A más de un año de la última suspensión, en marzo de 2017, finamente se convocó a una nueva audiencia por el conflicto entre el Correo Argentino y el Estado Nacional por la deuda de más de 4 mil millones de pesos que mantiene la empresa del Grupo Macri. A pedido del abogado del holding presidencial, las camaristas Matilde Ballerini y María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero citaron a las partes para el 10 de julio a las 11 de la mañana. En el escenario actual es poco probable que se logre un avance significativo dado que esta semana también se conoció que, lejos de apurar los tiempos para resolver la cuestión, el Procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías solicitó (en representación del Estado) que se suspendan todos los plazos procesales hasta tanto no se resuelvan las otras causas judiciales que involucran a las partes. Este pedido va claramente en beneficio de la empresa del Presidente y su familia, que hace más de 15 años que sigue sin pagar su deuda. 

“Con vista de la mejora de la propuesta que fuera presentada por la concursada y notificada a esta parte el 1 de junio de 2018. Al respecto informo que: i) existen sendos planteos pendientes de resolución en esta causa, y ii) hay litigios entre el Correo Argentino S.A. y el Estado Nacional en los que se discute, entre otros asuntos, la titularidad dominial del inmueble que la concursada ofrece como mejora. Por ello, solicito a V.E. tenga por contestada la vista y suspenda los plazos procesales hasta tanto se resuelvan las cuestiones pendientes”, reza el escrito firmado por Saravia Frías y el letrado Carlos Gustavo Pistarini. La breve nota del jefe de los abogados del Estado era en respuesta a la insólita propuesta con la que el Grupo Macri pretendía cancelar su deuda: un edificio en la localidad de Monte Grande cuya valuación no sólo es muy inferior a la deuda (41 millones de pesos contra 4.200 millones. Sí, menos que el 1 por ciento), sino que ni siquiera es propiedad del Correo, sino del Estado.

“Venimos a solicitar que se fije una audiencia con la participación del representante del Estado Nacional, señor Procurador General del Tesoro, para tratar los alcances de la mejora de propuesta presentada en estos actuados”, pidieron luego el letrado Jaime Kleidermacher, en representación del presidente de Correo Argentino S.A., Jaime Cibils Robirosa, que también firmó el pedido.

La nota de Kleidermacher y Robirosa fue la que disparó la decisión de las juezas de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de convocar a una audiencia para dentro de 10 días. De esa reunión también participará la fiscal Gabriela Boquín, quien fue la que impidió que se concretara el acuerdo por considerarlo “ruinoso” y “abusivo” para la arcas del Estado. 

Según publicó este diario, una vez que se conoció públicamente el acuerdo que habían hecho el Correo y los representantes del ex Ministerio de Comunicaciones, que implicaba la condonación de casi la totalidad de la deuda, el presidente Mauricio Macri anunció que todo volvería a “foja cero” y habría una nueva negociación. El Estado renunció al convenio original y pidió una nueva audiencia en la Cámara Comercial, que debe homologar lo que pacten las partes. La cita era el 16 de marzo de 2017, pero los propios representantes del Gobierno pidieron una prórroga, que nunca se decretó oficialmente pero que -para satisfacción de la empresa deudora- duró hasta ahora.