La Rioja encabeza el ranking de provincias con tasa más alta de embarazo no intencional en la adolescencia: casi ocho de cada 10 chicas menores de 20 años que se convierten en madres cada año, declararon que no buscaron ni desearon ese embarazo, según las estadísticas oficiales del Sistema Informativo Perinatal. Es decir, apenas el 20 por ciento dice en el post parto que sí, que planificó tener ese bebé. Esta es una de las muestras del fracaso de las políticas públicas de prevención de los embarazos no intencionales en la provincia, donde el 16,8 por ciento de los nacimientos corresponden a madres adolescentes o niñas. 

Como en otras provincias del norte argentino, en La Rioja “la educación sexual integral no llega a las escuelas; se mantiene el enfoque biológico y son pocas las instituciones en las que el contenido desde una perspectiva integral se encuentra incorporado en las propuestas curriculares de las diferentes materias. Lo habitual es que se haga solo una jornada al año. Y se observa en docentes, directivos y familias, mitos y prejuicios referidos a la sexualidad, que impiden mayor compromiso a la hora de abordar el tema”, cuenta a PáginaI12 la abogada Marianella Flores Díaz, integrante de la Guardia Feminista de Abogadas de Católicas por el Derecho a Decidir, quien realizó un relevamiento en distintas escuelas. Recién hace un mes y medio, dentro del Plan Nacional para la Prevención del Embarazo No Intencional, empezaron a implementarse algunas actividades. A pesar de que la provincia adhirió hace ya diez años, en 2008, al Programa Nacional de Educación Sexual Integral.

“De los 24 Centros de salud que hay en capital solo el 40 por ciento respeta la autonomía progresiva del adolescente para acceder a consejería sexual y reproductiva, mientras que el 60 por ciento restante, exige la compañía y autorización de sus madres o padres”, advirtió la periodista Antonella Sánchez Maltese. 

En cuatro centros de salud, conocidos como San Pío, directamente no se entregan anticonceptivos: esa fue la condición que impuso el Obispado de la capital riojana cuando donó los terrenos para su construcción por parte de una ONG. Es decir, en esos centros de salud no se cumple con la Ley de salud sexual y procreación responsable, a pesar de que el personal que atiende es pagado por el estado provincial, advirtió Flores Díaz. 

Recién el año pasado se hizo el primer aborto no punible en un hospital público y la mujer, Gisela, de condición humilde, tuvo que recurrir a un programa radial televisado para suplicar que le practiquen la interrupción legal de embarazo, después de que el diagnosticaran múltiples malformaciones fetales, incompatibles con la vida. La médica legista del Hospital de la Madre y el Niño intervino en el mismo programa, a través de una comunicación telefónica, y dijo que se requería de una autorización judicial, desconociendo que no es necesaria y pedirla es ilegal. En ese mismo hospital, trabajaba el anestesiólogo Facundo Segovia Barcena que anunció por Facebook que si se aprueba la Ley de IVE en su guardia haría legrados sin anestesia. Las autoridades sanitarias de la provincia, anunciaron que lo desafectaban de su cargo, pero según fuentes del Ministerio de Salud Pública, todavía no habría sido trasladado. En ese mismo hospital, el miércoles dieron “permiso oficial” a los empleados para participar de la marcha de los grupos antiderechos “Salvemos las dos vidas”, que se realizó por la mañana en el centro riojano.

Las internaciones por complicaciones de abortos no son excepcionales. “En nuestra provincia se encuentran registrados en el año 2005, 1336 egresos hospitalarios por aborto. En razón de esa cifra se estima que hay unos 9085 abortos clandestinos en el año”, señaló Flores Díaz.   

Pero queriendo negar la realidad, la Legislatura declaró al municipio de la capital como “Pro vida”, por 13 votos a 1, para expresar su rechazo a la ley de despenalización y legalización del aborto. Desde la Campaña, contestaron entregando más de 2000 firmas a favor de la reforma legal, que ya está discutiendo el Senado.