El Poder Ejecutivo puso al frente de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC, ex Renar) –encargada de controlar las armas de fuego, el mercado y la proliferación– a Eugenio Cozzi, un usuario de armas, tirador experto y crítico de las políticas de desarme que constituyen uno los principales programas que, al menos hasta ahora, caracterizaban a este organismo. La designación fue repudiada por la Red Argentina para el Desarme, que integran organizaciones civiles que son parte del Consejo Consultivo para el control de Armas de Fuego, y que reclaman ser convocadas a una discusión sobre los objetivos esta dependencia, que ven totalmente desvirtuados, entre otras razones porque no se aplican las disposiciones de la ley que la creó en 2015. Desde el Ministerio de Justicia, de donde surgió la elección del nombre de Cozzi, dijeron a PáginaI12 que no encuentran ninguna incompatibilidad, problema o contradicción en poner a cargo de un área que tiene entre sus metas lograr la entrega de voluntaria de armas a alguien que considera que esa política es “una ingenuidad total” y que exalta su utilización como parte de un “derecho a defenderse”. Aseguran la política de desarme continuará.

Cozzi era hasta ahora director del Registro Nacional de Sociedades, otra dependencia del ministerio de Justicia. Es abogado y la cartera de que dirige Germán Garavano lo presenta como especialista en “Derecho de Alta Tecnología”, como ex presidente del Colegio Público de Abogados de Capital Federa –donde estuvo alineado con la agrupación Gente de Derecho, de Jorge Rizzo, de la que se distanció– y es integrante del consejo de la Magistratura porteño. Está casado Karina Perilli, jueza del tribunal oral federal que hoy juzga el encubrimiento e irregularidades en la investigación del atentado a la AMIA. Desde la red de desarme, recuerdan que Cozzi fue también titular de Alutara, que es la asociación que representa en el país a los “legítimos usuarios y tenedores de armas de fuego”, como en Estados Unidos la National Rifle Association (NRA). Ha sido hombre de consulta en programas de televisión que buscan que alguien hable y defienda el uso de armas por parte de cualquier hijo de vecino. En ese contexto es que se desde hace años viene ofreciendo definiciones tales como: “El plan de desarme es de una ingenuidad total. Pretende desarmar a la sociedad civil”; “el principio elemental de nuestro derecho es que quien quiere tener armas las puede tener”; “Estoy convencido, por eso soy legítimo usuario; puedo defenderme de otros, de otro, o de algún grupo que eventualmente se alce”. También se quejó sobre el “cúmulo de reglamentaciones (sobre control de armas) que se han establecido en nombre de un supuesto orden social que ha fracasado”.

La ANMaC es la agencia que reemplazó en 2015 por ley (votada por unanimidad) al Renar. Este último funcionaba como un registro de armamento, no de control, que se financiaba con la venta de formularios de armas de fuego. O sea, dependía –por ejemplo– para el pago de sueldos, de multiplicar la venta, con consecuente laxitud en el acceso a las armas. La sola idea de achicar el mercado de armamento iba contra esa esencia del organismo. La administración de los recursos del ex Renar, además, estaba en manos privadas (una sociedad de cotos y armeros). El plan de desarme había comenzado en 2007 y en los primeros tiempos fue muy exitoso. Obtuvo un reconocimiento de Naciones Unidas. Se llama Programa de Entrega voluntaria de armas de fuego, y quienes entregan su arma reciben una compensación económica. La finalidad es concientizar sobre los riesgos del uso de armas y evitar que se multipliquen en la sociedad civil. Como surge dentro de una ley de emergencia, se debe renovar cada dos años, lo que se dilató en 2016 y el programa estuvo más de un año sin aplicarse. Lo cierto es que las  bases del Renar iban a contramano de una política de control, de achicamiento del mercado, y de la detección de mercados ilegales como forma de prevención. El sentido de creación de la nueva agencia era dar cauce a esas políticas y lograr reducir la proliferación de armas en un país donde mueren ocho personas por día por el uso de armas de fuego. Entre otras cosas, la ponía bajo la esfera del Estado.

“El problema es que el gobierno actual no ha implementado la ley. El organismo sigue financiado con la venta de armas porque no tiene partida presupuestaria propia y tiene un convenio por el cual lo administra otro privado, la Asociación de Concesionarios de Automotores (Acara), bajo la figura de ente cooperador. Esta característica ha impedido, por ejemplo que la Auditoría General pueda controlar esta órgano, porque esto lo hace permanecer fuera del Estado”, explica Aldana Romano, directora del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) e integrante de la Red de Desarme (que componen también lsed, la Asociación para Políticas Públicas, la Asociación Alfredo Marcenac, Fundacion Lebensohn, entre otros.  “La fabricación de armas suele ser legal, es costosa, y el problema el desvío hacia mercados ilegales. Por eso el control sobre el mercado legal es el punto de partida, pero hoy hay descontrol sobre ese mercado. Nosotros cuestionamos la designación de Cozzi en ese contexto: es legítimo usuario, que dice que es bueno y deseable tener armas de fuego y está contra el desarme que le parece ingenuo y por ende, a favor de la proliferación, pero además ve la reglamentación de ANMaC como trabas”, insiste Romano.

Desde el ministerio de Justicia, ante la consulta de este diario, los voceros insistieron en que están convencidos de la designación, que “no cambiará la política de desarme” más allá de la opinión personal de quien estará a cargo y que entienden que Cozzi –quien viene a reemplazar a una funcionaria desplazada, Natalia Gambaro– simplemente sostiene que estar armado “es un derecho constitucional” para “defenderse”.