El programa de ajuste y reformas que habilitó el préstamo por hasta 50.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional durante tres años incluyó un conjunto de medidas de “apoyo a la equidad de género”. Las propuestas que fueron celebradas por la titular del organismo multilateral, Christine Lagarde, acompañan al recorte en la obra pública, la reducción en las transferencias a las provincias, los aumentos de tarifas, el ajuste del empleo público, los cambios en la política monetaria y la vigencia de un tipo de cambio determinado por el mercado. Para “lograr que las mujeres argentinas puedan lograr todo su potencial”, el Memorándum de Políticas Económicas y Financieras elaborado por el gobierno argentino propone acciones para “promover la igualdad de remuneración” y “reducir los desincentivos para que las mujeres participen del mercado laboral”. A contramano del optimismo oficial con la iniciativa, la economista del Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas (Ciepp), Lucía Cirmi Obon, considera que “el acuerdo con el FMI no sólo impide resolver las desigualdades que afectan a las mujeres sino que las profundiza”. En diálogo con PáginaI12, la investigadora feminista advierte que “la solución para la desigualdad en los ingresos laborales no puede ser a través del mercado, para resolver la brecha salarial es necesario redistribuir las tareas de cuidado que hoy recaen sobre las mujeres”.   

–¿Las medidas especificas previstas en el acuerdo con el FMI “mejoran la igualdad de género”? 

–No es así. La política de ajuste y reformas que el Gobierno le propuso al Fondo para acceder al financiamiento no sólo impide resolver las desigualdades que afectan a las mujeres sino que las profundiza. Es un ajuste recesivo donde el recorte del gasto público va directamente a sectores que están altamente feminizados. Reducir las transferencias a las provincias, ajustar obra pública y achicar el empleo estatal afecta actividades como salud y educación donde más del 70 por ciento de los trabajadores son mujeres. Pero, además, cuando el Estado se achica deja de brindar servicios de cuidado y cuando eso sucede quienes se hacen cargo son las mujeres en los hogares. El ajuste cae sobre las mujeres. Son ellas quienes deben cumplir con un mandato social que las señala como responsables de cuidar, por ejemplo, a los niños después de clase o a los mayores enfermos. El programa argentino con el FMI se apropia de algunas consignas feministas cambiándoles la lógica. Es una apropiación parcializada, simplificada y contradictoria.

–¿Por qué?

–La apropiación que hacen los organismos internacionales de las consignas feministas es una problemática histórica. En los años ‘90 hablaban de empoderar a las mujeres a través de las microfinanzas como si resolver la desigualdad de género fuera responsabilidad de una. A lo largo de los últimos años hubo algunos avances y en espacios como el Foro de Davos se empezó a reconocer la existencia de una brecha salarial. El problema es que desde la perspectiva que reproduce el acuerdo con el FMI quien ofrece la solución para la desigualdad es el mercado. La brecha salarial es la punta del iceberg en un universo de desigualdades. La visión plasmada en el Memorándum de Políticas Económicas y Financieras entregado al Fondo desconoce la existencia del trabajo no remunerado que sucede en los hogares y realizan las mujeres. Ese trabajo permite que la producción ocurra. Existe la brecha salarial porque hay desigualdad en el hogar. Son las dos caras de la misma moneda. Las propuestas del Gobierno y las recomendaciones del FMI simplifican el problema de la brecha salarial y siguen dejando afuera a la economía del cuidado. El proyecto macroeconómico va en contra de la mejora en la calidad de vida de las mujeres.

–Entre las políticas prometidas al FMI figura la de incrementar la participación de las mujeres en el mercado de trabajo. 

–Más mujeres pueden salir a buscar empleos en el mercado pero si la situación económica es mala y si los trabajos de cuidado continúan a cargo de ellas entonces cuando consigan empleos serán por menos tiempo, con una escala jerárquica inferior y en actividades similares a las tareas de cuidados. En Argentina la mitad de las mujeres que tienen hijes menores de tres años salen del mercado de trabajo. Quedan a cargo de las actividades de cuidado que no se distribuyen con los varones y no existen alternativas estatales. Y, si vuelven a trabajar, lo tienen que hacer buscando alternativas más flexibles. Como hay trabajo no remunerado en los hogares, la lógica del mercado no va a resolver las desigualdades. El programa que Argentina le propuso al FMI bloquea las consignas feministas.

–¿Cuál es su evaluación del proyecto de equidad salarial impulsado por el Gobierno que ya comenzó a discutirse en el Congreso?

–La iniciativa que también forma parte de las medidas ofrecidas al FMI plantea que es posible eliminar la desigualdad salarial prohibiéndola. Es un planteo superficial porque no se ocupa de modificar la distribución del trabajo de cuidado ni ofrece alternativas desde el Estado. Como dije antes, ahí es donde residen las razones de la brecha salarial. La iniciativa tiene elementos positivos vinculados a la inclusión de las familias diversas y adoptivas en las licencias por maternidad y paternidad pero sigue presentando a los varones como colaboradores. Establecer 15 días de licencia es bueno pero aún persiste una diferencia importante con las mujeres que tienen 90 días. Las licencias deberían ser igualitarias. Pero además el proyecto puede profundizar las desigualdades de género ya que contempla la posibilidad de que los trabajadores con hijes menores de cuatro años puedan optar por una jornada laboral reducida. Quienes se van a inclinar por esa opción son mujeres. Y no todas, sino aquellas que tengan la capacidad económica para bancar la reducción de sus ingresos. Es necesario garantizar espacios de primera infancia para todos los chicos.