Barack Obama no nació en Estados Unidos. Cristina Kircher no es abogada. La vacuna triple viral provoca autismo. Aunque se trate de noticias falsas (o fake news, en inglés) mucha gente cree que son ciertas debido a su circulación en las redes sociales e incluso en medios tradicionales. La proliferación de mentiras presentadas como artículos periodísticos es una preocupación entre periodistas, líderes politicos y dirigentes sociales. La influencia que pueden tener en resultados electorales o en la conducta de las personas hizo sonar alarmas en Estados Unidos y Europa y puso la lupa sobre Google y Facebook, las plataformas por las que más se distribuye este tipo de información. Esas compañías, entonces, trataron de buscar la forma de combatir la difusión de noticias falsas. Pero esto provocó nuevos problemas e interrogantes. ¿Qué es una noticia falsa? ¿Cómo se define que una noticia es falsa? ¿Quién lo define? ¿Cómo se controlan? ¿Quiénes las controlan? ¿Con la excusa de combatir las noticias falsas no se ejerce en realidad un control global de la información?

En la Argentina, Facebook hizo en mayo un convenio con la ONG Chequeado, especialista en periodismo de datos y miembro de Red Internacional de Fact Checking (IFCN). Ambos presentaron esta alianza como parte de los esfuerzos por combatir la desinformación y para que las personas puedan tomar decisiones más informadas sobre las noticias que consumen. Facebook inició este programa de verificación de noticias a nivel global en diciembre de 2016 y actualmente tiene 25 “socios” verificadores en 14 países. En Estados Unidos, también usa inteligencia artificial (machine learning) que se basa en artículos ya auditados. 

La semana pasada, Chequeado concluyó que un artículo del portal Primereando Las Noticias era falso. Eso hizo que cada vez que la publicación se compartía en Facebook fuera acompañada por una advertencia acerca de su “falsedad” y que su circulación se viera reducida. La nota en cuestión señalaba que “el FMI exige liquidar el ANSES y vender las acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad”. El equipo de Chequeado destacó en su nota de verificación que “el acuerdo con el FMI presentado por el Ministerio de Hacienda de la Nación afirma: “Vamos a amortizar activos de los fondos de pensión que se encuentran actualmente en posesión del gobierno como un medio para ayudar a financiar el pago de pensiones, incluyendo aquellos en la Ley de Reparación Histórica”. Y citó la explicación de Noemí Brenta, doctora en Economía de la Universidad de Buenos Aires (UBA) especializada en las relaciones entre la Argentina y el FMI, quien aseguraba que “esos activos a vender son del FGS, pero no van a significar la liquidación de la ANSES sino que se trata de sacarle recursos y así volverla menos operativa”. Chequeado concluyó que “si bien en el memorando oficial el Ministerio de Hacienda de la Nación contempla la venta de activos del FGS, eso no significa que el FMI lo exija y tampoco que la ANSES deje de funcionar”. Luego, caracterizó el artículo como “falso”. Primereando Las Noticias denunció censura, lo que a su vez generó un proyecto de repudio del diputado del Frente para la Victoria Adrían Grana. 

Primereando Las Noticias no fue el único medio en tratar el tema. Distintos periodistas y especialistas (también PáginaI12) alertaron –aunque sin usar el verbo “exigir”– sobre las consecuencias que el acuerdo con el FMI podía tener sobre el Fondo del Anses (el FGS se formó con los recursos obtenidos de la estatización de las AFJP, incluye títulos públicos y acciones de empresas y tiene como objetivo garantizar la sustentabilidad del sistema previsional). Y de hecho, la doctora en Economía elegida como voz autorizada por Chequeado admite que hay una intención de sacarle recursos al organismo y volverlo menos operativo. ¿Alcanza con que el acuerdo del Fondo no “exija” la liquidación del Fondo del Anses para caratular toda la publicación como fake news?  

“Nos sentimos perjudicados por esta acción. Nosotros no inventamos nada. Nosotros analizamos una posible acción, es una interpretación de las consecuencias que puede tener el acuerdo con el FMI. Un invento es decir que Máximo Kirchner tiene una cuenta en el exterior y no la tiene. Nuestro análisis puede ser erróneo, pero es un análisis”, aseguró Néstor Torivio, director de Primereando Las Noticias.

Tanto Facebook como Chequeado sostienen que no hubo censura. Argumentan que el posteo nunca se retiró ni se bloqueó, aunque admiten que la calificación como noticia falsa implica una baja en su circulación. Ante una consulta de este diario, Laura Zommer, directora ejecutiva de Chequeado señaló: “A Facebook el mundo le reclama que haga algo porque su algoritmo privilegia lo que más consume la gente, que muchas veces es contenido basura. Con el convenio que firmaron con nosotros y otras organizaciones están haciendo un piloto en 14 países. Puede haber zonas grises y se puede aprender con el tiempo. Pero en este caso puntual, los autores de la nota afirman que el FMI exige liquidar el Fondo del Anses y eso no es así. Es un hecho contrastable. Si consideran que lo que decimos es erróneo, pueden apelar y hasta ahora no lo hicieron. En la metodología de Chequeado decimos que en la calificación puede haber algunas diferencias, pero lo que chequeamos no es subjetivo sino basado en evidencias disponibles para todo el mundo. Tenemos una metodología que esta validada con fuentes on the record y documentación. Hay mucha gente que consume desinformación y no lee Chequeado ni otros medios informativos y con esta alianza queremos llegar a esa gente, si alguien tiene una mejor propuesta, la escuchamos felices”. El equipo de Chequeado puntualizó también que al concurrir al Congreso, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, aseguró que el acuerdo con el FMI no modificaba el marco legal para el uso del FGS. Pero no se trata aquí de hacer un chequeo del chequeo, porque podríamos estar dando vueltas hasta el infinito, sino de plantear algunas preguntas que puedan contribuir a un debate. 

