Por la Noche de las Corbatas, por el Día del Abogado Víctima del Terrorismo de Estado y porque el 6 de julio, fecha en que comenzó un proceso de secuestros, asesinatos y desapariciones de profesionales del derecho en Mar del Plata se tomó también como el Día del Abogado Laboralista. De ahí que desde el Instituto de Derecho Laboral del Colegio de Abogados, la Asociación de Abogados Laboralistas y el Centro de Derechos Humanos Juan Carlos Gardella de la Facultad de Derecho, prepararon una jornada, en el salón de actos del Colegio, durante la cual los laboralistas se pensaron a sí mismos y a su rol en el marco del actual momento económico y social de retracción de derechos para el conjunto de los trabajadores a quienes asesoran y acompañan en las organizaciones sindicales, en especial en los momentos de conflictos.

Con la invocación de la memoria, la verdad y la justicia se inauguró un espacio en homenaje a los profesionales detenidos‑desaparecidos y asesinados por la dictadura militar en Rosario. En la placa figuran los nombres de Concepción de Grandis, Juan Máximo Ferrarons, Eduardo Héctor Garat, Felipe Manuel Rodríguez Araya, César Raúl Tabares y Luis Lescano.

En tres paneles sucesivos expusieron profesionales de las tres organizaciones convocantes. Comenzó el presidente del Instituto de Derecho Laboral Sebastián Serrano Alou y lo siguió el titular de la Asociación de Abogados Laboralistas de Rosario, Jorge Elizondo. Después intervinieron Marta Felperín (AALR y CEIDH), Guillermo Gianibelli (abogado de Metrodelegados) y Matilde Bruera (CEIDH, ex defensora oficial federal), María Bellucia (presidenta del Colegio de Abogados y delegada del Ministerio de Trabajo de Santa Fe), Héctor Brizuela (Sindicato Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos) y Marco Pozzi (Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros).

Aquel temible proceso que tuvo un antecedente en Neuquén con el secuestro de dos abogados y que continuó en Mar del Plata en la llamada Noche de las Corbatas --entre el 6 y el 13 de julio de 1977-‑ tuvo como resultado once personas más (seis abogados y sus familiares), secuestradas y desaparecidas. Sólo uno de ellos fue encontrado asesinado, Norberto Centeno, quien fue el principal redactor de la Ley de Contrato de Trabajo.

"Cuando uno recuerda esa situación de violencia y observa algunas cosas preocupantes que suceden en la actualidad, es importante encender las luces de alerta para que no sigan avanzando", dijo Serrano Alou que a la vez marcó la preocupación no sólo por "la crisis económica y social, con la destrucción de puestos de trabajo, sino por la construcción que se hizo desde el gobierno para desvalorizar, perseguir y estigmatizar a los trabajadores, a los que se calificó como vagos, ñoquis o grasa militante y de esa forma se pretendió justificar los despidos desde el Estado que, a la vez, fueron un aliciente para acciones similares en el ámbito privado".

Las acciones para estigmatizar a las víctimas de los hechos injustos o violentos que comenzó en las estructuras del Estado, "se dio también en Cresta Roja y se puede ver ahora en el conflicto que aparece en el centro de la escena nacional, el de Télam. Así se va repitiendo: medidas que generan un cambio económico, reacción social y represión", describió el presidente del Instituto de Derecho Laboral. Para señalar la preocupación de los laboralistas, figuras esenciales en la cotidianeidad de la vida de las organizaciones de trabajadores, y más aún en los momentos de conflicto, Serrano Alou dijo que "hace tiempo que desde el gobierno se extendió esa estigmatización desde los trabajadores hacia los abogados. Se trata de generar en la sociedad la idea de que los abogados laboralistas somos todos delincuentes y se continúa con la industria del juicio y tantas cosas más. Que otra vez se trate de cargar el peso sobre quienes sufren el ajuste y sobre quienes son sus representantes, nos preocupa mucho. La resistencia de los trabajadores es una de las únicas oposiciones con las que se encuentra este ajuste terrible que aplica el gobierno y que se incrementará con el acuerdo con el Fondo Monetario. Por otra parte, esta resistencia necesita en alguna medida de los abogados que asesoren en cuanto al marco jurídico, más aún en situaciones de tensión o conflicto. Tenemos que advertir que por el camino por el que se va, donde ya hay mucha violencia verbal y en algunos casos física, podemos llegar a situaciones que se vieron en el pasado, para nada buenas".

Jorge Elizondo de la AALR analizó que "más allá de que se apruebe o no el proyecto de reforma laboral que pretende el gobierno, la reforma se está haciendo en los hechos". Lo dijo al analizar el caso Carrefour y el proceso de crisis que se instrumentó "cuando todos sabemos que Carrefour no está en crisis, con sus 19.000 empleados y sus 500 sucursales, pero obtuvo beneficios". En esa misma línea de análisis estimó que se pretende una desocupación de dos dígitos, como mínimo, que redundará en mejores condiciones empresariales para negociar a la baja; la tercerización sin límites, es decir la fragmentación del colectivo laboral; el quiebre de la negociación colectiva, para que surjan convenios que retrasen la situación existente; la deslocalización de los establecimientos y el aumento de los ritmos de trabajo. Para Elizondo se pretende destruir al sindicato "al perseguir a dirigentes e intervenir organizaciones de una forma que nunca se vio en democracia, romper la negociación colectiva y no sólo con techos salariales, sino con la no homologación de esa negociación, que los transforma en contratos de derecho privado".

De todos modos para el presidente de la AALR el objetivo más preciado para el gobierno es la limitación del derecho a huelga. "Por eso los decretos y medidas varias del Ministerio de Trabajo de la Nación y, la represión a cargo del Ministerio de Seguridad, preparan el mejor escenario posible para ese fin. Se trata de limitar al máximo el derecho a huelga, que no signifique ningún daño para el empleador. Y también prohibir la acción de todos aquellos que realizan medidas complementarias de la huelga, como los piquetes".

Los distintos oradores señalaron la gravedad que supone el ingreso de Gendarmería a la planta industrial de La Virginia con el allanamiento del espacio de la comisión interna y la retención de una delegada de base durante tres horas.