Un grupo de intendentes del peronismo se reunió ayer con el secretario general de Obras Sanitarias, José Luis Lingeri, para expresarle su preocupación por la situación de los trabajadores de Aysa y la continuidad de las obras en la provincia de Buenos Aires. El trasfondo es el rechazo de los jefes comunales al proyecto motorizado por el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, para que la Nación le traspase a la Provincia y a la Ciudad de Buenos Aires las empresas de servicios como forma de reducir el déficit fiscal nacional. En esto –casi únicamente en esto–, los intendentes del peronismo están en la misma vereda que la gobernadora María Eugenia Vidal. Con la posibilidad ahora latente de recuperar la Provincia en las elecciones del año que viene, la preocupación de los caciques comunales es que no se paralicen las obras ni que la economía provincial vuelva al quebranto del que parecía que saldría después de la actualización del Fondo del Conurbano.

“Estamos tratando de buscar una solución conjunta. Queremos que se sigan ejecutando las obras”, explicó Lingeri a este diario. Para eso, reveló, mantienen diálogos tanto con Vidal como con el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, otro de los afectados por la iniciativa. Ayer fueron diez intendentes quienes se encontraron con Lingeri entre los que estuvieron el vicepresidente del PJ Bonaerense, Fernando Gray (Esteban Echeverría), Martín Insaurralde (Lomas de Zamora), Gabriel Katopodis (San Martín), Leo Nardini (Malvinas Argentinas), Juan Zabaleta (Hurlingham), Alberto Descalzo (Ituzaingó) y Mariano Cascallares (Almirante Brown).

“Es necesario defender a Aysa y asegurar la continuidad de las obras de agua y cloacas en los distritos, para poder seguir mejorando la calidad de vida de los vecinos”, fue el mensaje que subieron luego a las redes sociales. 

El proyecto de Schiaretti incluye también las distribuidoras energéticas Edenor y Edesur y los subsidios al transporte. Pero eso no es nada comparando con la provincialización de Aysa dado que el traspaso incluye obras de alto costo como el tendido cloacal, estaciones de bombeo y plantas de tratamiento. De un presupuesto de unos 15 mil millones de pesos anuales, las dos terceras partes corresponden a obras. Los intendentes entienden que esa mochila se convertiría en una hipoteca a futuro en caso de que, como sueñan, el peronismo retorne al poder el año que viene. 

Es que a la cuenta de Aysa habría que agregarle en el próximo balance los intereses de la deuda que la Provincia tomó en los últimos tiempos. En 2019 la tesorería bonaerense tiene que hacer frente a otros 80 mil millones de pesos en ese concepto.

Si bien Vidal se vio beneficiada por la actualización del Fondo del Conurbano por el que recibirá 40 mil millones de pesos extra este año y 65 mil millones el próximo, los intendentes recuerdan que el distrito es el gran perjudicado en la coparticipación federal dado que recibe la mitad de lo que aporta. “La verdadera discusión que tiene que dar la gobernadora es por la copartipación”, enfatizó Fernando Gray. 

Lo curioso es que los jefes comunales están en pie de guerra contra un proyecto que promueve un gobernador peronista, aunque hay quienes ven detrás de la iniciativa la mano del ministro del Interior, Rogelio Frigerio. Ante la presión oficial para que las provincias ajusten sus cuentas tal como se acordó con el FMI, los gobernadores opositores contratacaron con el proyecto de provincializar servicios y subsidios, de manera de equiparar los tantos con los dos principales distritos que gobierna el macrismo. Pero no tuvieron en cuenta antes de presentar la iniciativa consultar a los intendentes del peronismo para conocer su opinión. Un par de jefes comunales se comunicaron en los últimos días con Schiaretti para hacerle conocer su parecer, pero el gobernador se mantuvo en su posición.