En el marco de la causa en la que se lo imputa por presunto lavado de activos y administración fraudulenta, Hugo Moyano se presentó ayer en Córdoba ante el juez Alejandro Sánchez Freytes a quien le entregó un escrito y se negó a responder preguntas. El camionero está sospechado de haber formado parte de un grupo que simuló y aumentó los valores en la compraventa de cinco inmuebles en la ciudad de La Falda.
La investigación a cargo de Sánchez Freytes se inició en octubre del 2014, tras el Reporte de Operación Sospechosa (ROS) que la Unidad de Información Financiera (UIF) envió a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). En el informe, la UIF alertaba sobre movimientos extraños de dinero en torno a la compraventa en 2013 de los cinco terrenos que suman más de 1300 metros cuadrados y están ubicados frente al hotel Primero de Mayo, del gremio de Camioneros. Por esos inmuebles, que habían sido adquiridos dos meses antes a poco menos de 310 mil pesos, el sindicato pagó 6 millones. La brecha entre ambas operaciones generó la denuncia de la UIF y la imputación. Por la misma causa, se encuentran imputados Pablo Villegas, también de Camioneros, y los empresarios Carlos Mesías, Rubén Jorge Cappuccio y Enrique Mariñasky. Cuando la denuncia tomó estado público, el abogado a cargo de la defensa de Moyano, Daniel Llermanos, reconoció la existencia de la compra de los terrenos pero la desestimó por “carecer de seriedad” y la consideró parte de la persecución judicial contra el camionero. Incluso Llermanos viajó a Córdoba para presentar documentación contable e institucional en la que demostraba la inexistencia del delito. En aquel escrito señaló que Moyano enfrentaba “una feroz e ilícita campaña mediática destinada a desprestigiarlo”.
