La líder social colombiana, Ana María Cortés, fue acribillada a balazos el miércoles. Su homicidio se suma al de al menos 178 líderes sociales asesinados en Colombia desde que se firmó, en 2016, el acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC. La situación de violencia, que se ha recrudecido los últimos días, fue calificada como una crisis humanitaria por el programa de defensa de los líderes de derechos humanos Somos Defensores.
Cortés era una reconocida dirigente de Antioquia, quien se había desempeñado como coordinadora de la campaña del ex candidato presidencial izquierdista Gustavo Petro, quien el pasado 17 de junio perdió en la segunda vuelta de las elecciones ante el derechista Iván Duque.
El asesinato de Cortés fue denunciado por Colombia Humana, el movimiento político que impulsó la candidatura de Petro, que aseguró que las amenazas contra ella empezaron desde antes de la primera vuelta electoral de mayo.
“El tema de las agresiones contra personas que se dedican a defender los derechos humanos en Colombia ya está en otro nivel y el nivel en que está es una crisis humanitaria”, aseguró el coordinador de Somos Defensores, Carlos Guevara y agregó que la situación de violencia contra los defensores de derechos humanos y líderes sociales en Colombia había llegado al nivel de crisis humanitaria. Guevara explicó que usaba esta calificación porque había actores en distintos territorios que, dijo, estaban intentando acabar con la vida de todos y cada uno de los líderes sin que haya una respuesta estatal para disminuir el número de homicidios. De hecho, en los últimos días ha aumentado la violencia contra los referentes sociales con el asesinato de cuatro de ellos en diferentes regiones del país.
El activista llamó la atención sobre el silencio del gobierno, en especial después de las elecciones legislativas de marzo pasado y la segunda vuelta de las presidenciales del 17 de junio, en la que fue elegido Iván Duque, del uribista Centro Democrático (derecha). “Parece que las instituciones se silenciaron después de las elecciones y están viendo desde la barrera cómo están asesinado a estos líderes sociales y defensores de derechos humanos”, añadió Guevara. Asimismo, el miembro de Somos Defensores lamentó que la situación no hubiese hecho parte de la reciente campaña electoral y reclamó acciones del gobierno. “No tenemos respuesta estatal, hay una situación de violencia masiva, no puedo decir que es generalizada, ni que es sistemática, porque no tenemos en este momento cómo evidenciarla pero sí es masiva.” En su opinión, esta ola de violencia es un asunto que llama la atención de la comunidad internacional y uno de los que tendrá que encarar el electo presidente Duque. “Este es el principal problema que afronta el nuevo Gobierno tan pronto llegue a la Casa de Nariño”, el próximo 7 de agosto, concluyó Guevara.
Al respecto, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, condenó ayer la reciente ola de asesinatos de líderes sociales, ordenó al ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, ponerse al frente de la situación y convocó a una comisión para reforzar la seguridad. “Más allá de la discusión de si existe o no sistematicidad (en los asesinatos), lo que tenemos que ser es lo suficientemente eficaces en la protección, y ahí es donde aún no lo estamos siendo, y eso nos preocupa de sobremanera”, dijo a la cadena de radio RCN el ministro del Interior, Guillermo Rivera.
