Dos docentes de la ciudad de La Plata, que cursan postítulos del programa de capacitación virtual Nuestra Escuela, presentaron pedidos de amparo para que la justicia deje sin efecto la resolución del Ministerio de Educación que cambia el régimen de cursada, restringiéndolo, y dispone el cierre de esas especializaciones en diciembre de este año. Plantearon que los cambios implementados por la cartera de Esteban Bullrich les impide terminar sus estudios. El programa en vías de ser desguazado da capacitación gratuita a docentes de todo el país, tanto de escuelas públicas como privadas. Tiene 130 mil cursantes.

Nuestra Escuela es un Programa Nacional de Formación Permanente (PNFP) que funciona por internet, con tutores virtuales. Sus postítulos tienen una duración de dos años y dan puntaje docente. Comenzó a funcionar en el 2014 a través del Instituto Nacional de Formación Docente (INFD) del Ministerio de Educación, luego de un acuerdo de los gremios docentes con el gobierno de Cristina Kirchner. El tema fue el principal logro de la paritaria de ese año, y la respuesta a un reclamo histórico de los sindicatos: el de contar con instancias de formación gratuitas y universales, para todos los maestros del país.  

En aquel momento fue aprobado de manera unánime por el Consejo Federal de Educación, que reúne a los ministros de Educación de todas las provincias. El programa ofrece trece postítulos. A comienzos de 2016 –es decir a poco de su llegara a la Casa Rosada–, Cambiemos cerró tres: Educación y Derechos Humanos, Problemática en Ciencias y Educación y Tecnologías de la información y Comunicación.

La nueva resolución que el ministerio firmó el 23 de diciembre –y contra la que van los amparos– modificó el régimen académico de las cursadas de los postítulos. Por ejemplo, estableció que un alumno que haya reprobado una materia no puede recursarla. Lo mismo para el que se haya anotado pero no la haya sostenido. Esto reducirá la matrícula a su mínima expresión; según explican los coordinadores de Nuestra Escuela, el 90 por ciento de los alumnos quedarán excluidos. Pero además, se puso fecha tope para la continuidad de los postítulos, que serán cerrados en diciembre de este año.

Los pedidos de amparo plantean que la restricción para volver a anotarse en una materia que haya sido reprobada “atenta contra derechos adquiridos”, ya que al comenzar el postítulo tal regla no regía. También impugnan que la resolución los obligue, en el caso de estar cursando dos postítulos, “a indicar antes del 30 de diciembre de 2016 su voluntad de continuar como cursantes activos, so pena de considerar que optaron por el Postítulo donde tengan mayor cantidad de módulos aprobados”. Los docentes aclaran que la resolución ni siquiera indica “cómo debe realizarse dicha opción, ya que no existe lugar habilitado en la plataforma a tal efecto”. En este sentido, califican los cambios dispuestos como “arbitrarios, ilegales y súbitos”. Y advierten que “lesionan, restringen y alteran con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta derechos reconocidos en la Constitución Nacional”.

La presentación judicial fue patrocinada por Ercilia Cascella –que además de docente inscripta en uno de los postítulos es abogada–, y recayó en el juzgado federal número dos de La Plata, a cargo Adolfo Ziulu. Parado debido a feria judicial, Cascella presentó un pedido para que se habilite su tratamiento en la feria, lo que deberá ser resuelto por el juez federal Alberto Recondo.

Con el desguace del programa, los contratos de los 2600 tutores virtuales que lo dictan no fueron renovados este enero, como se venía haciendo hasta ahora. El ministerio dice que los convocarán en el mes de febrero, de acuerdo a la cantidad de cursantes que haya. Pero como se ha visto, el número de docentes que podrán anotarse será mínimo: sólo los que ya hayan hecho el primer año, y de ellos los que nunca hayan reprobado una materia. Es claro así que el destino de la mayor parte de los 2600 tutores virtuales es el de quedarse sin trabajo.