“No puede ser, debés estar equivocada. Si yo no entiendo nada de política. Ni siquiera sé donde hay un local del PRO”. Cintia Melgarejo les discutía a sus dos cuñadas cuando la llamaron para decirle que habían visto su nombre en una lista de aportantes a la campaña legislativa de Cambiemos del año pasado, que llevaba como candidatos a Esteban Bullrich y Graciela Ocaña.  A ella le parecía un disparate. Pero cuando fue a cotejar lo que le decían, encontró su número de documento, y un supuesto aporte de 1500 pesos para dos candidatos bonaerenses hecho el 21 de septiembre de 2017. Los datos personales eran los suyos. La fecha --remarcó-- una demostración de que los habían usado sin preguntarle y contra su voluntad. Porque Cintia, de 36 años, pelo rubio platinado y piel lisita, vende flores en Avellaneda con su marido, Claudio, para poder llegar a fin de mes ya que el plan social que recibe no le alcanza, y el día de la primavera es el de más venta del año. Arrancan a las 6 de la mañana, y no paran hasta vender todo. “Mirá si justo ese día me voy a estar ocupando de ir a poner plata para una campaña política de un partido que ni siquiera iba a votar”, le dice a Página/12. En la planilla vio otros nombres que conocía de su barrio, Villa Iapi, en Quilmes, y se contactó con ellos. Lo mismo se repitió en otros barrios bonaerense donde decenas y decenas de vecinos que figuran otorgando aportes de entre 300 y 2000 pesos o más a la campaña se empezaron a contactar entre sí. Uno de los factores comunes entre la mayoría es que perciben planes sociales (Ellas Hacen y Argentina Trabaja, hoy unificados en Hacemos Futuro).  Son pobres. Y además de aparecer como pequeños donantes  los afiliaron al partido gobernante sin siquiera avisarles. Así lo constató un grupo de vecinos de Villa Itatí que el viernes estuvo en la Cámara Electoral, de donde pudieron llevarse un papel que constata su estatus de afiliado/a (involuntario/a) al PRO y algunas sugerencias para iniciar una demanda.

Las listas donde encontraron sus nombres y números de documento hasta ahora cerca de 500 habitantes de la provincia de Buenos Aires fue revelada por el periodista Juan Amorín en El Destape. Tomó como punto de partida la rendición de aportes a la campaña 2017 de la alianza Cambiemos en territorio bonaerense ante la Cámara Nacional Electoral y al cruzar los nombres de donantes de montos bajos encontró que eran titulares de planes sociales e integrantes de cooperativas, algunos de muchos años. La única explicación que dieron desde esa fuerza política ante las consultas de los medios, fue que se trataba de afiliados al partido gobernante. La sorpresa fue que muchos de ellos y ellas –si no todos/as—nunca gestionaron esa afiliación. Es decir, sus identidades fueron utilizadas para figurar como aportantes truchos pero, además, como afiliados truchos para inflar listas y padrones. Por los planes sociales , que regula el Ministerio de Desarrollo Social, perciben alrededor de 4500 pesos por mes, a lo que suelen agregar alguna changa. Algunos figuran con donaciones de la mitad de ese ingreso, lo que hace todo más insólito.

“Peor que subestimarnos”

“¿Sabés como me siento? Como si me hubieran bajado los pantalones sin que yo quiera. No elegí estar en esa lista. Al comienzo pensé que estábamos allí porque nos subestiman. Después entendí que es mucho peor, que ni siquiera parece que fuéramos personas.  Una de las cosas que más bronca me da es que nadie nos dé una explicación, se quedan callados. No sé cómo explicar lo que me pasa, la estoy pasando mal”, le cuenta Noemí Viera a este diario. Tiene 30 años y 5 hijos, de entre 6 y 13 años. Nació, creció y vive en Villa Itatí, en Quilmes. Con su familión hoy colma una casa que en realidad es un rejunte de habitaciones precarias, una al lado de la otra, que con su marido empezaron a alquilar de a una  hasta que terminaron acordando una compra con el dueño, que vive al lado, con quien comparten el patio y se convirtió en un  abuelo de los niños. En un mismo terreno en este barrio suelen vivir tres o cuatro familias. Noemí terminó la secundaria con el Plan Fines en 2015 y el plan Ellas Hacen –que comenzó a percibir por tener más de tres hijos (también se les asigna a las víctimas de violencia de género y madres con hijos con alguna discapacidad)-- le allanó el camino a la universidad, algo que de chica jamás había imaginado. En sus orígenes este plan social estaba pensado para generar trabajo y cooperativas y fomentar el estudio, que es un requisito para recibirlo.  Noemí hoy cursa en la Universidad de Lanús una licenciatura en Justicia y Derechos Humanos. Va a las clases por la tarde. Estudia de noche en su casa hasta la madrugada. Les da el desayuno a los chicos a las 6.30 y el papá los lleva a la escuela. Ahí se va a dormir y se despierta al mediodía para recibirlos y estar unas horas con ellos. Su marido trabaja en negro. “Desde que nos conocimos fue pintor, albañil, vendió tortillas, cortó el pasto, hubo momento en que sólo teníamos la asignación y el programa, pero acá se come todos los días”, dice.

