La primera ministra británica, Theresa May, emprendió ayer la ardua tarea de unificar a los conservadores en torno a su nuevo plan para el Brexit, que implica crear un área de libre comercio de bienes con la Unión Europea (UE) para cuando el Reino Unido ya no está en el bloque comunitario. May ha escrito a sus diputados para dejar claro que, tras el acuerdo alcanzado por los ministros el viernes en Chequers (sureste inglés), “se ha restaurado la responsabilidad colectiva” dentro del Ejecutivo, lo que significa que espera que nadie se desvíe a partir de ahora de la línea oficial.
El jefe de disciplina del Partido Conservador, Julian Smith, recibió ayer a varios parlamentarios en Downing Street, despacho y residencia oficial en Londres de May, y esta hará una intervención mañana ante el grupo parlamentario “tory” en la Cámara de los Comunes. La jefa del Gobierno necesita el apoyo de su partido, sumido en continuas trifulcas internas, para avanzar en un acuerdo de Brexit (salida británica de la UE) con Bruselas, que luego deberá someter a votación en el Parlamento británico, donde tiene una mayoría frágil tras perder la absoluta en las elecciones de 2017.
El jueves, se espera que el Ejecutivo remita a la Comisión Europea un Libro Blanco con su propuesta para la futura relación bilateral, que incluirá el pacto alcanzado ayer tras una reunión maratoniana del gabinete en la residencia oficial campestre de Chequers. El negociador jefe de la UE, Michel Barnier, ha indicado en la red social Twitter que esperará a ver la iniciativa completa antes de decidir si es “viable y realista”. El plan, que ya ha indignado a los partidarios de un Brexit radical, propone la creación de un área de libre comercio de bienes entre el Reino Unido y la UE al término del periodo de transición de veintiún meses posterior a la salida británica, que se ejecutar? el 29 de marzo de 2019. Ese mercado común solo para bienes –no servicios– implicaría una armonización regulatoria y hasta cierto punto aduanera, la creación de un mecanismo de supervisión diferenciado del Tribunal europeo de justicia y un “marco de movilidad” ciudadana, en lugar de la actual libertad de movimiento.
Varios diputados conservadores euroescépticos han cuestionado ya este plan, mientras que de momento no se ha pronunciado la poderosa minoría de ministros favorables a un Brexit completo, entre ellos el titular de Exteriores, Boris Johnson. El parlamentario Jacob Rees-Mogg, líder del Grupo de investigación europea, que agrupa a “tories” pro Brexit, lamentó que la propuesta consensuada “hará casi imposible” firmar tratados comerciales con terceros países y opinó que “es posible que este acuerdo sea peor que una ausencia de acuerdo”. La diputada Andrea Jenkyns advirtió, por su parte, de que con esta propuesta la empresa británica seguiría “tomando órdenes de la UE”, mientras que su colega Bill Cash consideró que el plan consensuado es “decepcionante” y plantea “muchos problemas”.
El ministro de Transporte Chris Grayling, que votó por el Brexit en el referéndum de 2016, salió en cambio en defensa del pacto alcanzado el viernes. “Lo único que se propone –dijo– es que vendamos los mismos productos a Europa que ya vendemos ahora”. Sin embargo, Grayling admitió que esa posible armonización con la UE podría dificultar un futuro acuerdo comercial con países como Estados Unidos, que tienen diferentes estándares en sus productos.
El embajador estadounidense en Londres, Woody Johnson, ha asegurado que el presidente Donald Trump “pondrá toda su energía” en conseguir un buen acuerdo comercial bilateral con el Reino Unido que podría partir incluso de “tarifas cero”. La directora general de la patronal empresarial Confederación de la Industria Británica (CBI), Carolyn Fairnbairn, estimó que el acuerdo consensuado “es una inyección de confianza”, pero avisó de que “el trabajo duro empieza hora”.
Tanto el Partido Laborista, principal de la oposición, como la ministra principal del Gobierno de Escocia, Nicola Sturgeon, han dudado de que Theresa May pueda mantener la unidad de su formación política y no descartan que el plan pueda ser rechazado por Bruselas.