Zommer señaló que el trabajo que hace Chequeado en colaboración con Facebook “es el mismo que realiza la organización desde 2010, junto con el chequeo de líderes políticos empresarios, sindicalistas y lideres de opinión”. Y que en 2014 sumaron “la sección Falso en las redes, para chequear contenido que se viraliza y muchas veces no tiene autor conocido”.

Pero hay algo que sí se modificó ahora: las consecuencias de sus conclusiones. Lo que hasta mayo se limitaba a ser una calificación o validación que podía ser o no compartida por otros, ahora influye en la forma en que circula una noticia en la más importante red social. 

Para los especialistas en comunicación, el supuesto control de las noticias falsas implica varios desafíos y abre otros tantos interrogantes y cuestionamientos. 

“Respeto el trabajo de Chequeado, me parece bien que explicitan su criterio, pero no son infalibles. El periodismo de datos tiene límites e interpretar medidas de gobierno puede ser uno –señala Santiago Marino, investigador y docente en UNQ, UBA y San Andrés–. De todas formas, me parece que el mayor problema es la privatización del control de lo que circula. Las noticias falsas no son novedosas ni son el resultado de las redes sociales. Pero la expansión fenomenal de los medios en internet incrementa el peligro de privatizar lo que circula. Y los instrumentos que había para establecer límites a ese control, las leyes nacionales, no alcanzan. El peligro es mayor porque el control es privado y la forma como se ejerce (el algoritmo) es desconocida. Chequeado Y Facebook hacen un acuerdo entre privados y me preocupa más la privatización del control que la circulación de noticias falsas”. 

Para Martín Becerra, doctor en Ciencias de la Información, investigador del Conicet y profesor en UBA y UNQ, la proliferación de noticias falsas es un tema delicado pero, en la misma línea de Marino, no cree que la solución sea darle el poder de policía a una empresa privada que decida qué entra y qué no, o cómo entra y dónde. “Es delicado en términos de libertad de expresión. Hay un poder de policía que ejerce Facebook y que tiene como referencia las políticas de la compañía, no leyes de Estados que al menos hayan sido discutidas por Parlamentos”. 

Becerra sostiene que aunque en este caso no se haya levantado la noticia cuestionada, Facebook suele bloquear contenidos. En la compañía sostienen que solo lo hacen cuando las publicaciones violan las reglas de la comunidad, que puede vincularse a discursos de odio o discriminación o a imágenes sexuales o crueles. Pero puede fallar. Hace pocos días, Facebook tuvo que pedir perdón por levantar la publicación de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos porque en una frase se mencionaba a los “despiadados indios salvajes”. 

¿Qué debe hacerse entonces? ¿Se debe permitir la publicación de noticias falsas que pueden influir en la conducta de la gente porque su persecución traería aparejada un posible restricción a la libertad de expresión? “Ante esa pregunta –reflexiona Becerra– diría que es muy difícil definir qué es una noticia falsa. No hay una estabilidad en el concepto de fake news, por lo tanto es muy riesgoso adoptar una regulación. Estaría a favor de regular si todos estuviéramos de acuerdo en que es una fake news, pero no es así, entonces ¿Quién decide? Es un lio y pone en riesgo la libertad de expresión”. Becerra recuerda que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, propuso establecer una legislación para controlar las noticias falsas durante las campañas electorales (aunque en Francia ya se penaliza con multas y hasta un año de prisión la difusión de información falsa) y en el momento de bajar la propuesta a la práctica se encontró con esta misma dificultad. Cuando hizo su anuncio, a principios de este año, el diario Le Monde, publicó un editorial en el que señalaba: “El jefe de Estado quiere ofrecer a la democracia francesa una ley sobre las fake news. ¡Qué tema más bonito! ¿Qué hay más legítimo que querer combatir este fenómeno que, multiplicado por la potencia de Internet, pudre la vida democrática, aniquila la credibilidad de la información y abusa de la credulidad de los espíritus menos informados?”. Pero el diario advertía que legislar para imponer una obligación de transparencia a las plataformas digitales “sobre algo tan complejo y fluctuante” como las nuevas tecnologías y sobre un tema “tan crucial como el de la libertad de prensa” es por esencia peligroso. 

No pretendan respuestas. En definitiva, concluimos con Becerra: “Hay un gran problema, que además involucra grandes intereses y negocios. Pero no hay por el momento una solución”.