En cuanto supo que su nombre estaba en la lista de aportantes a Cambiemos  y como afiliada, Noemí mandó un correo electrónico a la Cámara Electoral. “Quería ver a qué partido estaba afiliada, porque yo nunca me afilié a nada, y quería saber qué hacer. No me contestaron. Lo que menos me imaginé era que podía ser del PRO. Pero era”, relata Noemí. Lo constató el viernes cuando fue a la Cámara Electoral personalmente: figura como parte de esa fuerza desde el año 2010, y aportando a la campaña del año pasado 1950 pesos. Le da vergüenza, explica, porque ella viene de una organización social que no es afín al partido de Mauricio Macri.  En el tribunal le dijeron que para impulsar una demanda, era conveniente que postergara la desafiliación.  

Luis Omar Jaime, de 52 años,  también fue hasta el tribunal electoral y constató su afiliación al PRO. “Jamás me afilié ni doné nada. Ni siquiera los voté. Los únicos papeles que firmé fueron los de la inscripción al plan Argentina Trabaja, que tengo desde hace doce años, y que gestioné porque no tenía trabajo estable”,  le explica a Página/12. Jaime, como lo llaman sus vecinas ya que el apellido parece un nombre, vive en villa Itatí desde hace 47 años, cuando llegó desde Tucumán con su familia. Nunca pudo terminar la escuela primaria, porque trabajó desde chico. Primero, a los 12 años, con su hermano mayor armaba los puestos de lona de la feria del barrio. Después empezó a “hombrear bolsas”, trabajo que hizo durante años. Con el plan social comenzó a integrar una cooperativa y le tocan tareas como barrer las calles, pintar, cortar el pasto, arreglar salas de salud. Para complementar sus ingresos y poder alimentar a dos hijos propios y uno de su pareja, entre las 7 y las 10 de la mañana es repartidor de pan, y con eso se garantiza 200 pesos por día.

Cuando se enteró que su vecino Jaime le habían usado el nombre de ese modo, Débora Tovani pensó: “Qué feo que te pase eso”. A las pocas horas se enteraba de que ella estaba en la misma situación, y poco después, que a su hermana Viviana –que sólo cobra Asignación Universal por Hijo-- le había pasado lo mismo. Todos en las listas de Cambiemos, de prepo, sin haber dicho ni ofrecido nada jamás. Según los papeles falsos, Débora aportó 2.200 pesos a las campañas de Ocaña y Bullrich. “Fui a la Cámara electoral porque sentí que habían violado mi identidad. En realidad, directamente me sentí violada. Cómo puede ser que tengan todos mis datos y los usen como si nada. Ya me crucé con mucha gente que está en la misma situación. Pero como casi todos están en las cooperativas, tienen miedo de hacer un reclamo porque suponen que les van a querer sacar el plan. Siempre te amenazan con quitártelo con alguna excusa”, se lamenta al hablar con este diario.  Débora, de 34 años, figura como afiliada al PRO desde 2006 y sus aportes a la campaña están asentados el día del cumpleaños de dos de sus tres hijos, el 9 de agosto. “¿A quién se le ocurre que voy a ir a poner ese día plata, que además, necesito, para un partido político al que nunca me acerqué ni voté?”, se enfurece. Hasta comienzos de este año Débora vendía rosquitas y pan, que preparaba en la cocina de su casa, que está llena de parches montados con maderas para lograr ambientes diferenciados.  “Este año –aclara-- la gente ya no compra, nadie tiene plata.  Sólo nos quedan las changas que hace mi marido como albañil”.

