Otra vez la baja de la edad de imputabilidad de niños y niñas está sobre el tapete. El anuncio fue adelantado por uno de los medios que hacen las veces de voceros oficiosos del Gobierno y la noticia fue confirmada por el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano. El procedimiento es conocido por reiterado: los medios afines instalan el tema y esto le permite al Gobierno medir las reacciones, evaluar el impacto y actuar sobre esa base. Con el cinismo que también es una constante en el macrismo, el ministro Garavano afirmó que la reforma “debe ser abordada por la ley, pero en base a consensos con Unicef y todo el arco político”. Desde ya, el ministro reconoce que el organismo internacional está en contra de la baja de la edad, pero con el mismo descaro asegura que se tendrá en cuenta su opinión. Seguramente ese punto de vista correrá la misma suerte que la atención prestada por el gobierno de Cambiemos a los pronunciamientos de los organismos internacionales exigiendo la libertad de Milagro Sala, detenida política. Demás está decir que el gobierno de Cambiemos está muy lejos de ajustar su conducta y sus procedimientos al respeto del derecho internacional cuando este no se corresponde con su propia perspectiva.

La instalación del debate tiene por lo menos un doble objetivo. Frente a las crecientes denuncias de aumento de la inseguridad se pretende generar la idea de que el Gobierno toma la iniciativa para encontrar soluciones al problema. Pero además sirve en año electoral para salir al frente con una medida que fue largamente discutida en la campaña electoral para la presidencia y que es bandera de los sectores más conservadores y retrógrados de la sociedad argentina, a quienes el macrismo cuenta entre su “clientela”. Se trata, una vez más, de un “gesto para la tribuna”, un recurso más de la demagogia electoral.

Existen numerosos pronunciamientos de expertos en contra de la medida que ahora auspicia el Gobierno. No es la pretensión de quien escribe agotar los argumentos, pero sí poner en evidencia algunos de los más evidentes.

Una medida como la propuesta no resuelve los problemas de inseguridad y no tiene incidencia real en la problemática delictiva del país. Hay evidencias y estadísticas que lo demuestran. Por el contrario: de concretarse la propuesta, lo que se logrará es agravar la situación por la criminalización de niños, niñas y adolescentes y por la estigmatización de las y los jóvenes. A lo anterior hay que agregar que la legislación actual no ampara la impunidad de los y las adolescentes, como falsamente se señala, sino que impone penas de restricción de la libertad a quienes incumplen con la ley. Quien, por el contrario, no cumple con las leyes es el propio Estado porque no aplica las normas vigentes de protección y promoción de derechos de niños, niñas y adolescentes y porque no destina el prepuesto adecuado para dar satisfacción a las necesidades de ese sector de la población en materia de educación, de salud, en general, de calidad de vida. Antes que aumentar la capacidad sancionatoria, el Estado tiene que asumir las responsabilidades propias sin “mirar para el costado”.

Desde un punto más pragmático también puede argumentarse que aumentar con niños, niñas y adolescentes la población carcelaria empeora el escenario presupuestario y, por supuesto, distrae fondos que deberían dedicarse a la educación y la rehabilitación de los y las jóvenes en conflicto con la ley. Una nueva muestra de desatino.

Esto dicho sin dejar de considerar que, la medida que se impulsa es una manera reiterada que tienen los adultos de descargar las cargas sobre las y los jóvenes, sin asumir que es la sociedad adulta la verdaderamente responsable de la situación de violencia e inseguridad, incluida aquella en que viven inmersos adolescentes y jóvenes, en definitiva víctimas del sistema. ¿Quién podría, por otra parte, afirmar que una medida aislada de carácter punitivo puede dar por sí sola solución a un problema que forma parte de una problemática social, económica, cultural y política compleja?

¿Y el sistema de medios de comunicación? ¿Se hacen cargo (nos hacemos cargo) los medios y los periodistas de la estigmatización, de la victimización y del escarnio al que se somete a niños, niñas y adolescentes a través de un tratamiento periodístico no solo sensacionalista sino perverso de las situaciones en las que participan los jóvenes? Muchos de los que reclaman desde los medios la baja de edad de imputabilidad son los mismos que, sin hacerse cargo de responsabilidad alguna, construyen a diario titulares que promueven las consecuencias que critican y lamentan.

El único camino posible y sensato para mejorar la situación de niños, niñas y adolescentes y evitar que se refugien en el delito es desarrollar, en ajuste con la ley vigente y los tratados internacionales, políticas públicas que contribuyan a generar condiciones de vida de calidad para los y las jóvenes, libres de violencia, de exclusión y de injusticias. Todo lo demás será cinismo en el relato y retroceso en la práctica.