Con 203 votos, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la ley Brisa, que establece una reparación económica mensual, equivalente a una jubilación mínima, para hijas e hijos de víctimas de femicidios en todo el país. La ley, que venía con media sanción del Senado, fue aprobada con algunas objeciones por parte de los legisladores, que sostuvieron que esos reparos pueden ser corregidos con la adecuada reglamentación de la norma. En ese sentido, la diputada Silvia Martínez (UCR) señaló que la ley “habla de violencia intrafamiliar, que es muy amplia y obedece a un paradigma anterior”, pero que esa discrepancia, entre otras que marcó, no podían hacer que la ley volviera al Senado y las víctimas tuvieran que seguir esperando una respuesta por parte del Estado. Y avisó que había un “acuerdo expreso” transversal a los bloques para que esas cuestiones se resuelvan a través de la reglamentación de la ley.

La ley Brisa crea un régimen de reparación económica para niñas, niños y adolescentes, que hayan perdido a alguno de sus progenitores por violencia intrafamiliar o de género, una reparación económica que será equivalente a una jubilación mínima, que ronda los 8.000 pesos y que comienza a regir desde el momento del procesamiento del victimario. Está destinado a personas menores de 21 años o con discapacidad, y es retroactivo al momento de la comisión del crimen. El espíritu con que fue pensada la ley, impulsada, entre otras organizaciones, por la asociación civil la Casa del Encuentro, apuntaba a reparar a las víctimas colaterales de femicidios, pero ese visión no quedó completamente plasmada en el texto que, ante la urgencia para su aprobación y para evitar que la ley se caiga, fue aprobada con el acuerdo de las bancadas para que las objeciones fueran corregidas con la reglamentación. Otro de los temas que se deberá resolver al reglamentar la ley es la retroactividad de la reparación, que, según sostuvieron algunos legisladores, podrían dar lugar a reclamos de las víctimas colaterales que hayan cumplido los 21 años antes de la sanción de la ley.

La ley llegó al recinto bajo la orden de tratamiento 27-S-17 de ley en revisión Régimen de Reparación Económica para las Niñas, Niños y Adolescentes de Violencia Intrafamiliar y o de género, que había sido girada a las comisiones de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia; Presupuesto y Hacienda.

El martes pasado, la Comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, le dio dictamen favorable, con disidencia parcial, luego de que el proyecto recibiera una serie de objeciones de parte de las integrantes de la Comisión.

En ese momento, y como lo reiteró ayer en su exposición, la presidenta de la comisión, Alejandra Martínez sostuvo que a pesar de los reparos “la intención es avanzar, ya que es un imperativo que podamos tener la ley”, quien destacó el trabajo transversal de todos los bloques. En el mismo sentido, la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (INAM), Fabiana Tuñez, quien asistió al encuentro, remarcó que “es indispensable que el Estado repare parte de la vida de estas víctimas colaterales”.

Ayer, la ley que lleva el nombre de la hija menor de Daiana Barrionuevo, una joven asesinada por su ex pareja, Iván Adalberto Rodríguez, en 2014, volvió a poner en el centro del debate la violencia de género, que ha dejado en los últimos años a más de 3.000 niñas y niños huérfanos. Según un informe de la Casa del Encuentro, desde 2009 en Argentina hubo 2384 femicidios y femicidios vinculados de mujeres y niñas, mientras que 2919 hijas e hijos –el 63 por ciento de los cuales eran menores de edad– quedaron sin madre.

La diputada Martínez remarcó al comenzar su exposición en la Cámara que “es una oportunidad histórica para avanzar y dar una respuesta institucional para las víctimas que exponen el rostro más extremo de la violencia de género que se cobra la vida de una mujer cada 30 horas” y remarcó, como lo hizo cada una de las legisladoras que tomaron la palabra, que además de esas mujeres asesinadas por sus maridos o parejas dejan cientos de víctimas, que son los niños y niñas, que necesitan una respuesta del Estado.

Martínez también apuntó contra el concepto de violencia que aplicó el Senado al sancionar la ley, y sostuvo que “se habla de víctimas de violencia intrafamiliar, que muy amplia y obedece a un paradigma anterior”, y remarcó que el nuevo paradigma “tiene que ver con lo que propone la Cedaw (Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer) que reconoce que en el hogar hay relaciones de subordinación relacionadas con el patriarcado”.

En tanto la diputada Cristina Álvarez Rodríguez (FpV) afirmó que “estamos legislando para una niña que tuvo una tragedia enorme, pero que refleja el drama de muchos niños y niñas atravesados por el femicidio”. “Como no queremos ni una menos, creemos en el poder de las niñas que actuó en esta Cámara: el de una niña que esperaba un órgano que no llegó a recibir pero quiso hacer una campaña; y un caso como el de Brisa, que sin comprender la totalidad del problema nos ayuda a entender a los adultos los cambios que tenemos que dar como sociedad”, agregó.

Pese a algunas de las críticas sostenidas en el debate, los integrantes de los diferentes bloques confluyeron en la necesidad de aprobar la ley para que el estado empiece a hacerse cargo de las consecuencias que genera la violencia contra las mujeres, para que todos los casos como el de Brisa, que tiene 5 años y vive con sus tíos en Moreno con sus hermanos mellizos y sus primos, tengan respuesta.