7 de cada 10 trabajadoras sexuales fueron víctimas de violencia en 2017. Unas 9 de cada 10 identificaron a sus agresores: policías, integrantes de fuerzas armadas, agentes de migración y funcionarios de Justicia. Es decir que en la mayoría de los casos se trató de violencia institucional, detalla un informe de la RedTraSex presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2017, durante la Primera audiencia sobre los derechos de las trabajadoras sexuales en América. Tomando este informe como base, la diputada provincial Lucía Portos  presentó un proyecto que promueve la derogación del artículo 68 del Código de Faltas de la Provincia de Buenos Aires, que rige desde 1973 y además deja abierta la posible detención y multa a personas del colectivo lgbtiq, violando normativas nacionales. “Este artículo criminaliza y persigue a las trabajadoras sexuales e identidades diversas, y representa un peligro para los derechos humanos, pues le da poder discrecional a los agentes policiales –fundamenta–, lo que incrementa situaciones de grave violencia institucional contra la población y atenta contra el derecho de todas las personas a transitar por el espacio público de la provincia.”