![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2016-11/Rulo-Dela-Torre.png?itok=Huq1Ls2f)
La política de apertura a las importaciones del gobierno tiene como pilar discursivo la supuesta “ineficiencia” de la producción nacional frente a los mismos bienes que provienen del extranjero. En los últimos días, hubo dos alusiones de funcionarios del gobierno a sectores de la economía mano de obra intensivos especialmente castigados por la actual política económica, que provocaron reacciones de los respectivos sectores aludidos. Una provino del entramado textil-indumentaria, a propósito de comentarios del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y datos distribuidos por su cartera sobre el “costo” en materia de “pérdida de producción” por el paro del 25 de junio. La segunda reacción fue de los productores porcinos, después de que el Ministerio de Agroindustria -que encabeza Miguel Etchevehere- señalara que la crisis del sector se debía a la “ineficiencia” de sus productores, en un comentario formulado delante del presidente Mauricio Macri en oportunidad del encuentro con los directivos de la Mesa de Enlace. El cruce de opiniones puso sobre la mesa las consecuencias del modelo económico y sus falacias al argumentar a favor de la apertura y responsabilizar a los sectores productivos por los pésimos resultados.
Complejo textil-indumentaria
En los días siguientes al paro nacional contra las políticas de ajuste del 25 de junio, el Ministerio de Hacienda publicó la estimación del impacto económico por sector que supuestamente provocaba un día de inactividad. La pérdida económica total por esa jornada de paro fue valuada en 28.000 millones de pesos. De este total, aproximadamente 5.400 millones correspondieron al sector de la industria manufacturera (cerca del 20 por ciento), “dejando en evidencia que la industria resulta el sector que genera la mayor contribución de valor a la economía nacional”, destacó en un comunicado la Cámara Argentina de la Indumentaria (CIAI) esta semana. Por detrás del sector manufacturero, Hacienda colocó a Administración pública y Defensa (3750 millones), Actividades inmobiliarias (3340 millones), Enseñanza (2930 millones) y Comercio (2875 millones).
“Si tomamos solo el segmento industrial de la cadena textil-indumentaria, este número ascendería a 300 millones de pesos en solo un día hábil y sin tener en cuenta al segmento vinculado al comercio”, señala CIAI. “La industria textil-indumentaria continúa mostrando una posición de peso en el entramando productivo local generando valor agregado, impulsado la creación de empleo y traccionando al conjunto de la economía”, destaca luego.
El entramado textil-indumentaria, junto al de cuero y sus manufacturas, se ha mostrado activo en las últimas semanas, denunciando las consecuencias de una política que produjo retracción del mercado, aumento de costos internos incluso en materia de servicios públicos y una apertura importadora indiscriminada. Según datos de la Fundación ProTejer apuntados por su presidente, Yeal Kim, en una reciente entrevista con PáginaI12, el mercado textil en Argentina asciende a unas 500 mil toneladas en productos de consumo (no sólo prendas de vestir, sino también toallas, sábanas y cortinas). Ese mercado hoy se ha reducido en un 20 por ciento aproximadamente, a 400 mil toneladas. Del mercado original de 500 mil toneladas, la producción nacional proveía unas 280 mil toneladas (56 por ciento). En el mercado reducido actual de 400 mil toneladas, participa con 160 mil (40 por ciento). Es decir, que la industria enfrenta un mercado más chico por retracción, y con menor participación por el avance de la oferta importada. El mercado de consumo se redujo en un 20 por ciento, la producción para el mercado local, en un 40 por ciento.
El ex ministro de Producción, Francisco Cabrera, sostenía que el sector textil estaba incluido en una lista de las áreas manufactureras consideradas “inviables”, es decir, que no tenía sentido sostenerlas y estaban destinadas a ser reemplazada por la importación. Esto expresaba un documento que circulaba muy reservadamente bajo el título Plan Productivo. Aunque su reciente reemplazante, Dante Sica, se cuida de no tener manifestaciones tan tajantes, tampoco definió claramente que ese papel pasó al olvido y que hay otro plan en perspectiva. La política oficial no sólo viene ratificando el rumbo anterior si no que parece ir en sentido de profundizarse en el mismo sentido.
