “suficientemente razonable” calificar los hechos como delito de rebelión al considerar que existió “un alzamiento” con un uso “torticero” (injusto) del poder para conseguir la  independencia de Cataluña al margen de la ley, informó el tribunal.

En cuanto al delito de malversación, observan “un sistema de engaño” que ocultaba el destino de cantidades de dinero a fines relacionados con el referéndum soberanista ilegal que Cataluña celebró en octubre. El Supremo rechazó así la “persecución política” alegada por los investigados en su recurso contra el auto de procesamiento dictado por el juez Pablo Llarena el pasado 21 de marzo.

El alto tribunal reitera la constatación de actos de violencia encaminados a la consecución de una finalidad, en este caso la celebración del referéndum del 1 de octubre, que había sido prohibido de antemano por el Tribunal Constitucional. Para el Supremo, esto era “un elemento previo e imprescindible para proceder finalmente a la declaración unilateral de independencia”. El tribunal considera también que la ejecución de estos actos “fue asumida y alentada por los autores del plan”, que “planearon la movilización popular y el enfrentamiento físico con los agentes representantes del Estado como la forma de obligar a éste a claudicar y aceptar la declaración y el mismo hecho de la independencia”.

Los magistrados destacan que aunque el término “rebelión” evoca los pronunciamientos militares, el artículo del Código Penal que lo recoge no exige “el empleo de armas”. “Aunque la violencia debe estar necesariamente presente, cabe una rebelión sin armas”, subrayan. Precisamente el posible uso o no de la violencia en el proceso independentista es una de las claves que analiza la Justicia de Alemania para decidir sobre la entrega de Puigdemont a España. A principios de abril, el Tribunal Regional Superior de Schleswig-Holstein (OLG) desestimó la solicitud enviada por la Fiscalía germana de tramitar la extradición del separatista en virtud de los delitos de rebelión y malversación que le imputa España.