La adjudicación irregular del Ministerio de Defensa a una compañía española para la búsqueda del ARA San Juan complicó aún más los tiempos para hallar al submarino y sus 43 tripulantes desaparecidos hace siete meses en el océano austral: el contrato fue objetado oficialmente y la adjudicación directa quedaría anulada. La novedad se conoció anoche, mientras un grupo de familiares de los tripulantes llevaba más de 24 horas encadenado a las rejas de Plaza de Mayo en reclamo de que Defensa reanude la postergada búsqueda.    

Un dictamen conjunto de la Oficina Nacional de Contrataciones del Ministerio de Modernización señaló que la documentación aportada por la adjudicataria Igeotest Geosciencies SL no corresponde a la misma (como denunció la abogada Valeria Carreras en representación de varios familiares de los tripulantes), por lo que se trata de “personas jurídicas distintas” y “se entiende que existe un error esencial en la oferta, motivo por el cual esta Oficina Nacional considera que esta cuestión no es susceptible de subsanación” de acuerdo a lo que establece la legislación vigente. Por ello, la adjudicación directa quedaría anulada. 

Aunque en paralelo avanza la causa penal por la posterior adulteración de la información en la página oficial “Compr.Ar” del Ministerio de Modernización, los familiares que realizaron la denuncia propusieron al resto que soliciten al Ministerio de Defensa que establezca un plazo perentorio (de muy pocos días) para volver a analizar los oferentes y adjudicar la licitación “para avanzar en la búsqueda efectiva” del submarino. 

En tanto, los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan, encadenados a las nuevas rejas de Plaza de Mayo desde el miércoles por la tarde, reclamaron una reunión con el presidente Mauricio Macri y con el ministro de Defensa Oscar Aguad para que ambos expliquen las demoras en la contratación de una empresa para continuar con la búsqueda de la embarcación. Madres, esposas y hermanas de los marinos piden que se acelere la licitación prometida por el gobierno en febrero y denunciaron que a casi ocho meses de la desaparición de la nave las autoridades no pueden precisar qué pasó.

“Espero que el señor Presidente se digne a recibirnos. Estamos acá y nos puede mandar a llamar; él sabe lo que necesitamos”, explicó Zulma, madre de uno de los 44 marinos desaparecidos. La mujer recordó que Macri sólo los atendió “45 minutos, en enero”. Desde el 1 de abril, luego de que concluyera la colaboración internacional, ya no queda ninguna embarcación en condiciones de encontrar al submarino, desaparecido el 15 de noviembre pasado.  

“Exigimos la contratación de una empresa privada que tenga los AUV (vehículos submarinos autónomos, equivalentes a drones submarinos), los únicos en condiciones de encontrar al submarino”, aclaró Fernanda, novia de uno de los tripulantes. “Macri y Aguad nos prometieron buscarlo pero no han tomado las medidas para hacerlo”, puntualizó Fernanda.

La firma española fue elegida el 1 de junio “por ajustarse técnicamente a lo requerido (...) y su precio resultar conveniente”, según el Dictamen de Evaluación de Ofertas. Pasadas 72 horas del dictamen, esa preadjudicación se hubiese convertido en una adjudicación formal, lo que habría permitido que comenzara la búsqueda, pero el trámite quedó inconcluso. En ese momento, inclusive, se había acordado que el barco que llevaría los equipos al Atlántico Sur sería uno de la Armada, el ARA Austral, dado que había quedado vacante la contratación de una nave para transporte tras el rechazo de ocho ofertas por parte de los técnicos.

El ARA San Juan perdió contacto el 15 de noviembre de 2017, cuando navegaba desde Ushuaia rumbo a Mar del Plata. El último contacto fue a la altura de la costa de Chubut. En el submarino había una tripulación de 44 personas. Un organismo internacional detectó una explosión submarina en esa zona el día de la desaparición. Varios barcos de procedencia internacional colaboraron en la búsqueda entre fines de 2017 y comienzos de este año, con resultado infructuoso.