“Quiero ir a declarar”

El hallazgo periodístico sobre el uso de identidades que estarían destinados a abultar afiliaciones partidarias y justificar aportes económicos de origen desconocido a Cambiemos, originó la apertura de dos expedientes judiciales. Uno es, en rigor, una investigación preliminar que abrió de oficio el fiscal con competencia electoral Jorge Di Lello, ya que podría haber irregularidades en el financiamiento de la campaña del año pasado y, por ende, en la rendición de los gastos. De todos modos, también se sospecha que pudo haber falsificación de firmas y documentos y usurpación de identidades, entre otros posibles delitos. Di Lello ordenó medidas iniciales, básicas,  como constatar que las personas que aparecen en las listas sean reales, en qué condiciones viven –lo que se pudo apreciar hasta ahora es que viven en la pobreza—y si la Cámara Electoral los registra, efectivamente, como afiliados, y a qué partido. Algunos de los damnificados, al no saber por dónde empezar un reclamo, primero fueron a locales de Cambiemos, donde rebotaron y los mandaron a la Cámara Electoral. Hay otra causa más en trámite, que la inició la fundación La Alameda, que plantea una maniobra de lavado de dinero, ya que parte de la plata de aportes de campaña, como quedó a la vista, no era de las personas a las que les fue atribuida, que a duras penas pueden pagar comida para su casa. Este expediente lo está analizando el fiscal Carlos Stornelli, que debe opinar si se hay motivos para abrir una investigación penal ante el juez Sebastián Casanello. Todavía Stornelli no tomó posición. Una especulación en Comdoro Py es que todas las causas vayan a parar a la provincia de Buenos Aires, porque allí se podrían haber originado los delitos e incumplimientos. Aún ese desenlace está en veremos. 

“No quisiera que todo esto quede en la nada, sin que se sepa la verdad, quién nos puso ahí, por qué”, se anticipa Natalia Quiroga, de 41 años y siete hijos,  uno de ellos fallecido, y que además vive con dos nietas. Accedió al plan Ellas Hacen después de denunciar violencia de género, un drama que –aclara—sigue padeciendo, aunque su ex pareja tiene una restricción de acercamiento. Con algunas de sus hijas sale dos o tres veces por semana a vender rosquitas en la calle. “Con eso sacamos unos 600 pesos cada vez, pero a mí me duelen los huesos porque tengo artritis reumatoidea”, dice. En su casa son nueve personas y se apiñan como pueden. Una parte es una construcción a medias, sin terminar. El resto de los días cursa la secundaria. Está preparando una prueba de informática. Hace una pausa en el estudio para hablar con Página/12. “El último dato que tuve es que aparezco afiliada al PRO. Me quedé sorprendida, porque nunca los voté”, dice.

Paula Benapres, de 38 años, vive en una zona rural a 45 minutos del centro de Florencio Varela. Como había estado sin luz, desconectada, sin radio ni televisión, no entendía de qué le hablaba su cuñado cuando la llamó exaltado diciéndole: “¡Estás en la lista!”. Pronto comprendió que no era nada bueno. Paula, su marido y sus hijos de 6,7, 14 y 16 años están instalados en un campo que cuidan, donde tienen su propia huerta para autoconsumo. Cuando las verduras no son variadas ni suficientes tratan de intercambiar con otros vecinos. A través del plan Argentina Trabaja ella integra una cooperativa desde hace ocho años en la que  en la que se ocupa de la organización de cursos (como apicultura y música) aunque en los últimos tiempos colabora en la construcción de un edificio para un Centro de Formación. Hasta hace cuatro años su pareja trabajaba en un restaurant en Palermo. Cuando lo despidieron, empezó a probar sacando su parrilla a la calle al anochecer, convirtiéndola en una “parrilla al paso”.  “Con eso complementamos los ingresos del plan y las asignaciones”, detalla Paula. Cuando ya no tienen plata ni para el colectivo, lleva a los hijos a la escuela en bicicleta. “Hasta hace un tiempo manteníamos un autito, pero hace un año quedó ahí tirado porque ya no lo podemos arreglar más”, cuenta. Por todo esto a Paula le pareció insólito verse en una planilla donde aparece aportando 2400 pesos para Bullrich y Ocaña, además de figurar afiliada.

“Nunca milité en política.  Mi militancia es criar a mis hijos lo mejor que puedo, ayudar a mis vecinas y vecinos, trabajar; con mi familia armamos una copa de leche para los pibes del barrio. Mi mamá se ocupa de eso todos los días, junto con un movimiento cultural que hace murales. Se llama ‘Los gurises de Guadalupe’ y generamos actividades también para que los pibes no estén en una esquina. Esta es mi vida”, pinta Paula. “Nunca me afilié a Cambiemos ni puse plata para esta ni ninguna campaña. Quiero ir a declarar y que se encuentre la verdad. Todos los que estamos perjudicados por esto tenemos que hacer algo. Agarraron nuestros datos, como si fuésemos nada. Quiero saber quién firmó por mí, quién hizo todo esto. No voy a parar hasta que esto se sepa en todas partes”.