El juez de San Diego, Dana Sabraw, rechazó el otorgar a la administración de Trump una prórroga de la fecha límite para reunir a los niños inmigrantes separados de sus padres en la frontera con México. En junio el magistrado Sabraw emitió una orden de reunificación en la que estableció que los al menos 2.000 menores debían encontrarse nuevamente con sus padres antes del 26 de julio y a los menores de cinco años el martes 10 de julio, o sea pasado mañana. Ante la exigencia, la administración Trump notificó al juez su imposibilidad para cumplir con el plazo estimado Según el juez, sólo en casos específicos será posible conceder más tiempo.
Las declaraciones del juez son en respuesta al pedido por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos de extender el plazo de treinta días fijado a finales de junio. La administración de Trump dijo que necesitaba más tiempo para reunir a 101 niños menores de cinco años para garantizar la seguridad de éstos y confirmar sus relaciones con los padres.
Sabraw y la administración de Trump, tratarán de determinar durante el fin de semana cuáles casos ameritan una prórroga. “El gobierno debe reunirlos. Debe cumplir con el marco de tiempo a menos que haya una razón articulable” dijo el juez. Sabraw fue enfático al señalar que necesita saber quiénes son los pequeños que están apartados de sus padres para determinar si puede concederle al Gobierno el plazo que pidió para reunir a los niños.”Siempre habrá tensión entre un lanzamiento rápido y un lanzamiento seguro”, dijo Sarah Fabian, abogada del Departamento de Justicia.
La decisión del juez fue notificada un día después que se conociera que están realizando pruebas de ADN para tratar de emparentar a los padres con sus hijos. El viernes, además, Sabraw ordenó al gobierno entregar para ayer por la tarde una lista de los 101 niños a la Unión Americana de Libertades Civiles, quien interpuso una demanda para frenar la separación de las familias en la frontera.
“Es absurdo que hayan separado a un niño de su padre y que no tengan la información completa sobre la familia”, señaló el abogado Lee Gelernt, subdirector del Proyecto de Derechos de Inmigrantes de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés).
“Si las pruebas de ADN no son concluyentes, no podremos confirmar el parentesco del menor antes de la fecha límite”, dijeron los funcionarios de la administración Trump, en un documento entregado a la corte. Además agregaron que necesitarán más tiempo para recolectar muestras de ADN u otra evidencia de padres que han sido liberados de la custodia del gobierno.
“El Gobierno no desea retrasar innecesariamente las reunificaciones ni agobiar a los miembros de la clase. Al mismo tiempo, sin embargo, el Gobierno tiene un gran interés en garantizar que cualquier liberación de un niño de la custodia del gobierno se produzca de una manera que garantice la seguridad de ese niño”, agrega el documento entregado a la Corte.
Más de 2,000 niños fueron separados de sus padres después de que el fiscal general Jeff Sessions anunció en mayo que la política de “tolerancia cero” entraba en vigencia. Este número de niños incluye a los que pueden haber perdido a sus padres durante el viaje, no solo a los que responden a padres detenidos en la frontera. Mientras los padres fueron enjuiciados penalmente, los niños fueron puestos bajo custodia del Departamento de Salud y Servicios Humanos.
Por su parte, Sarah Fabián, abogada del Departamento de Justicia, comunicó que de los más de 100 casos de niños menores de cinco años separados, solo 16 no han podido contactarse con sus familias. Además agregó que, de 86 padres de esos menores, 46 se hallan aún bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), mientras que 19 han sido puestos en libertad durante sus procesos y otros 19 padres han sido deportados a sus países de origen.
Mientras tanto la ACLU interpuso una demanda para detener la división de familias en la frontera entre Estados Unidos y México a fin no continuar con las separaciones de las familias.
Se espera para mañana una conferencia programada por el juez Sabraw, con el fin de que el gobierno y la ACLU puedan llegar a un acuerdo sobre la necesidad de extender el plazo de reunificación en casos excepcionales de las familias separadas en la frontera entre Estados Unidos y México como consecuencia de la política de “tolerancia Cero” del gobierno de Trump.
