En línea con el pedido que hizo el presidente Mauricio Macri a fines del año pasado, en el Ministerio de Trabajo estudian un recorte de mil millones de pesos en distintos programas de reinserción social, entre ellos, los que tienen como intermediarios a los movimientos sociales que forzaron el año pasado la Ley de Emergencia Social. Desde Barrios de Pie, salieron a cuestionar la posible guadaña que pasará por los fondos de distintos programas en la cartera que conduce Jorge Triaca. Otras organizaciones sociales interpretaron que era una herramienta de presión ante la futura conformación del Consejo de la Economía Popular y el Salario Social Complementario.

Un documento interno del Ministerio de Trabajo que trascendió ayer indica que tienen pensado para este año “un ahorro cercano a los mil millones de pesos debido a 10 políticas que no siguen”. El texto coincide con un pedido que les hizo Macri a sus ministros en la última reunión del gabinete ampliado: “En la primera reunión del año que viene quiero que me traigan las diez cosas que van a recortar”. Incluso, en aquel encuentro de diciembre hubo una filmina –publicada por PáginaI12– que decía: “Un objetivo adicional para 2017: cada ministerio presentará las 10 cosas que dejará de hacer”. Aunque no se conocen las listas de los otros ministerios, en Educación ya iniciaron el despido de 3 mil trabajadores.

En la lista de recortes de Triaca se encuentran una serie de planes que serían o anulados o cambiados sustancialmente. Entre ellos, está el programa de Entrenamiento en el Trabajo e Inserción Laboral (570 millones de pesos en el presupuesto 2016), el Seguro de Capacitación y Empleo (200 millones), el Programa Empleo y Capacitación (36 millones) y el de Formación Profesional Pública (20 millones).

En el documento interno de Trabajo indican cuánto dinero hasta el año pasado se canalizaba a través a las distintas organizaciones sociales. Barrios de Pie estaba a la cabeza de la lista con 11.348.619 pesos; la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) estaba segunda con 10.426.800; mientras que la Tupac Amaru de Milagro Sala figura con 7.832.600; la Martín Fierro, con 7.519.770; la Federación de Tierra y Vivienda (FTV), de Luis D’Elía, con $ 7.100.025;, y UyE, con 6.673.200 pesos. Más abajo en el ranking figuraba la Corriente Clasista y Combativa, que lidera Juan Carlos Alderete, con 5.992.650; el Movimiento Sin Trabajo “Teresa Vive” (MST), con 4.854.125; el Frente Darío Santillán, con 1.236.040; y la Asociación Gremial de Trabajadores Cooperativistas, con 531.360 pesos en 2016. Y 23.431.260 fueron canalizados a través de otras organizaciones.

Ya en el informe presentado por el macrismo llamado “El estado del Estado”, el Ministerio de Trabajo dejó trascender que su opinión sobre esos programas era que lejos de “mejorar la productividad y empleabilidad de los participantes, fueron usados con una lógica clientelar”. “Se priorizó el apoyo político de los participantes, pero no se les brindaron las herramientas para reinsertarse en el trabajo”, argumentaron en esa oportunidad. Incluso citaron una encuesta “de la Universidad Nacional de La Plata” según la cual “el 84 por ciento de los beneficiarios creía que este tipo de programas eran más un instrumento político que de reinserción laboral”. La idea del ministerio sería cambiar el rol de los movimientos sociales, que ya no canalizarían los programas, al tiempo que realiza un recorte de gastos y crea programas con mayores requisitos y con un perfil exclusivamente ligado a la reinserción laboral. Este diario intentó comunicarse con el Ministerio de Trabajo para buscar precisiones, pero ninguno de sus voceros atendió el teléfono.

En la CTEP prefirieron no opinar hasta no tener más información sobre el alcance que tendría el recorte, pero dejaron entrever que podría ser un mecanismo de presión ante la formación del Consejo de la Economía Popular. El coordinador nacional de Barrios de Pie, Daniel Menéndez, sostuvo que “sería una mala señal por parte de gobierno nacional profundizar una situación de ajuste ante un año que promete ser muy desfavorable para los sectores humildes, incluso peor que el 2016. Recortar en mil millones los programas de empleo implica dejar a miles de familias sin una asistencia que actualmente no sólo es necesaria, sino hasta insuficiente”. “Mientras se nos convoca a dialogar –indicó Menéndez–, se avanza en medidas que recortan el gasto hacia los sectores más humildes. Esta es una clara contradicción que nos verá reclamando en las calles por una sociedad más justa e igualitaria.”