Los errores de planificación del gobierno porteño en las obras que se están realizando en la Villa 31, sumada a una política que, en contra de la ley vigente, está dejando afuera de la discusión sobre la reurbanización del barrio a los vecinos, produjo un combo de reclamos que ayer se expresaron, primero, con una quema de gomas para detener la maquinaria de construcción que estaba rajando algunas viviendas y, después, con un corte de calles frente a la Terminal de Omnibus de Retiro. En el bloqueo a la salida de los micros, que comenzó pasado el mediodía y se mantuvo hasta última hora de la tarde, los vecinos en asamblea exigieron que el gobierno les dé participación efectiva en la elaboración del nuevo dictamen para urbanizar el asentamiento, que el oficialismo pretende votar en julio en la Legislatura. Hoy los vecinos se movilizarán a Venezuela 151, donde el gobierno discutirá a puertas cerradas con los Consejeros del barrio el proyecto.

Quienes viven en la 31 lo explican sin vueltas: el barrio está estallado por obras de infraestructura que el gobierno lleva adelante sin una planificación que tenga en cuenta la vida de sus habitantes. Por las obras, hay personas que se han lesionado por falta de seguridad, sectores de casas que quedaron encerradas y que no tienen por donde salir, y áreas cubiertas de barro. En definitiva, una vida cotidiana totalmente alterada, a la que se agrega el miedo a la política de desalojo forzoso que ya implementó el gobierno porteño –el 24 de febrero, una familia del barrio del sector Cristo Obrero fue desalojada y se les demolió la vivienda con la excusa de que estaba en riesgo la vivienda–.

El malestar y las sospechas de los vecinos se encendieron ayer a la mañana, en las manzanas 20 y 21, donde las obras estaban rajando las paredes de algunas viviendas. Con miedo, no solo al deterioro de sus hogares, sino a que las obras dejen en ruinas las casas para poder desalojarlas, las familias decidieron salir a la calle y quemaron gomas para que detener el avance de las maquinarias.

Al conflicto, se sumó el rumor, que corrió como reguero de pólvora, de que unas manzanas iban a ser desalojadas, que pusieron al barrio en estado de alerta y movilización. Pasado el mediodía, alrededor de 200 vecinos se juntaron y cortaron la calle de salida de la Terminal.

Héctor Guanco, de la Mesa de Urbanización Participativa, explicó a PáginaI12 que “todo esto se da en medio de la discusión por la nueva ley que quieren implementar para reemplazar la 3.343, y en la que no nos dan participación. Nos cerraron las puertas y nunca nos tuvieron en cuenta. Recién en la última semana, y porque están apurados por votar la ley en julio, nos informaron que el miércoles (pasado) se hacía una reunión, otra mañana (por hoy) y una más el 7 de junio, porque el 10 la presentan en la Legislatura”. 

“El dictamen que prepararon lo discutieron con técnicos el año pasado, este año con los Consejeros, pero sin el barrio. Y no estamos de acuerdo con que se presente esa ley porque hay muchas cosas que no se discutieron ni están aclaradas: hablan del costo de la tierra y nosotros hace 80 años que vivimos acá, por lo que creemos que no tenemos que pagar por ellas (hay otras urbanizaciones en marcha, como el barrio Rodrigo Bueno, donde no se les pretende cobrar las tierras a los vecinos). La forma de pago, la escrituración, el derecho a elevar la vivienda, el tema de los comercios, que no los reconocen, son parte de las cuestiones que no están saldadas. Como no presentaron ningún plano, tampoco sabemos cuáles van a ser los acceso para los transportes ni como será el trazado de las calles”, explicó.

El titular del Observatorio del Derecho a la Ciudad, Jonathan Valdivieso, explicó que entre las cosas que plantea el oficialismo “está cobrar a los vecinos un prorrateo de lo que el gobierno está gastando en urbanizar el barrio. Esto, sumado a lo que le van a cobrar por el suelo, cuando en otros barrios no se va a cobrar, y el precio por la vivienda y los servicios van a hacer estallar las economías familiares de un barrio cuyo promedio de ingresos es de 8.000 pesos”.

“La experiencia de las familias del barrio Cristo Obrero que se relocalizaron en el nuevo sector de la Villa 31 Bis, denominado Containera, están angustiadas porque se les rompió la economía familiar, perdieron sus ingresos porque tenían pequeños comercios y se quedaron sin clientela. Y todas las familias del barrio tienen esa experiencia en mente”, cuando se habla del tema, detalló.