Tras el pedido de detención internacional del ex presidente de Ecuador Rafael Correa, el ex mandatario, quien actualmente reside en Bélgica, denunció que la causa que lo vincula con el intento de secuestro del exlegislador Fernando Balda, ocurrido en Colombia en la noche del 13 de agosto de 2012, se trata de “una “farsa que no durará mucho tiempo”.
De hecho, Correa, quien debía haberse presentado ante la Justicia de su país, lo hizo en el Consulado de Ecuador en Bruselas, pero la jueza del caso, Daniela Camacho, aceptó la petición del Fiscal General, Paúl Pérez, y ordenó el arresto preventivo del exmandatario por no cumplir la orden de comparecencia.
El abogado de Correa, Caupolicán Ochoa, que había pedido comparecer en Bruselas, lamentó la decisión y recordó que no existía una "petición estricta del fiscal" del Estado con respecto a la prisión preventiva, porque el fiscal Pérez aún no ha asumido sus funciones oficialmente.
"Hemos visto un escenario donde se han violado todas las garantías de carácter institucional", insistió Ochoa al advertir que apelarán la decisión de Camacho.
Mientras el expresidente aseguró que no existen esas pruebas y denuncia que es objeto de una persecución política y mediática, el exdiputado opositor Fernando Balda lo acusa de haber ordenado su secuestro durante su estada en Bogotá en 2012.
De acuerdo con la denuncia, cinco personas subieron a Balda a la fuerza a un automóvil, aunque la policía colombiana interceptó el vehículo y frustró el secuestro.
Por el caso ya están detenidos tres agentes de Inteligencia y un excomandante de la Policía, mientras está pendiente otra orden de detención contra el exjefe de la Secretaría Nacional de Inteligencia, que está en España y cuya extradición fue pedida por Ecuador.
El lunes Correa decidió presentarse en el consulado ecuatoriano en Bruselas, donde vive desde que dejó el poder en mayo de 2017 tras una década de gobierno. El exmandatario consideró que su conducta está amparada por convenciones internacionales y por las propias leyes ecuatorianas, que protegen los derechos de los ecuatorianos residentes en el exterior.
