La provincia de Buenos Aires vive una situación inédita en cuanto a participación política de la mujer. A partir de la sanción de la ley de paridad electoral para cargos legislativos electivos (14.848), muchísimas mujeres tuvimos la oportunidad de ingresar a los concejos deliberantes en los ciento treinta y cinco distritos.

Un estudio de la Cippec que se conoció la semana pasada lo demuestra con contundencia: el 40% de los concejos deliberantes de la Provincia está conformado por mujeres, nivel que se ubicaba en 33% antes de la primera implementación de esa ley en las elecciones de octubre de 2017.

No es casual que con esta amplia participación de la mujer empiece a germinar una suerte de “gen de la violencia” en algunos personajes de la política, hombres, que en la mayoría de los casos –hay que decirlo- forman parte de las filas de Cambiemos.

Ante una presencia femenina que no era habitual y que de algún modo parecería “desacomodar” la tradicional dinámica de espacios de debate, observamos ahora que en los distintos concejos deliberantes los hombres adoptan comportamientos, modos y actitudes que encuadran en la lamentable figura de violencia política.

Ahora, ¿qué es la violencia política? Un estudio de ELA –Equipo Latinoamericano de Justicia y Género- publicado en abril de este año lo explica muy claramente a partir del tristemente célebre “caso argentino”. Algunos datos: ¿Han divulgado información sobre usted basada en su género y no en su actividad política con el objeto de menoscabar su imagen pública? 63% de las mujeres encuestadas en 13 de las 24 provincias respondieron que Sí. Y ¿la han insultado, menospreciado o humillado en el ejercicio de sus funciones políticas? Sí, dijo el 75%.

Parecen datos de un tiempo arcaico, pero como decía, son de abril pasado. Con todo, el 97% afirmó que existe discriminación contra las mujeres en el ámbito político; al 59% le impidieron que asista a reuniones importantes y/o en las que se toman decisiones; y al 50% le restringieron el uso de la palabra en reuniones o sesiones. 

En hechos concretos y más allá de porcentajes, ese informe describe la situación de mujeres que hacen política y que fueron violentadas de diferentes maneras. E incluso, aunque cueste creerlo, contiene infinidad de casos de mujeres que fueron criticadas en el ámbito de desempeño político por la ropa o el vestuario que eligieron para las sesiones.     

Nuestro país cuenta con la ley de violencia de género (26.485) y dentro de esta norma está enmarcada la violencia psicológica, la violencia laboral y distintos tipos de violencia, muchos de los cuales se sufren por supuesto en el ámbito de la política. Si bien no existe una ley específica, existe sí un proyecto de la legisladora Nancy González que propone incorporar la violencia política contra las mujeres a esa ley nacional.

En vista de la histórica reconfiguración del mapa político bonaerense, resulta ahora decisivo avanzar en la clasificación de la violencia política para que cada vez seamos más las mujeres en política. Por eso no debemos permitir en modo alguno el avance de este fenómeno violento en los distintos ámbitos institucionales en los que trabajamos todos los días.

Esto último lo remarco especialmente porque fui víctima de violencia de género en el Concejo Deliberante de La Plata, por parte del concejal y presidente del cuerpo Fernando Ponce, que desde una postura autoritaria, machista, misógina, comenzó a atacarme por mi condición de mujer.  

En este contexto no parece casual que en muchísimos concejos deliberantes de la provincia de Buenos Aires comiencen a multiplicarse los casos de violencia. Advirtiendo que cuanto mayor sea la participación de la mujer en política mayor será entonces la resistencia, es hora, y es ahora, el momento de poner en caja a los violentos.

Ahora es decisivo marcar cada caso, señalar rigurosamente cada incumplimiento, y avanzar muy fuerte en la creación de una ley de violencia política que ponga blanco sobre negro a estas situaciones a las que quizás muchas mujeres se han acostumbrado pero que de ningún modo se deben permitir. Recién sobre esas bases se podrá construir un escenario sólido y de mayor igualdad en materia de participación política de las mujeres.

Desde luego que ese desafío no es exclusivo de los concejos deliberantes. Porque tampoco es casualidad que en estos tiempos violentos estemos bajo la presidencia de Mauricio Macri, que calificó a la ex presidenta de la Nación de “loca”. La respuesta de Cristina Fernández de Kirchner sintetizó el fenómeno que nos preocupa: en el ADN de Cambiemos está muy marcado el gen del Machirulo; el Machirulo mayor y los machirulitos que ahora comienzan a germinar en diferentes espacios de poder.

Resulta fundamental dar un mensaje claro y marcar que no estamos dispuestas a tolerar este nivel de violencia que emerge absurdo, furioso y cobarde desde el poder de Cambiemos. Emerge en una mirada que tiene a la mujer como una cosa, con indagar en cuestiones personales, en el ámbito privado de las personas y en muchos casos hasta con ligar nuestro desempeño a “es la esposa de”, “es amiga de”, “es la hija de” o “conocida de Mengano”, pero nunca de Mangana.

Por eso en este tiempo de machirulos y machirulitos atrincherados en el último rincón de Machirulandia, es sano, bueno y necesario reflexionar y encuadrar a la violencia política en la Argentina.

* Concejala de La Plata por Unidad Ciudadana. Querellante en una causa penal contra el presidente del Concejo Deliberante local, Fernando Ponce, por injurias y maltrato en el marco de la ley de violencia contra la mujer que tramita en el Juzgado Correccional 3 de La Plata, a cargo de la jueza Graciela Buscarini.