Mientras por un lado se intenta achicar al Estado provincial, el macrismo presiona al gobernador para romper el cerco antiminero establecido después del plebiscito realizado en la ciudad de Esquel en 2003 y que se transformó en una ley que prohíbe la minería a cielo abierto y el uso de cianuro en el territorio chubutense. Los vecinos autoconvocados por el No a la Mina y los movimientos sociales provinciales son una de las principales trabas para darle rienda suelta a la voracidad del extractivismo minero; hasta la actualidad consiguieron contener la embestida prominera del macrismo y sus referentes locales, pero se los quiere quebrar con una nueva ley provincial –impulsada por el FpV-PJ– que habilite la minería en la zona central de Chubut y excluya a la cordillera esquelense. El mismísimo ex ministro de Energía y Minería Juan José Aranguren desembarcó en la Meseta Central chubutense a mediados de febrero para exponer las bondades de la minería y forzar la explotación del enorme yacimiento de plata que quiere poner en funcionamiento la compañía Pan American Silver. Parte de ese avance prominero también involucra la extracción de uranio chubutense para abastecer a las centrales nucleares y también exportarlo. En esa misma sintonía, la Secretaría de Coordinación de Política Minera de la Nación, que conduce Daniel Meilán, ofreció –pese a estar prohibido por la Ley 5001 (hoy Ley XVII Nº68)– la explotación del yacimiento de oro denominado Suyai, en la cordillera chubutense, que pertenece a la reciclada compañía Minas Argentinas, perteneciente a la canadiense Yamana Gold.