El proyecto de legalización del aborto comenzó su camino en el Senado en una sala abarrotada con asesores e impulsores del proyecto, que siguieron de pie las intervenciones de legisladoras y legisladores de las comisiones de Salud, Justicia y Asuntos penales, y Asuntos constitucionales. Con la conducción de Mario Fiad, presidente de Salud, acompañado por el presidente de la comisión de Justicia, Pedro Guastavino, y Asuntos constitucionales, Dalmacio Mera, el plenario ratificó el calendario previsto por labor parlamentaria (1º de agosto el dictamen, 8 de agosto el debate en recinto) y sumó una tensión que no existió durante el tratamiento en plenario de Diputados: la voluntad, planteada por representantes más cercanos a los sectores antiderechos, de que el plenario procure reunirse algunas veces “en el interior profundo” para escuchar expositores. Senadoras y senadores que acompañan el proyecto, por su parte, señalaron que muchos de los más de 700 expositores que pasaron por el plenario de Diputados habían viajado desde distintas provincias, como lo harán también algunos de la lista de alrededor de 60 invitados propuestos para las audiencias próximas. La decisión final recayó en las presidencias de comisiones, que darán a conocer los últimos detalles de la organización en la próxima reunión, que será el martes a las 14.

Según quedó establecido, desde ahora y hasta el 1º de agosto, cuando se espera que al menos un dictamen reúna las firmas para llegar al recinto el 8 de agosto, según la fecha convenida en labor parlamentaria, se tratarán el proyecto de legalización sancionado el 14 de junio en Diputados y otros tres, alternativos, presentados por Federico Pinedo, Miriam Boyadjian y Guillermo Pereyra, que procuran correr el eje del debate y, en algún caso, abrir la puerta a derogar la normativa vigente que admite el aborto no punible con causales.

La inclusión de esos otros tres proyectos, que fueron ingresados y girados a comisiones en vísperas de que la iniciativa de legalización llegara al recinto de Diputados (algunos de esos trámites parlamentarios tuvieron lugar el mismo día en que comenzó aquella sesión) motivó, también, algunos intercambios tensos durante la brevísima reunión, que llevó algo menos de una hora, mientras en la sala de al lado se llevaba adelante la reunión bicameral con el ministro de Hacienda y Finanzas, Nicolás Dujovne.

“El eje del debate es la media sanción que votó la Cámara de Diputados. Después habrá otras iniciativas de senadores, pero la cabecera del debate es la media sanción. Es una cuestión reglamentaria. Hay un proyecto y hay iniciativas individuales. Muy bien. Se tendrán a la vista, pero la cabecera es la media sanción”, señaló el rionegrino Miguel Angel Pichetto. La referencia era doble: por un lado, a los proyectos de Federico Pinedo, Miriam Boyadjian y Manuel Pereyra, presentados como “alternativas” a la consideración de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE); por otro, a una intervención previa, de su par Laura Rodríguez Machado. La cordobesa había señalado que en Diputados “el debate ha sido más general que puntual”, por lo que pidió que las exposiciones de oradoras y oradores invitados “en lo posible tengan vinculación con lo que está en consideración”.

Las reuniones serán martes por la tarde y miércoles por la mañana, a partir del 10 de julio. Hasta este jueves, senadoras y senadores pueden proponer más oradores para sumar a la lista tentativa, que actualmente suma algo menos de 60 nombres (ver aparte).

El proyecto de legalización que llegó a la Cámara alta establece que las mujeres y personas gestantes podrán acceder a IVE hasta la semana 14 de gestación; en los casos de embarazo producto de violación o riesgo para la salud o la vida de la gestante y en casos de fetos incompatibles con la vida extrauterina, no hay plazo para la IVE. La práctica deberá realizarse sin necesidad de autorizaciones judiciales ni requisitos, en el plazo máximo de cinco días desde que fue solicitada. La objeción de conciencia será reconocida exclusivamente a profesionales de la salud (que deben manifestarla previamente, en un registro), pero no a instituciones, y de todos modos no podrá impedir la práctica “en caso de que la vida o la salud de la mujer o persona gestante esté en peligro y requiera atención médica inmediata o postergable”. El proyecto también establece que las mujeres que se realizan una IVE a partir de la semana 15 de gestación reciban penas de entre 3 meses y un año de prisión, pero, a la vez, advierte que “el juez podrá disponer que la pena se deje en suspenso en atención a los motivos que impulsaron a la mujer o persona gestante a cometer el delito y su actitud posterior”, entre otras causales.