Dos días después de que fuera liberado el policía que disparó y mató al niño Facundo Ferreira, el Poder Judicial de Tucumán ordenó también la liberación del otro agente implicado en el caso, Nicolás Gonzáles Montes de Oca, quien durante la noche del operativo había actuado bajo los efectos del consumo de cocaína y de marihuana. La decisión fue tomada por el juez subrogante Víctor Manuel Rougés, quien reemplazó a su par Facundo Maggio. A pesar de ser el juez de instrucción de la causa, Maggio no resolvió la situación del imputado porque había concluido su horario de trabajo.

La decisión de Rougés fue en el mismo sentido que la resolución exprés del martes pasado, cuando una hora después de haber recibido el pedido de detención de la fiscal Adriana Gianonni y sin conocer en profundidad el expediente el mismo Rougés denegó el pedido de detención del policía Mauro Díaz Cáceres, de cuya arma salió la bala que dio en la nuca del niño de 12 años. Montes de Oca había declarado ayer ante la fiscal, quien en vez de dictar la aprehensión durante 24 horas y elevar el pedido de detención esta mañana, en el horario de trabajo de Maggio, lo hizo luego de las 13 cuando el magistrado ya no se encontraba en tribunales. “No lo hizo así y el resultado fue la libertad a última hora de ayer. El segundo imputado tampoco durmió detenido”, criticó en diálogo con PáginaI12 Emilio Guagnini, miembro de la Asociación de Abogados del Noroeste por los Derechos Humanos (Andhes), que patrocina a la familia Ferreira.

Ese fue el motivo por el cual el planteo recayó en Rougés, quien finalmente tomó la misma decisión que con el otro policía. Más allá de que los peritajes determinaron que la bala por la que murió Facundo no salió del arma de Montes de Oca, su situación no es menos complicada. No solo disparó también contra los niños que iban en moto sino que, además, un estudio determinó que en la noche del operativo actuó luego de haber consumido cocaína y marihuana. Así lo determinaron los análisis de su sangre, según consta en el expediente.

Él y Díaz Cáceres son los agentes de la Motorizada 911 que en la madrugada del 8 de marzo iniciaron una persecución contra Facundo y su amigo Juan, quienes volvían en moto de una picada que se corría en el Parque 9 de Julio. Ambos niños fueron baleados con postas de goma que los hirieron en la espalda y Facundo, que iba atrás, recibió el disparo de plomo en la nuca.

La versión policial, la del gobierno tucumano y la del gobierno nacional fue la del “enfrentamiento” a tiros entre los policías y los niños. Sin embargo, eso no fue determinado por los peritajes. La defensa acérrima es tal que el Ministerio de Seguridad tucumano le puso el abogado a Díaz Cáceres. Y esto va en sintonía con la postura de la ministra Patricia Bullrich, quien al referirse al caso insistió con que hubo un tiroteo y avaló el gatillo fácil de la Policía tucumana con la siguiente frase: “Disparar o no por la espalda depende de la situación, es un detalle.”

Los policías pudieron ser pasados a disponibilidad durante la investigación o tal vez detenidos en ese mismo momento hasta que se aclarase el caso. Ninguna de las dos cosas ocurrió. La fiscal Gianonni los citó a declarar como imputados recién cuatro meses después, cuando tuvo en sus manos los resultados de los peritajes.

Esos estudios indicaron que Facundo no había disparado el arma calibre 22 que se encontró en la escena del crimen, y precisó cuáles fueron las armas policiales de las que salieron los disparos. Los abogados de Andhes apelaron la decisión de Rougés sobre Díaz Cáceres y ahora también lo harán con la de Montes de Oca.

El próximo paso quedó en manos de la Cámara, que podría tomarse un mes o más para decidir. Mientras tanto, los dos uniformados que protagonizaron ese hecho –que conmocionó a la opinión pública y que fue uno de los casos testigo por los cuales la Comisión Sobre los Derechos de la Infancia de Naciones Unidas (ONU) cuestionó la política de seguridad del Estado argentino– pueden seguir en funciones.