Los movimientos sociales se fueron con gusto a poco de la reunión que mantuvieron ayer con la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley. La funcionaria les anunció un aumento del salario social complementario de 500 pesos en agosto y el incremento –en una cantidad a discutir– de las partidas alimentarias para los comedores populares. En cambio, descartó otorgar el bono que –a la manera de un aguinaldo social– estaba en estudio para paliar la disparada de los precios. Las organizaciones que participaron de la reunión se retiraron del edificio con fuertes críticas. 

El Frente Popular Darío Santillán y el de Organizaciones en Lucha (FOL) anunciaron una jornada de ollas populares frente a los supermercados para el 12 de julio, aunque las protestas quedaron supeditadas a las negociaciones que continuarán mañana y pasado por el envío de alimentos a los barrios. 

En la audiencia participaron las organizaciones del llamado triunvirato de San Cayetano (la CTEP, Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa) y dos representantes de la iglesia católica. Son actores que han construido canales de negociación con el Gobierno, a través la llamada mesa de diálogo social. En esta oportunidad se sumaron, además, otras agrupaciones que, junto con los Cayetanos, hicieron en junio la marcha federal “Por pan y trabajo”. Este sector, de movimientos más chicos y con menos llegada al Estado, es el que mostró una reacción más desesperada y anunció las ollas populares.

Desde el Ministerio de Desarrollo Social le bajaron el tono al conflicto y aseguraron que la charla no fue tensa. “La ministra y las segundas líneas del ministerio charlan permanentemente y han mantenido reuniones de trabajo y diálogo con las organizaciones. Vamos a avanzar en refuerzo alimentario, y a evaluar un aumento de los programas sociales que no se actualizan desde diciembre”, señalaron al ser consultados sobre el punto. 

Aún sin definir medidas de fuerza inmediatas, los Cayetanos coincidieron en que la propuesta fue insuficiente. “Lo que ofrecen es una aspirina para un enfermo terminal”, definió Daniel Menéndez, coordinador de Barrios de Pie.

El dirigente valoró que se mantengan abiertas instancias de diálogo institucionales “cuando estamos al borde, en una situación muy complicada”. Pero remarcó que el gobierno nacional “está respondiendo a un cuadro grave con muy poco”.

“Lo único concreto que vemos es una intención de aumentar gradualmente los programas de empleo para llevarlos de los 4750 pesos actuales a 5 mil en julio, 5500 en agosto y, tal vez, a 6 mil en diciembre. Se necesita mucho más: un aumento de la Asignación Universal por Hijo, declarar la emergencia alimentaria, sancionar los proyectos de ley propuestos para que un porcentaje de la obra pública sea destinado a las cooperativas de trabajo”. 

Los proyectos son cinco y fueron ingresados al Congreso durante la Marcha Federal por Pan y Trabajo: Emergencia alimentaria (para disponer de mayores fondos para los comedores y merenderos), Urbanización de barrios populares e Infraestructura social (buscan generar trabajo real, en el mejoramiento de los barrios, para las cooperativas de trabajo), Agricultura familiar y Ley de adicciones (destinada a que los jóvenes accedan a prevención y tratamientos).

Sobre este punto, el ministerio propuso crear una comisión de trabajo. “Para nosotros es un modo de seguir dilatando las respuestas, de decir que están ocupándose cuando no lo hacen. No son proyectos nuevos, los conocen, una comisión de trabajo no es una respuesta concreta”, señaló Marianella Navarro, del FOL.

Mañana y pasado, dirigentes de los movimientos tendrán encuentros con las segundas líneas del ministerio para determinar los envíos de alimentos a los comedores populares.