Frente a la acusación de ineficiencia, la industria textil suele enarbolar estadísticas propias que muestran que, sobre el precio final de una prenda de marca, el 50,3 por ciento está constituido por impuestos y tasas contributivas, 12,7 por ciento por alquileres en la etapa de comercialización y otro 12,2 por ciento en costos financieros y comisiones bancarias (informe de ProTejer sobre costos). De movida, el proceso productivo completo (insumos, materias primas, mano de obra) apenas participaría en el 25 por ciento restante del valor de la prenda. “La ropa nacional es más cara que la importada, pero nosotros no tenemos incidencia prácticamente en el costo”, señalan los dirigentes del sector. Incluso, reivindican que en algunos tramos del proceso productivo el sector demostró ser más eficiente que los importados. “Por ejemplo, nadie importa hilado de algodón, ni siquiera en tiempos de dólar barato, porque mejoramos en calidad y precio al importado”, apuntan desde ProTejer.
Sin embargo, por el impacto en tenaza de la caída del mercado interno y la apertura indiscriminada a la importación, cerraron hilanderías en el país entre 2017 y lo que va de 2018 que habían incorporado maquinaria nueva en los años previos, pensando en un horizonte muy diferente al que terminó trazándole al país el gobierno de Cambiemos. Revisando la distribución de costos y cargas de los productos finales, la ineficiencia no parece estar en un sector industrial en capacidad de generar 500 mil puestos de trabajo (entre los que se recuperarían y los nuevos que se crearían) si hubiera una política que contemplara las necesidades para hacer valer su competitividad, aseguran sus dirigentes.
Producción porcina
Macri y el ministro Etchevehere recibieron el martes a los integrantes de la Mesa de Enlace, a quienes le transmitieron la “tranquilidad” de que el actual esquema de retenciones a la exportación se mantiene. Tras ese mensaje, el titular de Federación Agraria, Omar Príncipe, señaló que la preocupación de su sector no era sólo la exportación de granos, sino que hay actividades de la pequeña-mediana producción que estaban fuertemente castigados por la suba de costos (tarifas, combustibles), la caída de la demanda y también por la apertura importadora. Mencionó el caso de los porcinos, que se enfrenta a la absurda competencia de carne de cerdo importada de Estados Unidos. Le respondió Santiago del Solar, jefe de Gabinete del ministerio de Agroindustria, aunque dirigiéndose a Macri: “Lo que pasa, Presidente, es que son sectores que vivían del subsidio con el anterior gobierno, y cuando se los sacamos demostraron su ineficiencia. Si no se reconvierten, es muy posible que no puedan seguir”.
La tajante definición provocó la reacción de la Mesa Nacional de Producción Porcina, en un documento difundido 72 horas después. “Sí, somos eficientes”, es el título con el que responden, “con la intención de informar correctamente a los argentinos de lo que significa el sector porcino nacional”, sigue diciendo en su presentación. Los datos son contundentes, tanto de la realidad del sector como del desconocimiento (o negación) del lado del gobierno: el sector ha crecido desde 2002 hasta 2017 un 411 por ciento, generando desde 2007 un récord de faena año tras año. Desde el año pasado, exportan. Las inversiones totales en los últimos años superan los 1250 millones de dólares. El sector emplea de forma directa más de 38 mil personas. La actividad está distribuida en todo el territorio nacional, favoreciendo el arraigo de los productores. El año pasado la producción alcanzó las 663 mil toneladas, constituye el 14 por ciento del consumo total de carne en el país.
La Mesa Porcina desmiente al gobierno señalando que “en ningún momento solicitamos subsidios ni protección como sector, sólo pedimos reglas claras y justa defensa de la producción nacional”. En tal sentido, denuncian “la competencia desleal de carnes porcinas que ingresa importada con promotores de crecimiento que nos está vedado utilizar y que se comercializa como carne fresca después de viajar e ingresar congelada, única opción en carnes porcinas”. También denuncian un tratamiento impositivo desventajoso con respecto a la importación, “servicios de mala calidad y en alza constante”, “tasas de financiamiento inaccesibles” y la ausencia de “un plan concreto que incluya a los productores pequeños y medianos del sistema”.
La producción porcina no rinde los millones de dólares en exportación que da la soja, pero genera varias veces más puestos de trabajo por millón de pesos facturados. No concentra, sino que distribuye la actividad y los resultados, favoreciendo el arraigo y el desarrollo regional. Para el modelo económico vigente, este tipo de eficiencia no cotiza.
